Un juez federal de Estados Unidos rechazó retrasar el juicio previsto para el próximo 27 de junio contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la “enfermera” de Hugo Chávez y que responderá por tres delitos relacionados con lavado de dinero.
La abogada Marissel Descalzo había solicitado esta semana a la corte en Fort Lauderdale, al norte de Miami, retrasar el juicio unos días debido a asuntos personales y al “voluminoso” expediente.
Sin embargo, el juez a cargo, William P. Dimitrouleas, negó esa petición y además adelantó del 24 al 22 de junio una audiencia previa al juicio, en el que Díaz Guillén enfrenta cargos de “conspiración para cometer blanqueo de capitales” y “blanqueo de capitales”.
La defensa de la enfermera, extraditada desde España a Estados Unidos el pasado 12 de mayo, se quejó de que apenas el pasado 4 de junio comenzó a recibir documentos del expediente.
Descalzo subrayó que además de sus asuntos personales, su cliente está detenida en West Palm Beach, una ciudad a más de 100 kilómetros (61 millas) de su despacho en Miami, lo que hace más complicadas sus reuniones.
El pasado 24 de mayo la acusada se declaró no culpable ante el juez William Matthewman, en los tribunales de West Palm Beach.
Según los documentos judiciales, el juez Matthewman falló el pasado 1 de junio en contra de la libertad bajo fianza de Díaz Guillén tras la advertencia de la Fiscalía de peligro de fuga.
El juicio será presidido por el juez Dimitrouleas, de la corte federal de Fort Lauderdale, ciudad ubicada unos 46 kilómetros (unas 28 millas) al norte de Miami.
Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron muy cercanos a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer.
Son conocidos como la “enfermera” y el “guardaespaldas” de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció del 2011 al 2013, y él fue su jefe de seguridad.
Aparentemente sus relaciones con el actual dictador, Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país.
En la misma causa está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.
Según la Fiscalía, Gorrín, prófugo de la Justicia de EE.UU., pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, la “enfermera” y Alejandro Andrade Cedeño, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.
Díaz Guillen tiene doble nacionalidad, española y venezolana, según los documentos del caso.
EFE.
