Infierno en las cárceles de Ecuador: cuatro historias dramáticas de la última masacre

Un activista por el agua, un contador, una mujer trans encerrada con hombres y un joven que ya había cumplido su condena y debía ser liberado son algunos de los que murieron en la última matanza en la Penitenciaria del Litoral

Por Yalilé Loaiza

El infierno existe y regurgita sus horrores en la Penitenciaría del Litoral en Ecuador. El constante estallido de disparos y explosiones acompañados de estremecedores alaridos recuerdan el cráter abierto durante la muerte de Cristo que Dante reconoce como el último círculo del infierno.

Ecuador parece haber sido abandonado. Nunca antes se vivió una crisis penitenciaria como esta. La violencia en las cárceles cada vez deja más muertos, víctimas y dolor. Solo en el 2021, más de 300 presos han sido asesinados en los baños de sangre y la cifra podría seguir aumentando.

La Penitenciaría del Litoral, una de las cárceles más sobrepobladas del país, y ahora una de las más crueles del mundo, ha sido el escenario de estas inenarrables desgracias.

Entre el viernes 12 y el sábado 13 de noviembre se registró la ultima masacre que dejó más de 60 muertos, entre mutilados e incinerados. Aunque las autoridades han ordenado la presencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en la prisión, el Ministro de Defensa Nacional ha reconocido que aún no han tomado control de los pabellones y que estos siguen bajo el dominio de las pandillas carcelarias que han hecho de las prisiones su cuartel de operaciones.

En medio de las reacciones gubernamentales para retomar el control y de los enfrentamientos de las pandillas carcelarias, en los exteriores de la Penitenciaría se produce otra tragedia. Los familiares de los detenidos suplican por información y peregrinan entre la cárcel, el centro de criminalística y los hospitales en busca de sus seres queridos, pues la información oficial está llena de contradicciones e incertidumbre. Es el dintel al averno.

Familiares de reos asesinados se consuelan hoy mientras esperan información de los presos asesinados, en las afueras de la morgue de Guayaquil (Ecuador). EFE/Juan Diego Montenegro

En la última masacre uno de los pabellones que fueron atacados fue el 2, en donde está el ala transitoria. En esa sección están los detenidos por delitos menores, la mayoría sin sentencia, e incluso algunos están presos como medida cautelar mientras sus casos se estancan en la justicia. El ala transitoria es conocida como “la lagartera” por tener las peores condiciones de vida para los presos entre las prisiones. Algunos han reconocido que los presos que están allí no existen para el Estado y muchos de los detenidos imploran ser asignados a un pabellón aunque no integren ninguna de las pandillas carcelarias.

Para salir del ala transitoria, según indican las plataformas que trabajan con las cárceles, el preso debe pagar alrededor de USD 1.000 para ser trasladado a uno de los pabellones. Si el detenido o su familia no tienen el dinero suficiente para pagar esa cantidad, deberán esperar a tener una sentencia condenatoria para aspirar al traslado.

Dentro de la misma transitoria hay dos secciones: una para presos de alta relevancia, como políticos y empresarios, y otra para extranjeros. Esas zonas podrían tener mejores condiciones que el ala transitoria general. Pero allí los reos también deben pagar altas sumas de dinero para ser trasladados a otros pabellones. La pobreza prohíbe a la mayoría de los detenidos acceder a condiciones más dignas de encierro. Aquí la presos son como sombras errantes, que sin dinero para atravesar estarán destinadas al destierro en la margen de los penitentes del río Aqueronte.

En el ala transitoria, como en toda la Penitenciaría del Litoral, hay hacinamiento. La sobrepoblación en el sistema carcelario nacional bordea el 30 %. Esto provoca que en la transitoria, los presos estén obligados a turnarse para poder dormir en el suelo, sin más abrigo que un limitado espacio en el gélido cemento.

El día de la más reciente masacre en la Penitenciaría, la memoria de cuatro de las personas asesinadas se ha convertido en el reflejo en el que se mira con vergüenza la indolencia, el lucro y la corrupción del sistema carcelario. Es la pudrición de una insignificante fracción de la sociedad que tiene a todo un país sufriendo un purgatorio de dolor sin posibilidad de indulgencia.

Un activista por los derechos del agua, un contador y hombre de familia, una mujer trans y un joven que ya tenía orden de ser liberado son cuatro de los testimonios más angustiantes de este horroroso inframundo de fusilamientos, hogueras e inhumanidad.

