Por Marcos David Valverde
Armando.info
Parlamentario oficialista y proveedor del Estado, a José Leopoldo Matos las formas le tienen sin cuidado. Su empeño por encarnar simultáneamente a la revolución socialista y a la iniciativa privada, sin reparar ni en restricciones legales ni en coherencias ideológicas, equivale a procurar la cuadratura de la arepa. En todo caso, su relato de éxito como empresario del agro se tambalea, sostenido apenas sobre deudas y generosas asignaciones públicas.
El 30 de julio de 2017, José Leopoldo Matos obtuvo en las urnas su primer cargo de elección popular: una curul en la írrita Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás Maduro patrocinó e hizo instalar en 2018. Tres años después, el 6 de diciembre de 2020, Matos lo logró de nuevo, pero esta vez como postulante a una curul de diputado a la Asamblea Nacional chavista por la lista del estado Guárico, en la región de los Llanos centrales de Venezuela, del partido Patria Para Todos (PPT), parte del bloque oficialista Gran Polo Patriótico.
Desde aquel 2017, la vida partidista y parlamentaria de Matos (67) ha estado marcada por tres características invariables: una es su lealtad al chavismo-madurismo; otra, que ni antes ni después ha dejado de ser empresario contratista del Estado; y la tercera, que no esconde ese papel de proveedor del Estado, aunque contravenga la normativa venezolana.
Los instrumentos legales que, empezando por la Constitución vigente -la “de Chávez”, de diciembre de 1999-, prohíben de manera explícita que un servidor público, máxime un diputado, haga negocios con el Estado, parecen letra muerta no solo para Matos, sino para los medios oficialistas que a menudo difunden sus actividades empresariales.
Tener al Estado en su portafolio de clientes es el oficio de José Leopoldo Matos. Para ello se ha valido de una empresa que fundó en 2006, Silos Mantenimiento de Cereales, C.A. (Silmaca). Con esta, al menos desde 2016, a través de alianzas estratégicas y acuerdos de los que queda constancia en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), Matos ha puesto su producto estrella, la harina de maíz Doña Goya, en las cajas y bolsas del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el principal programa de asistencia social y clientelismo del régimen.
La tensa dualidad de Matos como hacedor de leyes y empresario revolucionario ha quedado normalizada en los medios estatales. Pero hay otro costado controvertible de esa figuración, que documentos obtenidos por Armando.info ahora ponen de relieve: Matos acumula deudas tanto con los bancos del Estado venezolano como con financistas privados. Mientras el dueño de Silmaca -y de un escaño parlamentario de Guárico- recibe, por un lado, loas de la propaganda oficial como prueba viviente del éxito de las políticas económicas y de la alianza de la autodenominada Revolución Bolivariana con el empresariado patriota, por el otro ha gozado de ventajas poco comunes, como créditos más que blandos del Estado y una morosidad apenas tolerada.
Sírvase pagar
José Leopoldo Matos no es solo un diputado de bajo perfil -desconocido, podría decirse sin más- en medio de la grey parlamentaria del chavismo. Aún las confederaciones agrarias saben poco de él. Ciertamente, su trayectoria de empresario tampoco es dilatada. Casi en simultáneo con el arranque de la Revolución, fundó sus compañías en Valle de la Pascua, estado Guárico.
Entre 2005 y 2006, registró Tracto-Llano, C.A., dedicada a la comercialización de tractores y repuestos; Droguería Popular, C.A.G., C.A., para la distribución de medicamentos; y Silos Mantenimiento y Almacenamiento de Cereales, C.A. (Silmaca), productora de harina de maíz.
En varios espacios televisivos, Matos ha hablado del éxito de la distribución de la harina Doña Goya y, en suma, de la solvencia de su empresa: según repite, Silmaca es un ejemplo de cómo capear una adversidad económica como la venezolana. Pero hay números que ponen en entredicho sus aseveraciones publicitarias.
Una fuente relacionada con Silmaca explica que, puertas adentro, la realidad es distinta. La harina solía ser distribuida por la gubernamental Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), un ente que no necesariamente se destaca por sus exigencias de calidad. Aun así, “la harina producida por Silmaca, que solía ser vendida bajo la marca Doña Goya, tiene un veto en Cuspal debido al incumplimiento en los estándares de calidad para el consumo humano”, asevera la fuente.
Por separado, algunos comentarios en redes sociales sustentan la afirmación de la calidad ínfima de la harina Doña Goya. “Es de mala calidad. La harina que viene en las bolsas Clap es mala. ¿Creerán que los beneficiarios de la bolsa no somos dignos de recibir calidad?”, comentaba una usuaria de Twitter en agosto de 2021. “(De) la harina Doña Goya nos dan la amarilla, y bien mala que es también”, añadía alguien en la misma red en febrero de 2022.
