Entre quienes las recibieron están políticos afines a Rafael Correa y líderes indígenas. Se los acusaba por delitos como secuestro, instigación, terrorismo y rebelión
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha mostrado su descontento con la decisión del congreso ecuatoriano de otorgar amnistías a 268 personas que estaban procesadas, con distintos cargos, por la crisis de octubre de 2019. Para el mandatario, la decisión de la Asamblea Nacional es una injusticia. Lasso ha adelantado que su administración realizará lo que esté bajo su poder y amparado en la normativa vigente para evitar que las amnistías se ejecuten.
Lasso dio esas declaraciones a la prensa cuando retornó de Chile, a donde viajó para asistir a la asunción del nuevo presidente chileno Gabriel Boric y para reunirse con un grupo de empresarios.
“No puede ser que aquellas personas que sometieron al vandalismo y a actos delincuenciales a la ciudad de Quito y el Ecuador en octubre de 2019 sean amnistiados. Eso es absolutamente injusto. Eso es haberse puesto del lado de la violencia, del vandalismo. Y, claro, pregúntese qué pasa con aquellos policías y efectivos de las Fuerzas Armadas que ayudaron a poner orden y a evitar mayor anarquismo en octubre de 2019: ellos siguen enjuiciados. Esto es una absoluta y total injusticia”, dijo Lasso.
Los legisladores ecuatorianos aprobaron las más de dos centenares de amnistías con 99 de 137 votos, la bancada correista UNES, la indigenista Pachakutik, la Izquierda Democrática e independientes aprobaron el paquete de 268 amnistías, que eran parte del informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.
Con la aprobación de las amnistías, el debate se ha polarizado y existen fuertes detractores de la decisión tomada en el Legislativo ecuatoriano. La figura de la amnistía tiene su raíz en la palabra amnesia y significa olvidar. A diferencia del indulto que perdona, la amnistía olvida los hechos por los que se acusó a la persona.
El político Andrés Páez, que fue candidato a la vicepresidencia en una de las campañas de Guillermo Lasso, presentó, el último fin de semana, una acción constitucional de protección y de medidas cautelares en contra de “actos violatorios” con relación a las amnistías que la Asamblea Nacional otorgó “indiscriminadamente”, según ha explicado Páez.
Así como Paez, otros colectivos de Quito, capital del Ecuador, han anunciado que presentarán medidas similares en contra de la decisión de los legisladores.
“Se entregaron amnistías indiscriminadamente a personas, entre ellas, a un grupo de terroristas que sembraron el caos en el Ecuador durante octubre de 2019. Estamos aquí para dar respuesta a ese clamor ciudadano de que esta barbaridad no tome curso y que no se concrete. No vamos a cesar en nuestro esfuerzo de impedir un despropósito de esta naturaleza en defensa de la dignidad de los ecuatorianos”, señaló Páez.
Entre las personas que recibirán la amnistía están la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el exasambleísta, Virgilio Hernández, ambos del partido de Rafael Correa, el activista, Christian González, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Marlon Santi.
En agosto del 2020, Pabón, Hernández y González fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de rebelión durante las protestas de octubre del 2019. Todos contaban con medidas cautelares.
En cambio Iza era investigado por cuatro delitos: secuestro, instigación, daño a un bien ajeno, terrorismo. Vargas, en cambio, por cinco ilícitos: secuestro, terrorismo, instigación, grupos subversivos y actos de odio. Santi únicamente era indagado por el delito de grupos subversivos.
La crisis de octubre de 2019
En octubre de 2019 se produjeron las protestas más violentas desde el retorno a la democracia en el país andino, cuyo saldo dejó al menos 8 personas muertas, 250 heridas y más de 1.300 detenidos. Las protestas giraron en torno al decreto presidencial para la liberalización de los precios de los combustibles ordenada por el entonces presidente Lenín Moreno.
Las protestas provocaron el desistimiento de Moreno que reemplazó el decreto por uno nuevo que establecía un incremento gradual de los precios de las gasolinas.
Entre los actos sucedidos durante las protestas están el secuestro de periodistas, policías y militares por parte de algunos manifestantes, el incendio del edifico de la Contraloría General del Estado, el abuso sexual a mujeres policías. Durante esas jornadas hubo saqueos a supermercados e incluso algunas personas que participaban de las protestas ingresaron a una florícola con el propósito de que detuvieran su actividad y se unieran a las manifestaciones.