Víctor Guaillas Gutama

Ilustración de Víctor Guaillas, defensor del agua. (Foto: Yasunidos).

Víctor Guaillas, agricultor y partidario de la defensa del agua, fue judicializado y encerrado en prisión por los eventos sucedidos durante las protestas de octubre de 2019. Estaba encerrado en el Pabellón 2 de la Penitenciaría del Litoral. Su veredicto no había sido expedido aún y tenía una audiencia pendiente para el 4 de enero de 2022. Sin embargo, se encontraba privado de su libertad desde el 7 de octubre de 2019. La Asamblea Nacional estaba tramitando un indulto para Guaillas pero a paso muy lento.

Durante su encierro, “lo azotaban para que comprometa a su familia a que entreguen dinero a cambio de no hacerle daño. Los dos castigos más terribles fueron cuando lo tuvieron aplastado en el piso y le jalaron la lengua para que hable sobre el monto que ofrecería entregar”, contó Leticia Guaillas, hija del activista medioambiental para el diario El Comercio de Quito.

Guaillas Gutama, un hombre sordo y analfabeta, fue condenado por la justicia ecuatoriana por haber participado en el paro nacional de octubre de 2019. Según el testimonio de muchos dentro y fuera del sistema, mientras protestaba Guaillas cayó en una zanja cuando la Policía lo atrapó. Fue la única persona detenida bajo la acusación de incendiar dos motocicletas y una patrulla policial que primero fueran apedreadas como consecuencia del hostigamiento estatal. Al menos 50 personas participaron en el hecho. Guaillas fue condenado a 5 años de prisión por sabotaje.

“No sabía manejar el celular. Lo veíamos asustado, desesperado y contaba del miedo que sentía por los disparos y ataques permanentes. Nos decía ‘mijitas anoche hubo una balacera, pero gracias a Dios sigo vivo. No sé qué pasará en los próximos días y ojalá no lleguen a nuestro pabellón”, cuenta Leticia, hija de Guaillas para El Comercio.

La pérdida de su libertad causó a Guillas un gran daño en su salud física y mental, debido a que siempre sostuvo la injusticia de su detención y porque se encontraba recluido a cientos de kilómetros de su ciudad natal y de su familia, bajo condiciones inhumanas. Le sobreviven su esposa y seis hijos.

“Mi papito no merecía estar preso, vivir ese infierno ni haber estado revuelto con personas peligrosas. Era un hombre muy bueno, trabajador, honesto, dedicado a su familia y su única falta fue defender la naturaleza y participar en las protestas. No mató ni robó a nadie y lo sabe el país. No merecía morir de esa manera. Ahora duele no tener su cuerpo y seguir buscándolo para darle sepultura. La Policía dice que su cadáver puede estar entre los mutilados o quemados y que por eso se complica la identificación”, confirma la hija de Guaillas.

Jhon Campuzano

John Campuzano junto a su esposa y sus hijos Jonh Jairo y Jomaira. (Fotografía tomada del Twitter de Jomaira Campuzano).

“Mi papá era una persona muy alegre, muy bromista, muy empática”, dice John Jairo Campuzano, quien acompañado por su hermana Jomaira Campuzano accedieron a conversar con Infobae para preservar la memoria de su papá que, como cuentan, no debía estar en la Penitenciaría.

John Campuzano era excontador de la empresa Ecuagran y fue detenido la madrugada del 1 de septiembre. Ese día lo detuvieron como parte de las investigaciones por el presunto delito de “falsedad de información” en el sistema bursátil. La empresa Ecuagran estaría implicada en el caso del desfalco millonario al Instituto de Seguridad Social de la Policía. Jomaira contó que su papá era el hombre más justo y transparente, sin embargo trabajaba en una “empresa que tenía ladrones” y sostiene que “como querían un culpable” se llevaron a su papá.

Es así como Campuzano llegó a la lagartera de la Penitenciaría del Litoral. A pesar de haber permanecido allí por 90 días, las autoridades carcelarias nunca dejaron que su familia ingrese vituallas para Campuzano, así lo recuerda John Jairo. La vitualla, explica, es un paquete con ropa y elementos de aseo personal que las familias pueden dejar en la prisión para sus seres queridos. “Se pone eso en una funda con el nombre, la foto y se especifica en qué pabellón está la persona” para que los agentes penitenciarios entreguen esas prendas básicas al detenido, cuenta John Jairo. Sin embargo, cuando los familiares de John Campuzano querían dejar la vitualla las autoridades les decían que regresen otro día porque en ese momento no podían hacer la entrega.