Lo otro que señala la fuente, cuya identidad se reserva para garantizar su seguridad, es que las deudas se multiplican. “A pesar de que la compañía ha estado endeudándose en los últimos años, en el 2022 bajó la producción de harina: solo estaba produciendo a 10% de su capacidad”. A lo que añade: “Silmaca se encuentra en condiciones de quiebra, habiendo caído en moratoria con los bancos”.
Sustentan esta afirmación tres documentos a los que Armando.info ha tenido acceso, y que reflejan las deudas de la empresa de Matos con dos instituciones estatales: el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro. Todos los documentos datan de marzo de 2023.
En un correo electrónico de ese entonces, una gerente del Banco de Venezuela (cuyo cargo exacto y nombre se omiten en este reportaje) envía un mensaje a Milenis Daniela Bandres Pérez (según se constató, socia de Silmaca, junto con Javier José Herrera Ramos y José Ángel Matos, además del diputado), y con copia a Matos, en el que se detalla la deuda con el banco: 1,2 millones de dólares. Como apostilla, un mensaje: “Por favor, indícanos tu planteamiento de pago. Gracias, y a la espera de tus comentarios”.
Pero, a juzgar por el siguiente correo electrónico, del 20 de marzo, no hubo los comentarios esperados. Cinco días después, un nuevo mensaje de la misma gerente a Bandres Pérez reclama: “Nos encontramos a la espera de su planteamiento de pago, del crédito que ya venció este mes. Es de suma importancia contar con su información de qué monto va a cancelar este mes”.
Por su parte, para el reciente 16 de marzo de 2023, en el sistema del también estatal Banco del Tesoro aparecía una deuda de Silmaca por 1,4 millones de bolívares, o unos 61.000 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) de ese día. Esta deuda parte del 26 de septiembre de 2022. El total inicial era de 3,57 millones de bolívares (aproximadamente, 441.000 dólares, según cálculo sobre la tasa del BCV de ese día). Entonces, hasta marzo de 2023, Matos adeudaba a los dos bancos alrededor de 1,6 millones de dólares.
Los bancos no han sido los únicos en reclamar pagos a Silmaca. Otras de las deudas que refiere la fuente es con “la Agropecuaria La Unión, la cual le otorgó un financiamiento de cinco millones de dólares para la compra y venta de maíz”. Sobre esta deuda, Armando.info tuvo acceso al documento de totalización del monto, que debía ser cancelada entre septiembre y diciembre de 2022 y que, para la fecha de la carta de reclamo, el 6 de febrero de 2023, seguía sin pagar.
Contra esos vientos y mareas, como una forma de posicionamiento público y apalancamiento financiero, Silmaca comenzó a cotizar en la Bolsa de Caracas, según consta en el mismo Banco Central de Venezuela. Los macrotítulos de Silmaca han sido avalados por Ratio, Casa de Bolsa, como consta en una copia de estos al que también tuvo acceso Armando.info.
scribd.vdownloaders.com_macrotitulo-de-silmacaPatria para todos, negocios para pocos
Echando la vista atrás, una fuente del sector agrario, que pidió la reserva de su identidad como condición para declarar en este reportaje, explica que la historia del surgimiento de Matos está asociada al mismo partido que lo postuló a la diputación: Patria Para Todos.
“Era un productor normal de Guárico. Siempre estuvo relacionado con el PPT. Cuando pasa a otro escalón es cuando comienza a relacionarse con gente del gobierno. Pero él [Matos] conectó a través de este gobernador”.
El gobernador al que se refiere la fuente es Eduardo Manuitt, quien mandó en Guárico desde 1998 hasta 2008 como figura de PPT, una escisión de La Causa R que ya apoyaba la primera candidatura de Hugo Chávez a la Presidencia de la República en 1998. La franquicia quedó finalmente en manos de una facción adepta al chavismo, luego de que a comienzos de la década de 2010 la dirigencia del partido amenazara con una ruptura con la Revolución que quedó sofocada por una sentencia del también oficialista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Fue esa facción la que apoyó a Matos en su camino a la diputación.
Si bien la filiación política de Matos fue más discreta en aquellos años de génesis de Silmaca y de sus otras empresas, las asignaciones para su beneficio no lo fueron. Por la extinta Comisión Nacional de Divisas (Cadivi), Tracto-Llano recibió 9,5 millones de dólares, además de que Silmaca estuvo incluida en una selecta lista de ocho empresas venezolanas autorizadas para comerciar, con facilidades y exoneraciones, tractores y repuestos desde Argentina, como parte de los acuerdos entre los gobiernos de Hugo Chávez y de la pareja de Néstor y Cristina Kirchner.
Amén de esas asignaciones, lo mejor para Matos llegaría en la década siguiente, paradójicamente, en la época de crisis más honda de la economía venezolana.
Dualidad chirriante
Para finales de 2016 la economía venezolana había naufragado. Por contraste, fue en ese contexto que Silmaca comenzó a prosperar.
