El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua informó el sábado que aún hay al menos 39 presos políticos en el país, tras la excarcelación y expulsión hacia Estados Unidos de otros 222 el jueves pasado.
El organismo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicó una lista de 39 personas que, según afirmó, “no aparecen en el listado (de los 222) y siguen detenidas arbitrariamente”.
De acuerdo con la lista publicada por el Mecanismo, el número de presos políticos encerrados en Nicaragua hasta la expulsión del jueves ascendía a 261, una cantidad superior a los 228 señalados por el presidente Daniel Ortega y a los 255 que el mismo observatorio había documentado previamente.
Entre los 39 presos políticos que continúan en Nicaragua está el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión este viernes, tras negarse a subirse en el avión que llevó a Estados Unidos al grupo de 222 excarcelados.
También permanecen presos en Nicaragua el dirigente de la Organización de Víctimas de Abril (OVA) Jaime Navarrete y el abogado José Manuel Urbina Lara, todos críticos de Ortega.
En la lista de 39 prisioneros hay sacerdotes, estudiantes, jóvenes y obreros, que en la mayoría de casos no eran personajes conocidos en el momento de ser arrestados y que fueron condenados en juicios que organismos como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH) calificaron de “nulos”.
Aunque algunos de los denominados presos políticos fueron inculpados por delitos comunes, otros recibieron condenas por supuesta “traición a la patria”, por lo cual, la Justicia nicaragüense los inhabilitó de forma perpetua para ejercer la función pública, cargos de elección popular y se les suspendieron sus derechos ciudadanos de por vida.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Con información de EFE
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