El impedimento de las autoridades para que la familia de Campuzano le entregara ropa nueva fue lo que posteriormente sería clave para identificarlo entre los asesinados. Jomaira cuenta que cuando la familia despertó el sábado, 13 de noviembre y vieron en redes sociales lo que había sucedido empezaron a buscar a su papá.

La masacre de ese fin de semana se transmitió, tal vez como ninguna otra, por redes sociales. Durante esa madrugada, un preso transmitió vía Facebook lo que sucedía, otros subieron al internet videos donde se escuchaban las detonaciones y las súplicas. Los presos pedían ayuda y la intervención militar, porque, aseguraban las voces de las transmisiones, los iban “a matar a todos”. Cuando la masacre terminó, también las fotografías de las víctimas empezaron a circular.

Mientras esto sucedía, la familia de John Campuzano buscaba información sobre su estado. El nombre del excontador y padre de familia no aparecía en ninguna lista. Sin embargo, una fotografía bastó para que su esposa y John Jairo, su hijo, lo identificaran porque llevaba la misma ropa que vestía el día de su detención.

John Jairo dice que “es una suerte” que a su papá lo entregaran completo. Su cuerpo tenía heridas, pero su familia, en medio del dolor y la indignación, pudo darle un sepelio. Allí, John Jairo comprobó que su papá tenía un don de gentes, pues llegaron muchas personas y amigos al velorio a solidarizarse con la familia. “Mi papá tenía amigos en todo lado”, dice su hijo, quien asegura que el mejor ejemplo que le dejó su papá fue la responsabilidad en el trabajo “nunca pidió vacaciones en ningún trabajo, si tenía que trabajar los fines de semana, lo hacía”.

John Campuzano era el abuelo de cuatro nietos, la nieta más pequeña es hija de Jomaira y tiene apenas 1 año. “Le arrebataron la oportunidad a mi hija de que comparta con su abuelo”, dice Jomaira. Ella describe a John como un papá, un esposo y un abuelo amoroso: “Recordarlo me llena de orgullo y también de dolor. Él no tenía que haber muerto de la forma en la que murió. Le arrebataron todo”, dice su hija.

La injusticia era algo que molestaba e indignaba a John Campuzano, cuenta su hijo. Como paradoja de la vida, fue justamente una injusticia la que provocó que la familia Campuzano quedará incompleta.

Helen Brigitte Maldonado

Helen Maldonado era una mujer trans recluida en una cárcel de hombres. (Foto: Indómita).

En la Penitenciaría del Litoral hay un pabellón donde las personas de la comunidad LGBTIQ+ pueden cumplir sus sentencias. Sin embargo, mientras no haya un veredicto, como los demás detenidos, deben esperar en el ala transitoria. Helen Brigitte Maldonado, una mujer trans oriunda de Manabí, una provincia de la costa ecuatoriana, llevaba más de un año en “la lagartera”. Este noviembre iba a cumplir 29 años.

Diane Rodriguez, directora nacional de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, recuerda que Helen Maldonado llegó a Guayaquil y trabajó en una peluquería y también ejerció como trabajadora sexual. A Helen la detuvieron por microtráfico de drogas y cumplía una sentencia de dos años y medio, según la información publicada por el medio digital EdicionCientonce, que además indica que en marzo de 2022, Helen podía solicitar el cambio al régimen de rehabilitación semiabierto, que consiste en cumplir el resto de la pena fuera de la cárcel con actividades de reinserción familiar, laboral, social o comunitaria.

Aunque Helen no era activista de la comunidad LGBTI, “conocía y estaba vinculada a espacios organizativos, pero no articulaba como activista”, dice Diane. Los miembros de la comunidad que la conocieron, comenta Diane, recuerdan que Helen era una persona tímida y que su detención fue sorpresiva, porque ella no estaba vinculada a ninguna banda.

Cuando la masacre inició, Helen pudo llamar a su mamá y contarle lo que estaba sucediendo, según recuerda Diane. La madre y la hermana de Helen vivieron el calvario de las familias que buscan los cuerpos de sus seres queridos. Ambas tuvieron que identificar el cuerpo de Helen, primero entre los restos de quienes fueron desmembrados, al no encontrarla allí, las llevaron con los cuerpos incinerados, donde la reconocieron.

