La fiscal federal estadounidense Delia L. Smith anunció el pasado miércoles 15 de junio que Henry González Noriega, de 47 años, y Francisco Rodríguez Infante, de 28, ambos de Venezuela, se declararon culpables hoy ante el juez magistrado del Tribunal de Distrito Emile A. Henderson, III de conspiración para poseer con la intención de distribuir más de 5 kilogramos de cocaína a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos.
Según documentos judiciales, en la noche del 25 de septiembre de 2019, el patrullero Donald Horsley de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) interceptó una embarcación sospechosa de 55 pies llamada La Gran Tormenta que mostraba indicios de nacionalidad venezolana aproximadamente a 38 millas náuticas al sur de St. Croix. Los ocupantes de La Gran Tormenta no respondieron a los esfuerzos de la USCG para interrogar a la tripulación y, al ser detectados, La Gran Tormenta cambió de rumbo y comenzó a deshacerse de los paquetes. Posteriormente, los miembros de la tripulación del USCG Cutter Donald Horsley recuperaron dos pacas del agua. Los dos fardos desechados contenían paquetes con objetos en forma de ladrillo que posteriormente se sometieron a pruebas de laboratorio y se descubrió que contenían aproximadamente 49 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Islas Vírgenes, después de solicitar y recibir permiso para detener la embarcación desde Venezuela, el estado del pabellón, el personal de la USCG intentó un abordaje con derecho de visita que resultó ineficaz porque la tripulación de La Gran Tormenta hizo caso omiso de las instrucciones de la USCG. Finalmente, el personal de la USCG obtuvo el control de La Gran Tormenta mediante el uso de una táctica de enredo que detuvo el motor de la embarcación. Más tarde, un equipo de abordaje antidrogas de la USCG encontró a 11 personas, incluidos los acusados.
La fecha de sentencia para Noriega e Infante está programada para el 14 de octubre de 2022. Por sus condenas, enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
