Colombia optará por el mismo rumbo que Argentina y Venezuela, y de ahora en adelante las tarifas de servicios públicos tendrán precios políticos. Las medidas llegan como una respuesta desesperada del Gobierno para contener la creciente inflación.
El presidente socialista Gustavo Petro perdió completamente los estribos y anunció un congelamiento generalizado para todas las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, entre ellos las facturas de electricidad, la distribución de agua potable y alcantarillado, distribución de combustible, telecomunicaciones y las facturas de gas residencial.
Hasta ahora, las empresas proveedoras de servicios se encontraban reguladas como “monopolios naturales”, pero bajo pautas claras, previsibles y criterios técnicos previamente acordados desde el año 1994, que permitían un esquema con reglas de juego estables para la inversión de largo plazo.
Este sistema se implementaba a través de comisiones reguladoras, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. La reforma del presidente Petro anula por completo la autonomía de las comisiones: las tarifas serán directamente prefijadas por el Gobierno, haciendo uso de criterios completamente arbitrarios y políticos.
Formalmente la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC), perderán completamente sus potestades y serán aglutinadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior.
“Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado”, declaró Gustavo Petro en relación a la regulación tarifaria.
El nuevo sistema de fijación de precios será similar al que actualmente opera en Venezuela y Argentina, donde los Gobiernos establecen precios políticos para las tarifas públicas, convirtiéndolas en una herramienta más de la política económica y con un enorme costo en materia de distorsión de precios relativos.
Petro pretende congelar las tarifas de servicios por tiempo indeterminado. El Gobierno quiere usar estos precios como un “ancla nominal” para un plan de estabilización típicamente heterodoxo basado en el controles.
El problema con el uso de anclas nominales de este tipo es que el precio anclado indefectiblemente reducirá su valor en términos reales, desalentando profundamente la inversión en los sectores estratégicos de la economía. Se corre el riesgo de sufrir las mismas consecuencias que Argentina y Venezuela: descapitalización, apagones eléctricos y deterioro sistemático de la calidad de los servicios.
La bolsa de comercio volvió a reaccionar negativamente tras las estrafalarias medidas del Presidente. El índice MSCI Colcap (análogo al Merval argentino) se desplomó un 1,53% en el día viernes, ubicándose en las 1.281,97 unidades.
Por el contrario de las pretensiones del oficialismo, los controles tarifarios generan una presión alcista sobre las expectativas inflacionarias porque se descuenta que si el Gobierno incurre en controles esto se debe a la reticencia para ordenar las finanzas públicas, un hecho que deteriora el poder de acción del Banco Central.
La firma JP Morgan alertó por este mismo hecho, alegando que la reforma tributaria de Petro no busca reducir el déficit fiscal de manera responsable, simplemente se limita a captar más recursos para financiar la expansión del gasto público.
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