El Estado sigue sin garantizar justicia a profesionales de la comunicación que son víctimas de la violencia física, verbal y/o judicial en Venezuela. Conmemoramos otro día internacional para poner fin a los crímenes contra periodistas exigiendo celeridad en los procesos judiciales, investigaciones transparentes, respeto al estado de derecho y al debido proceso en todos los hechos contra trabajadores de los medios de comunicación social.
La impunidad ante las agresiones y los actos de violencia contra periodistas y otras personas que se dedican a la labor informativa constituye uno de los principales obstáculos para su seguridad y para el ejercicio de la profesión sin miedo a represalias. No hay un Estado que investigue, proteja, acuse y condene a las personas que cometen estos crímenes.
La rendición de cuentas por los delitos cometidos contra trabajadores de los medios es un elemento clave para prevenir dichas agresiones en el futuro, poder entender causas, patrones, responsables, y para establecer medidas efectivas que procuren la protección de quienes se dedican a mantener informada a la sociedad.
Como nos recuerda IFEX, en el décimo aniversario del Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas, los Estados siguen en deuda. El periodismo libre es vital para que exista la democracia, para que haya contraloría ciudadana, libre circulación de información, pluralidad, diversidad, y progreso.
En Venezuela hay cientos de casos de violencia contra periodistas que se acumulan año tras año, casi su totalidad continúan impunes. Entre enero y septiembre de 2022 sumamos 134 violaciones del derecho a la libertad de expresión en el paísque implican hechos de violencia, incluyendo intimidación, hostigamiento verbal y judicial, amenazas, agresiones y ataques.
En el día internacional de poner fin a la impunidad de crímenes contra periodistas alzamos la voz por todas las personas que tienen un proceso judicial abierto por divulgación de información, por las que han sido víctimas de persecución, tortura, violencia verbal, sexual, física; de desaparición forzada y cárcel por la divulgación de información incómoda para el gobierno.
Incluir todos sus nombres e información excede nuestras posibilidades; por eso, destacamos en esta ocasión los casos de personas que acompañamos legalmente. Exigimos celeridad, respeto a los plazos judiciales y del derecho al debido proceso.
Informar no es delito, el Estado debe declarar la inocencia y el sobreseimiento de los casos contra:
Ana Belén Tovar
Gerente de Operaciones de Venmedios, detenida el 19 de noviembre de 2019 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Acusada de revelación indebida de data, delincuencia organizada y asociación para delinquir. A la fecha aún no se celebra audiencia preliminar, fue excarcelada y permanece abierta la investigación en su contra con medidas cautelares de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país. Su expediente tuvo reserva legal durante más de dos años, de manera arbitraria e injustificada.
Marco Antoima
Detenido el 20 de junio de 2020 por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, acusado de incitación al odio por motivos de intolerancia. Tuvo arresto domiciliario y, aunque fue liberado por indulto, su nombre sigue como persona solicitada por la justicia en los sistemas de SIPOL y del CICPC.
Pedro Márquez
Su caso data del cinco de marzo de 2021, ante el departamento jurídico de Conatel. Obligado al cese del uso del espectro de la emisora Selecta 102.7 FM por presuntamente no tener la concesión para el uso del espectro y se multó a la empresa por el uso indebido del espectro.
Luis Carlos Díaz
Detenido el 12 de marzo de 2019, desaparecido, víctima de tratos crueles y tortura. Acusado Instigación Pública (referido a incitación al odio). Su caso se mantiene en Archivo Fiscal, lo que implica que puede ser reabierto en caso que el Estado considere que hay nuevas pruebas suficientes para ir en su contra.
Recientemente el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó en septiembre una nueva resolución sobre la seguridad de las y los periodistas donde destaca su preocupación ante los intentos de silenciarles a través del uso de leyes para penalizar el periodismo, como es el caso venezolano, y ante el “uso indebido de leyes excesivamente amplias o imprecisas para reprimir la expresión legítima, entre ellas las leyes sobre la difamación y el libelo, las leyes sobre la información engañosa y la desinformación, o las leyes contra el terrorismo y el extremismo, cuando estas no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos”.
El Estado venezolano tiene el deber de garantizar “la rendición de cuentas realizando investigaciones imparciales, prontas, exhaustivas, independientes y efectivas de todos los actos de violencia, amenazas o agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación”, como afirma el CDH de la ONU.
Los tiempos de espera para obtener justicia se prolongan, pero los casos no avanzan sino que permanecen congelados. Es necesario que las y los funcionarios responsables agoten las líneas de investigación “que permitan determinar si los actos de violencia, amenazas o agresiones están relacionados con la actividad periodística de las víctimas, lleven a los autores de esos delitos ante la justicia, incluidos quienes ordenen su comisión o conspiren para ello, sean cómplices en dichos delitos o los encubran, y velen por que las víctimas y sus familias tengan acceso a medidas apropiadas de restitución, indemnización y asistencia”.
Desde Espacio Público, como organización de la sociedad civil, seguiremos vigilantes para documentar, denunciar y exigir justicia ante casos de crímenes contra periodistas, incluyendo la violencia estatal que sistemáticamente persigue a quienes difunden información que confronta o difiere de la voz oficial.
Continuamos en nuestra labor de sonar la alarma cuando el Estado viole los derechos humanos de periodistas, obstruya o retrase la justicia, o cuando por su inacción no garantice la seguridad de esta labor fundamental para la sociedad.
Exigimos que cese la impunidad en los crímenes en contra de periodistas, y recordamos los casos de asesinatos en Venezuela en nuestro registro desde el año 2002, la mayoría aún siguen impunes. La justicia es un deber pendiente del Estado, así como la aplicación de medidas de restitución e indemnización a víctimas y familiares.
Nota de prensa Espacio Público
