El régimen venezolano salió reprobado durante el último proceso de “evaluación mutua” del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), un organismo intergubernamental compuesto por representaciones de 24 estados, que establece las pautas para el combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y al mercado de armas de destrucción masiva.
El informe correspondiente fue presentado en marzo de este año, precisamente cuando el régimen daba a conocer los primeros resultados de una operación supuestamente orientada contra el principal grupo de lavado de dinero del país, luego llamada Caiga quien caiga.
El Gafic dictaminó que el cumplimiento a las 40 recomendaciones formuladas durante procesos de evaluación previos ha sido bajo o nulo. Detectó, por ejemplo, que la cooperación interinstitucional en las pesquisas sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo “no es ágil ni eficaz, por cuanto no existe un contacto directo entre diferentes autoridades, sino que el Ministerio Público media las comunicaciones de todos los actores”.
También reveló que las confiscaciones de activos carecen de una estrategia, y que no existen evidencias sobre algún esfuerzo para recuperar los recursos venezolanos confiscados en el extranjero, a propósito de las múltiples pesquisas sobre legitimación de capitales que involucran a personas o entidades venezolanas. Desde luego, por razones netamente diplomáticas, el Gafic omitió que la mayoría de estas averiguaciones en otras jurisdicciones involucra a operadores ligados al oficialismo.
Finalmente, el grupo evaluador no recibió datos sobre iniciativas de cooperación internacional para identificar y confiscar los activos involucrados en el financiamiento al terrorismo. En conclusión, la evaluación del Gafic pone al descubierto el escaso interés del régimen por investigar de forma amplia e imparcial tanto el lavado de dinero como la entrega de recursos a organizaciones terroristas.
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