Washington ha confirmado que retomará las sanciones energéticas contra la revolución bolivariana ante el evidente incumplimiento de los Acuerdos de Barbados entre gobierno y oposición. «Nada nos va a detener, porque nosotros no somos colonia de nadie. El imperio tratando de hacernos un daño se hace un doble daño a sí mismo», ha clamado Nicolás Maduro tras escuchar al subsecretario de Estado de EEUU, Brian Nichols.
Las primeras consecuencias se han conocido a los pocos minutos: el gobierno venezolano daba por terminado el acuerdo migratorio con Estados Unidos y Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora chavista, ampliaba las ya innumerables amenazas, al asegurar que María Corina Machado, la líder opositora, estaría condenada a la «pena capital» si estuviera presa en EEUU.
El desmantelamiento de la famosa licencia general 44 sobre transacciones petroleras y de gas, decretada en octubre pasado tras comprometerse el chavismo a permitir unas elecciones libres y justas, se realizará de forma paulatina. El límite se ha fijado para el 31 de mayo, fecha tope para que las empresas extranjeras «cierren» todas las operaciones de producción y exportación de energía que se han realizado en estos seis meses.
Eso sí, como parte de la presión para que Maduro permita la postulación de un candidato a la oposición, EEUU se guarda la posibilidad de aprobar licencias determinadas para empresas que ya operan en Venezuela. Desde que se pusiera en marcha la flexibilización del embargo energético en octubre, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha pasado de producir 780.000 barriles al día a 877.000 gracias a la petrolera estadounidense Chevrón, aunque en las últimas semanas registró una nueva caída hasta 840.000. El régimen de Maduro pretendía superar la barrera del millón de barriles por día gracias a los Acuerdos de Barbados.
«Los EEUU cierran la puerta y dejan abierta la ventana. Esto les permite continuar en la negociación política al tiempo que sigue ocupando espacios, o evita abandonarlos, en la mina petrolera más grande del mundo», destaca el analista Ricardo Ríos. Una actualización del ‘palo y zanahoria’ de toda la vida, pero contra un líder depredador empeñado en la caza y captura de opositores y disidentes.
El anuncio de Washington llega 48 horas antes del límite decretado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el cambio de postulaciones presidenciales, manipuladas desde el primer día con la inhabilitación ilegal e inconstitucional de Machado y el bloqueo de la elegida para sustituirla, la filósofa Corina Yoris.
El chavismo pretende cerrar todas las vías para que el candidato opositor sea el controvertido gobernador Manuel Rosales, con una aceptación tan escasa en la opinión pública que Maduro se ve capaz de derrotarlo pese a que el 80% de la población desea un cambio inmediato.
«EEUU, pese a que tenía que dar este paso para no demostrar debilidad ante el chavismo, deja un espacio para la rectificación de Maduro. Pero estamos llegando a la fecha tope sin acuerdo en la Plataforma Unitaria. Hasta ahora Rosales no tiene los votos para ser candidato unitario ni Machado ha logrado un nombre viable para ser inscrito tras (el bloqueo) de Yoris. El tiempo corre en contra de la oposición y el chavismo parece cómodo con el escenario actual. A nivel narrativo las sanciones le sirven para mantener este estrechamiento de la ruta electoral. El reto es hacer viable una candidatura ante la abrumadora disposición a votar de la gente», ha resumido para EL MUNDO el consultor político Luis Peche.
