La revolución bolivariana se ha disfrazado para recibir a Karim Khan, nuevo fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), en su trascendental visita a Venezuela. De su traje tradicional de lobo, esencia natural en la que se encuentra muy cómoda, a una especie de cordero, eso sí magullado por las heridas y cicatrices provocadas por los ataques constantes a los derechos humanos.
Por Daniel Lozano / elmundo.es
Como ya sucediera durante el viaje de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Naciones Unidas, el gobierno ha ordenado que se pinten las instalaciones que albergan a los prisioneros políticos, 256 en la actualidad. Una operación, la de blanqueamiento, que va mucho más allá de la estética.
“El poder lleva varios meses preocupado por lo que pueda pasar con el examen preliminar del fiscal Khan por la investigación de crímenes de lesa humanidad. Buscan mostrar al mundo que en Venezuela sí están dadas las condiciones para juzgar a los culpables de esos crímenes anulando la posibilidad de que el TPI intervenga”, desveló a EL MUNDO Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, la organización que vela por los presos políticos.
Fue la propia Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU la que adelantó que tanto Nicolás Maduro como los generales que le mantienen en el poder “han planificado y ejecutado” desde 2014 crímenes de lesa humanidad, como torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias.
La realidad es así de contundente en Venezuela, con ejemplos a diario. Esta misma semana se cumple un año de la detención del periodista Roland Carreño, acusado falsamente de terrorismo, tráfico de armas y conspiración ilegal, cuya libertad acaba de reclamar una vez más Reporteros Sin Fronteras. A la vez, Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes y principal denunciante de los abusos en el conflicto fronterizo y de la acciones de la guerrilla colombiana resguardada por el chavismo en Venezuela, continúa en el Helicoide, la siniestra sede de la policía política, pese a la reciente excarcelación de su hermano y de otro activista de su organización.
Las evidencias también se acumulan en los tribunales. Durante el juicio de la llamada Operación Gedeón (el fracasado desembarco de militares rebeldes en las costas venezolanas del año pasado), tres testigos de los órganos de inteligencia del Estado acudieron a declarar. Al reconocer a uno de ellos, uno de los acusados se puso de pie y exclamó: “Él es uno de los que me torturó en custodia, era uno de los que me golpeaba”. El resto de los prisioneros se unió a la denuncia en un momento de máxima tensión y emoción.
Los abogados defensores, ante la nueva evidencia, solicitaron actuar al tribunal y a los fiscales. Lo que recibieron fue el amedrentamiento de los agentes policiales presentes en la sala.
“Vemos con preocupación que desde hace meses el poder está tratando de maquillar lo que sucede en el país para dar a entender que sí existen las persecuciones contra las personas que violan los derechos humanos. Se han hecho algunas modificaciones legislativas que no se respetan, también el traslado de presos políticos de un lado a otro sin que haya cesado la presión política. Y también muy pocas condenas contra autores materiales de violaciones muy graves a los derechos humanos. El índice de impunidad sigue siendo muy alto, tampoco se está investigando a los demás involucrados en esos crímenes en los diferentes niveles de la cadena de mando”, destacó Himiob a este periódico.
Las organizaciones civiles han levantado su voz ante la sorpresa que les ha deparado la agenda de Khan, que de momento no tiene previsto contactar ni con ellos ni con las víctimas. “Nos gustaría mostrar al fiscal Khan la verdadera realidad”, remachó el director del Foro Penal.
“Seremos testigos del intento narrativo del gobierno de capitalizar a su favor la visita del fiscal, un hecho inusual para cualquier país. El fiscal no hace viajes diplomáticos o de cortesía, sino que visita naciones donde han ocurrido hechos graves”, advirtió Rafael Uzcátegui, al frente de la ONG Provea.
La llegada de Khan a Caracas es inminente, tras cerrar en Colombia 17 años de investigación previa sobre las violaciones cometidas por los actores armados del conflicto interno colombiano. “Cuántas preguntas, cuántos miedos, cuántas lesiones pueden caberle a la humanidad de una nación que tiene que ser visitada por el TPI. No son sólo las víctimas, este espanto es de todos”, concluyó la activista Susana Raffalli.