Según recoge un reportaje publicado en Indómita, un día antes de la matanza “Helen Brigitte se tomó una foto, de perfil, sonriendo, cabello suelto, short y un buzo de rayas rojas, blancas y azules y la envió por WhatsApp a un grupo de amigas junto a dos palabras: “Estoy bien””. Toda la semana ya se habían escuchado disparos en la Penitenciaría del Litoral.

A pesar de que Helen era una mujer trans, estaba recluida en una cárcel de hombres. Su historia es una “voz”, ha dicho Odalys Cayambe, directora de la organización trans Vivir Libres, a medios locales. El maltrato que recibió Helen al ser una persona de la diversidad sexo genérica, también sucede con otras 60 mujeres trans que están en la Penitenciaría, según contó Cayambe a Indómita.

Erick Ortiz

Boleta de excarcelación de Erick Ortiz. (Foto: El Comercio).

Erick Ortiz Segura estuvo detenido alrededor de un año en la Prisión Litoral, donde ingresó cuando la policía lo encontró con una bolsa de drogas. Una semana antes de la masacre, estaban en marcha los preparativos para su liberación. Cinco días después de su deceso se firmó su boleta de liberación que llegó a la cárcel un viernes, justo el día en que fue ejecutado.

Una semana antes de morir, Erick le dijo a su familia que comenzara un proceso para su liberación, pero sus familiares que son operarios no podían suspender un día completo de trabajo de lunes a viernes, precisamente en los días y horas de trámite para conseguir su excarcelación. Una hermana de Erick pidió permiso para hacer el papeleo, pero no pudo terminarlo, porque el funcionario encargado no se presentó. Un abogado se acercó a los familiares de Erick y les ofreció concluir con el trámite por USD 60, pero no contaban con el dinero para pagarle, así que Ortiz permaneció encerrado. Su familia pensó que el viernes 12 de noviembre por la noche lo dejarían en libertad, pero ese mismo día fue asesinado.

Lo que sucedió con Erick es común, según han denunciado plataformas de derechos humanos que se enfocan en las cárceles. La pobreza y la corrupción del sistema impide que las boletas de excarcelación, que mandan la libertad de quien ha cumplido con su sentencia, sean efectivas por lo que los funcionarios corruptos las retienen con el único propósito de captar dinero. El trámite empieza con la firma de un juez, sin embargo, los familiares del recluso tendrían que pagar al secretario del juez para que agilice el trámite. Como muchas familias no tienen dinero deben esperar a la “buena voluntad” de los funcionarios que, según han denunciado las plataformas, están acostumbrados a recibir dinero “por debajo de la mesa”, ya que ese trámite legalmente no requiere un pago.

Una vez que el juez ha firmado la boleta, el proceso continúa en la cárcel donde está el preso que debe salir en libertad. Por ejemplo, en la Penitenciaría el trámite tomaría hasta 48 horas en el caso de las personas que no tienen dinero para pagar a los funcionarios. Incluso, desde la plataforma SOS Cárceles Ecuador se ha contado que cuando llega la boleta de excarcelación a la Penitenciaría, los guías carcelarios sacan a la persona del pabellón y lo dejan en algún pasillo de la cárcel, sin agua, sin comida y sin un espacio para dormir o hacer sus necesidades. Los retendrían para tratar de conseguir algo de dinero de las desesperadas familias que buscan la libertad de los suyos. El proceso para ser libre, aún habiendo cumplido la sentencia puede durar varios días incluso si la boleta ya fue emitida. Eso le pasó a Erick y eso le pasa a otros presos.

Después de la masacre, varios abogados de los detenidos llegaron a las afueras de la prisión con boletas de excarcelación de sus clientes. Los litigantes mostraban su indignación frente al sistema, sin embargo, como señaló la plataforma SOS Cárceles Ecuador, tal vez esos abogados no tienen los contactos necesarios para lograr que sus defendidos salgan de la cárcel que se ha convertido en la más violenta del país.

Lo sufrido no tiene perdón de Dios. No tiene perdón del Universo, del Cosmos o de la Humanidad. Y no importa el credo que se profese o la incredulidad que se defienda. El infierno que montaron en Ecuador es la cresta de un monstruo que lo devora todo, la bestia del leviatán.