La delincuencia hace su agosto durante el Covid y no acata el confinamiento. Así ocurre en Venezuela donde aumentan el crimen organizado y las muertes violentas mientras el régimen de Nicolás Maduro restringe la movilización de los ciudadanos por la pandemia y la escasez de combustible.
Por abc.es / Ludmila Vinogradoff
El informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) contabiliza unas 11.000 muertes violentas registradas en el país en el 2021, siendo la región capital la que ha presentado mayor incidencia (77,9%), seguida del estado Miranda (64,1%), Bolivar (56,8%).
Pero lo más preocupante es el auge del crimen organizado que «ha ganado terreno durante la pandemia y que en muchas entidades federales sustituye a las autoridades oficiales, cuerpos policiales y militares», denuncia Roberto Briceño León.
El director del OVV alerta sobre el crecimiento de organizaciones criminales con el apoyo tácito del Estado venezolano, especialmente en las zonas fronterizas y barrios populares que han sido abandonados por el sistema de protección y seguridad oficial.
Desapariciones y detenciones clandestinas
Los planes de seguridad que ha puesto en marcha el régimen de Maduro son la creación de zonas de paz (OLP) puestas en manos de los delincuentes y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) desde 2015.
Las FAES y otros cuerpos policiales han registrado 6.335 muertes por ajusticiamiento o violencia policial en el 2021. El régimen no ha eliminado estos órganos policiales pese al pedido de Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU.
Otra modalidad del repunte de la Violencia experimentada durante la pandemia son las desapariciones y detenciones clandestinas ocurridas en el 2021.
Se han registrado 1.635 desapariciones. Rafael Uzcátegui, director de la ONG, afirmó: «Hemos recibido denuncias sobre sitios de detención clandestinos».
Durante la pandemia y el sistema de confinamiento de 7 días por 7 días implementado por Maduro fueron detenidos en sitios clandestinos «miembros de organizaciones políticas, doctores y personal sanitario por denunciar la crisis hospitalaria. También periodistas, sindicalistas y trabajadores que exigían mejores condiciones laborales, además de activistas y defensores de los derechos humanos».
En materia de suicidios la OVV aseguró que la tasa aumentó a 4,3% por cada 100.000 habitantes, que es el doble de lo que registró en el 2020.
