El lavado de dinero es un delito financiero que representa una seria amenaza para la estabilidad económica de los países y socava la integridad de los sistemas financieros en todo el mundo. La fuente de esta actividad ilícita generalmente proviene del narcotráfico y la corrupción de malos políticos, o en algunos casos, de una combinación de ambos.
Es importante destacar que Panamá está bajo el escrutinio del organismo internacional de control de delitos financieros, GAFI, que vigila a países que considera que están haciendo muy poco para combatir el lavado de dinero. Aunque sus autoridades políticas afirman que es probable que el país salga de esta condición en octubre próximo, lo cierto es que Panamá sigue siendo utilizado como un tránsito financiero para el lavado de dinero.
Un esquema que se repite
En los últimos años, las autoridades estadounidenses han investigado y conocido casos de lavado de dinero que involucran a Panamá y Venezuela, en operaciones secretas y fraudulentas cuyo objetivo es lavar dinero sucio con destino final en Miami. Se trata de inversiones millonarias en negocios vinculados a industrias como la textilería, la construcción de inmuebles de lujo, restaurantes sofisticados y la compra de vehículos de alta gama. En casi todos los casos se trata de individuos vinculados al gobierno de Nicolás Maduro, en conexión con altos funcionarios de ese gobierno o incluso funcionarios de segundo nivel.
La modalidad es que esas personas forman varias empresas en Venezuela que recurren a “maromas” contables para justificar el origen de sus inversiones, las mismas que luego van a Panamá, generalmente en forma de corporaciones de inversión. Esas corporaciones tendrán a su vez otro proceso de “justificación” contable, y luego ingresarán ese dinero a Miami en forma de inversiones.
Estas transacciones involucran millones de dólares que salen de Venezuela con un origen oscuro. Al tratarse de dinero no justificado legalmente, los tentáculos de la corrupción buscan «lavar» su origen, y en ese esquema encaja perfectamente la «ingeniería» contable.
El caso más reciente
El caso más reciente es el de Naman Wakil, un empresario venezolano nacido en Siria, que murió el lunes de esta semana. Aunque su abogado dijo que murió mientras dormía, se sospecha que se trató de un suicidio. Wakil estaba acusado en Miami de lavar parte de los cientos de millones de dólares que supuestamente ganó como parte de un esquema de corrupción.
Estaba previsto que fuera a juicio en un tribunal federal en octubre por cargos de pagar millones en sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de obtener contratos gubernamentales entre 2010 y 2017, e invertir parte de sus ganancias ilegales en propiedades de lujo, incluido el condominio de su familia en Residences at Vizcaya en Hiawatha Avenue en Coconut Grove, así como en unidades de lujo en Brickell Avenue en el centro de Miami y en Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach. Wakil, de 62 años, enfrentó cargos federales porque las autoridades dicen que invirtió parte de su ganancias ilegales en los Estados Unidos.
Su patrimonio ascendía a más de 400 millones de dólares y, además de las propiedades inmobiliarias de lujo, incluía un yate y un avión. Wakil se encuentra entre varios miembros de la clase empresarial políticamente conectada de Venezuela acusados en un tribunal federal de Miami de explotar relaciones con altos funcionarios de los gobiernos del fallecido ex presidente Hugo Chávez y el actual presidente Nicolás Maduro para enriquecerse a través de contratos gubernamentales inflados, préstamos lucrativos y esquemas de cambio de divisas.
SECONAFI y sus Vínculos en Venezuela y Panamá
Otro ejemplo resalta el mismo esquema de Lavado de Dinero. Se trata de los vínculos entre personas asociadas con la empresa SECONAFI (Servicios Contables Administrativos Y Financieros) que opera en Venezuela y Panamá. Uno de los nombres destacados es el de José Manuel González Testino, un ciudadano venezolano de 53 años con ciudadanía estadounidense, quien en marzo de este año cometió un trágico acto, al asesinar a su hijo de 3 años y luego suicidarse.
SECONAFI es una empresa de contadores con sede en Venezuela y Panamá, que ha sido señalada en relación con actividades de lavado de dinero. Investigaciones policiales en ambos países demuestran su posible participación en el lavado de fondos ilícitos con empresas en Panamá, cuyos tentáculos se extienden hasta Estados Unidos.
Un aspecto a destacar las investigaciones, es la presencia de mujeres involucradas en estas redes de corrupción. Por ejemplo, en la empresa Servicios Reales GFS, C.A., una contratista del gobierno venezolano, existe una relación societaria entre Maiclys Claret Jimenez Flores y Francy Lourdes Blandin Arzola, la primera de ellas realiza labores de asesoría contable o administrativa, y justamente, uno de sus clientes fue Jose Gonzalez Testino, sentenciado por los tribunales federales de Houston en un esquema de sobornos en PDVSA.
En marzo de este año, González Testino, de 53 años y con ciudadanía estadounidense, mató de un tiro en la cabeza a su hijo de 3 años en Coconut Grove y luego se suicidó. Gonzáles Testino acordó en enero ceder $14 millones al gobierno, como parte de una sentencia fijada para el 24 de marzo en el Distrito Sur de Texas.
Fue acusado de pagar sobornos a funcionarios de la empresa estatal de energía de Venezuela (PDVSA) y su subsidiaria Citgo Petroleum Corporation, con sede en Houston, desde 2012 hasta 2018 para asegurar y retener de manera corrupta contratos de energía y logística, según el Departamento de Justicia de EE.UU. González Testino se declaró culpable en mayo de 2019 de tres cargos y fue puesto en libertad bajo fianza de $5 millones dos meses después de su declaración de culpabilidad.
La justicia tarda, pero llega…
Sin duda los casos de lavado de dinero entre Panamá y Venezuela hagan ido en aumento en los últimos años, y estos casos subrayan la necesidad imperiosa de fortalecer la cooperación entre los países en la lucha contra el lavado de dinero, implementando medidas efectivas para prevenir y sancionar estos actos ilícitos.
Por ello, haría bien Panamá en investigar a fondo los sospechosos caudales de dinero proveniente de oscuros contratistas del gobierno venezolano cuyo destino final (luego de ser oleado y sacramentado en esos países) termina masivamente en Miami, afectando su estabilidad económica. Una tarea difícil pero imprescindible, para salvaguardad la salud financiera de nuestra región.
