El régimen de Nicolás Maduro hace maniobras para dilatar el proceso que se sigue contra de su dictadura en la Corte Penal Internacional (CPI). Con reformas judiciales y un goteo de excarcelaciones, el chavismo intenta lavar la cara de un expediente que suma más de 250 presos políticos e incluye severos señalamientos sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Este martes ha ocurrido la muestra más reciente.
FLORANTONIA SINGER // EL PAÍS
Dos de los tres activistas de Fundaredes detenidos en julio, Omar de Dios García y Rafael Tarazona, fueron liberados. Su director Javier Tarazona, sin embargo, sigue detenido.
Desde hace varios años, la ONG ha venido denunciado enérgicamente la presencia de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela en connivencia con el chavismo. Fueron acusados de “terrorismo y traición a la patria”.
Estos movimientos ocurren en la víspera de la visita del fiscal de la CPI, Karin Khan, que en su gira por Latinoamérica pasará por Venezuela a finales de esta semana. Es una visita que ha estado promoviendo el régimen con la intención de dar señales de apertura y de cambios en el sistema de justicia, considerado un brazo represor del Gobierno en el último informe de la Misión Independiente de las Naciones Unidas.
El proceso de Venezuela en La Haya lo iniciaron en 2018 los mandatarios de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
En una solicitud sin precedentes en la corta vida del organismo, los países entonces integrados en el Grupo de Lima hicieron una solicitud formal de apertura de una investigación, de la que luego Argentina se apartó con el regreso del kirchnerismo al poder. A este expediente se han sumado las denuncias de la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, que ha pedido asilo político en España, y de las organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas.
La anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, consideró que había evidencias razonables para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El dictamen lo dio luego de una visita del fiscal impuesto por Maduro, Tarek William Saab, en la que el chavismo intentó mostrar esfuerzos por mejorar el sistema de justicia en el país.
La decisión de la apertura de la investigación se espera desde julio, cuando asumió el nuevo fiscal de la Corte, que ahora ha decidido hacer una visita al país para tomar la decisión no sin dar un último voto de confianza.
“Estoy convencido de que el estrechamiento de las relaciones y la cooperación con los Estados parte mejorará el funcionamiento del régimen del Estatuto de Roma en consonancia con el principio de complementariedad. La comunicación es esencial para explicar el mandato de la Fiscalía y de la CPI y fomentar la confianza de las partes interesadas. Aguardo con interés la oportunidad de escuchar y de aprender de este mi primer viaje a la región como Fiscal de la CPI”, dijo Khan en un comunicado.
El régimen de Maduro intentará convencerlo de que no hay motivos para abrir una investigación. Las ONG y víctimas abogarán porque se den pasos para sancionar al dictador.
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