La detención de Roch Kaboré, el jefe del parlamento y otros integrantes del Ejecutivo ocurrió tras la jornada de tensión que vivió este domingo el país africano, donde se registraron disparos en varios cuarteles militares en un supuesto motín para exigir mejoras en las Fuerzas Armadas
El presidente de Burkina Faso, Roch Kaboré, ha sido detenido por los militares en un aparente golpe de Estado, confirmó hoy a Efe un alto mando del Ejército de este país de África occidental.
“Lo detuvieron en su domicilio y lo llevaron a un cuartel” en la capital burkinesa, Uagadugú, afirmó esa fuente, que pidió el anonimato.
“El presidente Kabore, el jefe del parlamento y los ministros están efectivamente en manos de los soldados” en el cuartel de Sangoule Lamizana en la capital, dijeron otras dos fuentes de seguridad.
Las detenciones ocurrieron tras la jornada de tensión que vivió este domingo Burkina Faso, donde se registraron disparos en varios cuarteles militares en un supuesto motín para exigir mejoras en las Fuerzas Armadas.
Según la citada fuente, las autoridades mantuvieron durante la pasada noche, cuando se escucharon tiroteos cerca de la residencia presidencial, unas negociaciones con los amotinados que parecen haber fracasado.
Soldados han tomado posiciones ante la sede la televisión estatal RTB y se espera que los sublevados hagan una declaración a lo largo del día para revelar sus intenciones, informaron medios locales.
El arresto también tuvo lugar después de que la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) expresara en un comunicado la pasada medianoche su “gran preocupación” por el motín del domingo, pidiera “calma” e instara a los militares a favorecer “el diálogo con las autoridades”.
El comunicado se publicó después de que el Gobierno burkinés impusiera ayer un toque de queda nocturno tras el motín.
El Gobierno de Kaboré (presidente de Burkina Faso desde finales de 2015) buscó así mantener el control de la situación en el país, después de un día que comenzó con temores de asonada a raíz de los disparos escuchados de madrugada en varios cuarteles del Ejército.
El Ejecutivo desmintió este domingo que se tratara de un intento de golpe de Estado y, en una entrevista en televisión, el ministro de Defensa, general Aimé Barthélémy Simporé, aseguró que “ninguna institución pública” se había visto “perturbada”.
Si bien las razones de los disparos no se confirmaron oficialmente, medios locales indicaron que se trató de un motín para exigir mejoras al Gobierno, entre ellas más medios para luchar contra el terrorismo yihadista (del que habitualmente son blanco las tropas burkinesas), y la dimisión de altos cargos militares y de inteligencia.
Uno de los centros afectados es un campamento que alberga prisioneros militares detenidos por un intento de golpe de Estado en 2015, entre los que destaca Gilbert Diendéré (uno de los hombres fuertes del expresidente Blaise Compaoré).
Durante el día, hubo concentraciones populares en apoyo al Ejército en la capital, Uagadugú, entre otros incidentes.
También se quemó una sede del partido gobernante, el Movimiento del Pueblo para el Progreso (MPP).
Este mismo mes ya había habido en Burkina Faso quince detenciones (diez soldados y cinco civiles) en relación con una supuesta intentona golpista.
En medio de los rumores de golpe, el domingo trascendió que la familia del presidente se había ido del país africano.
“Según nuestra información, la familia del presidente Roch Kaboré abandonó Burkina Faso”, según ha informado a través de Twitter el medio LSI Africa.
El pasado sábado, el país vivió una nueva jornada de manifestaciones no autorizadas, convocadas por grupos de la sociedad civil para expresar el gran descontento social por la inseguridad generada por la violencia yihadista y la falta de resultados del Gobierno a la hora de atajar ese problema.
Los ataques yihadistas en Burkina Faso suelen atribuirse a grupos afiliados a la red terrorista Al Qaeda y a la organización Estado Islámico (EI), especialmente en la región norteña del Sahel, pero se ha expandido a regiones vecinas y, desde 2018, al este del país.
La inseguridad ha ocasionado que el número de desplazados internos ascienda a algo más de 1,5 millones, según datos del Gobierno burkinés.
La violencia prosigue incesante en el país a pesar de los esfuerzos del Ejército; un derramamiento de sangre que alcanzó un punto álgido en noviembre del año pasado, cuando fueron perpetrados dos atentados terroristas en las localidades de Inata y Foubé. El primero dejó al menos 53 fallecidos, la inmensa mayoría agentes de Policía. Otros diez civiles y nueve militares fallecieron en Foubé el 22 de noviembre, en un asalto achacado a milicias islamistas.
Casi 12.000 personas fueron desplazadas por la violencia durante dos semanas de diciembre, según la ONU, mientras que Kaboré se ha pasado las últimas semanas intentando manejar como puede una crisis que se está extendiendo a su gabinete, como demostró el mes pasado al reemplazar a todo el Gobierno y nombrar a Lassina Zerbo como nuevo primero ministro del país.
De hecho, a principios de enero, las autoridades burkinesas arrestaron a ocho militares, incluido un comandante de alto rango, en relación con un presunto complot para “desestabilizar” las instituciones del país.
(Con información de EFE y Europa Press)