De diciembre de ese año datan algunas notas de prensa que daban fe de las alianzas estratégicas entre la empresa e instituciones gubernamentales: Silmaca fue considerada un aliado para combatir lo que la propaganda gubernamental llamó la “guerra económica”, aquella narrativa con la que los gobiernos del chavismo aseguraron tomar decisiones económicas para luchar contra la usura sediciosa atribuida al sector privado.
En 2017, la simbiosis gobierno-Silmaca se concretó de manera definitiva y estuvo aupada por tres actores principales: Rodolfo Marco Torres, ministro de Alimentación y exgobernador de Aragua; Wilmar Castro Soteldo, ministro de Producción agrícola y Tierras; y Tareck El Aissami, entonces vicepresidente de la República.
En un acto en el Poliedro de Caracas el 27 de marzo de 2017, como parte de un encuentro denominado Expo Venezuela Potencia, El Aissami y Maduro entregaron a Matos un crédito por 10.000 millones de bolívares (o 1.000 millones de dólares, tomando en cuenta que la tasa oficial para esa fecha, según el BCV, era de 10 bolívares por dólar).
El Aissami advirtió en el acto que la intención de ese y los otros créditos entregados era impulsar “la exportación para que esos créditos sean pagados en divisas nuevamente”. Trastabillante, José Leopoldo Matos agradeció a Maduro: “Cuente conmigo, cuente con mi familia. Estoy agradecido, no lo voy a defraudar. Vamos a ampliar la planta [de Silmaca]. De 150.000 toneladas [de harina de maíz producida] que tenemos al día, queremos llevarla a 300.000. También vienen una planta de aceite, margarina y mayonesa. Vamos a sembrar 50.000 hectáreas de maíz y sorgo”.
Las 50.000 hectáreas a las que se refirió Matos fueron otorgadas por el mismo gobierno en los días sucesivos; la concesión la avaló Castro Soteldo en su condición de ministro de Tierras.
Rápidamente, Matos y Silmaca comenzaron a ser conocidos como la contraparte gubernamental de Empresas Polar, productora de la harina precocida que alimenta al país y emblema del empresariado venezolano tradicional, con el que el chavismo convive con dificultad y por la fuerza de las realidades.
Otra fuente del sector industrial agrario, que también opta por el resguardo de su nombre, refiere que los créditos concedidos en época de hiperinflación tenían la ventaja de que no suponían una carga para el beneficiario. Así lo explica: “Los créditos como el otorgado a Matos se pagaron solos con la inflación (N.d.R.: se refiere la fuente a la devaluación del bolívar frente al dólar durante los años de hiperinflación). Mucha gente hizo mucho dinero con esos créditos en bolívares y a tasa cero. No eran indexados en ese momento y luego vino la hiperinflación, de modo que todo fue ventajoso”.
El 28 de marzo, mientras se desarrollaba la Expo Venezuela Potencia 2017, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (la 155) anuló la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional de entonces, de mayoría opositora. Lo que fue catalogado como un Golpe de Estado, incluso por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hasta aquel momento, cercana al chavismo, motivó las protestas que entre abril y julio dejaron más de un centenar de asesinados. La respuesta de Maduro, además de activar la represión de sus fuerzas policiales y militares, fue convocar elecciones para una Asamblea Constituyente con la que, finalmente, no se redactó una nueva Carta Magna, como debía ser su propósito explícito, sino que se instauró como una suerte de poder legislativo paralelo a la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora. Prestado al juego, Matos se postuló como constituyentista y ganó una curul el 31 de julio de aquel año.
El artículo 145 de la Constitución vigente –la “de Chávez”, de 1999– especifica que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y que, por lo tanto, no podrán firmar contrato alguno con éste. Más adelante, el artículo 190 está dedicado de manera exclusiva a los diputados: “No podrán ser propietarios o propietarias, administradores o administradoras o directores o directoras de empresas que contraten con personas jurídicas estatales, ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo con las mismas”.
Luego, el artículo 34 de la Ley del Estatuto de la Función Pública prohíbe a los funcionarios estatales “celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otro, con la República”, así como “intervenir directa o indirectamente en las gestiones que realicen personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pretendan celebrar cualquier contrato con la República”.
El numeral 4 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal alerta sobre responsabilidades administrativas como consecuencia de “la celebración de contratos por funcionarios públicos, por interpuesta persona o en representación de otro, con los entes y organismos” del Poder Público.
Más allá, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en el artículo 45, expone que “se entenderá que atentan contra la ética pública y la moral administrativa, los funcionarios públicos que cometan hechos contrarios a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, puntualidad y transparencia”.
Pero nada de ese arsenal legislativo disuadió a Matos de seguir expandiendo su cartera de negocios con el Estado. Como tampoco persuadió al Estado para impedirlo.
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