Un tribunal de Delaware pronto iniciará una subasta para Citgo Petroleum, la séptima refinería de petróleo más grande de Estados Unidos. Salvo un improbable acuerdo de último minuto, la empresa será rematada para pagar deudas impagas de su propietario, el gobierno venezolano.
Venezuela sufre los efectos de haber atravesado la mayor contracción económica en la historia moderna del hemisferio occidental. Citgo, cuyas refinerías están diseñadas para procesar el petróleo venezolano, podría desempeñar un papel importante en la recuperación económica del país. El valor de mercado de la empresa es aproximadamente una séptima parte del producto interno bruto del país y sus ganancias anuales son mayores que la cantidad que Venezuela gasta en importaciones de alimentos en un año.
Dado el tamaño de Citgo y su potencial para ayudar a Venezuela a salir de la crisis, uno esperaría que los líderes del país hicieran todo lo posible para evitar perderla… ¿cierto? Lamentablemente, no es así. Después de todo, estamos hablando de políticos venezolanos. En lugar de intentar detener la venta de Citgo, las facciones políticas que hoy se enfrentan por el poder en el país prefieren dedicar sus energías a culparse mutuamente por la pérdida inminente de la empresa. Escuche a Nicolás Maduro y oirá que la venta de Citgo es un complot poco disimulado de políticos estadounidenses (y una servil oposición venezolana) para despojar de sus activos al país y entregárselos a intereses corporativos estadounidenses. La oposición, en respuesta, dice que la pérdida de Citgo ha sido inevitable durante años, debido a la acumulación de deudas impagables por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
“Es cierto que los gobiernos de Chávez y Maduro asumieron irresponsablemente altos niveles de deuda cuando deberían haber estado ahorrando ingresos de un auge petrolero sin precedentes”
Ambas interpretaciones son incorrectas. No hay fundamento para alegar, como afirma Maduro, que el proceso de venta esté dirigido por la Casa Blanca para beneficiar los intereses corporativos estadounidenses. De hecho, el juez que supervisa la venta ha reprendido varias veces al gobierno estadounidense, incluso argumentando que el Departamento del Tesoro carece de experiencia suficiente para interpretar sus propias regulaciones. En lugar de beneficiar a un comprador en particular, el tribunal ha tenido especial cuidado en diseñar un proceso de subasta transparente destinado a compensar equitativamente a los acreedores, muchos de los cuales no tienen su sede en Estados Unidos.
Sin embargo, la narrativa de la que se sirve la oposición también omite algunos detalles cruciales. Sí, es cierto que los gobiernos de Chávez y Maduro asumieron irresponsablemente altos niveles de deuda cuando deberían haber estado ahorrando ingresos de un auge petrolero sin precedentes. Pero muchos gobiernos de todo el mundo acumulan niveles excesivos de deuda. Casi ninguno de ellos pierde sus activos como resultado del cobro de esas deudas.
Una de las razones por las que los países en impago rara vez pierden el control sobre sus activos externos es que existen importantes salvaguardas legales que dificultan que los acreedores los embarguen. (¿Recuerdan la fragata argentina incautada brevemente por Elliott Management en Ghana? Está de vuelta navegando por el mundo bajo su bandera argentina). Cuando los gobiernos se muestran incapaces de pagar sus deudas, normalmente acuerdan un plan de reestructuración con los acreedores. La abrumadora mayoría de los acreedores consideran que les conviene llegar a un acuerdo que reduzca la carga agregada de la deuda a un nivel sostenible. Rara vez optan por entrar en el tortuoso, costoso e incierto mundo de los litigios.
Entonces, ¿por qué los acreedores no se sentaron con Maduro para negociar tal acuerdo? La respuesta es que Estados Unidos les prohibió hacerlo mediante una orden ejecutiva de agosto de 2017 que sigue vigente. Luego, en enero de 2019, Estados Unidos entregó el control de los activos de Venezuela en el extranjero a la oposición venezolana. Esto significaba que, desde un punto de vista legal, sólo la oposición podía reestructurar la deuda externa del país. Por supuesto, dada su falta de control sobre los ingresos petroleros del país, esta capacidad era irrelevante.
Incluso después de estas decisiones, no estaba nada claro que los acreedores pudieran apoderarse de Citgo. Claro, Venezuela debía alrededor de 150 mil millones de dólares en deuda externa, pero a principios de 2019 sólo una pequeña fracción de eso (3,4 mil millones de dólares, para ser precisos) estaba vinculada a instrumentos que otorgaban a sus dueños un derecho legal firme para apoderarse de acciones de Citgo. Hay una gran diferencia entre ser un acreedor de deuda no garantizada de Venezuela y tener un derecho sobre Citgo. Para empezar, Citgo es propiedad de un holding que pertenece a PDVSA, una entidad con personalidad jurídica propia y distinta del Gobierno de Venezuela. El principio de responsabilidad limitada, fundamento de la legislación financiera moderna, establece que los activos y pasivos de una empresa son distintos de los de su propietario. No se pueden perseguir los activos de una empresa para cobrar la deuda de su propietario de la misma forma en que no se pueden perseguir los activos personales de alguien para cobrar las deudas de su empresa.
Ahora, veamos qué pasó con ese número. En los últimos cuatro años -bajo la supervisión del gobierno interino liderado por la oposición- los pasivos adeudados a los acreedores con derecho legal a embargar acciones de Citgo se multiplicaron de 3.400 millones de dólares a 23.600 millones de dólares:
Pasivos de acreedores con derecho legal a embargar acciones de Citgo
En mi artículo publicado hoy en @lagranaldea, explico cómo estas decisiones llevaron a la pérdida de Citgo y por qué la @AsambleaVE le debe al país una investigación transparente.https://t.co/KylZ7uKsT8
— Francisco Rodríguez (@frrodriguezc) October 4, 2023
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