La CIDH reclamó a Ecuador recuperar el control de las cárceles y darle condiciones dignas a los presos

En su último informe, estableció que el Estado debe desarrollar una política enfocada en la prevención del delito y no en el endurecimiento de las penas

En su más reciente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio lineamientos a Ecuador para que supere la crisis en el sistema carcelario que ha dejado al menos 316 muertos por la violencia en las prisiones. De acuerdo con la CIDH, el Estado debe recuperar el control de las cárceles y desarrollar una política enfocada en la prevención del delito y no en el endurecimiento de las penas cuya sanción es la cárcel.

La Comisión reconoce que las prisiones ecuatorianas están en manos de bandas criminales. Además, el Estado ecuatoriano reconoció que no tiene control de lo que sucede al interior de los Centros de Rehabilitación, que se han convertido en los cuarteles de operación de las pandillas carcelarias. En las cárceles de Ecuador, “los líderes de estos grupos (bandas criminales) cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios”.

La CIDH elaboró su informe con base en la visita que realizó a Ecuador entre el 1 y el 3 de diciembre de 2021. La visita estuvo liderada por el Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad, Comisionado Stuardo Ralon, junto a Tania Reneaum Panszi, Secretaria Ejecutiva, María Claudia Pulido, Secretaria Adjunta de Monitoreo y Cooperación Técnica, y equipo técnico. En el documento se aborda la preocupación por la falta de controles y por la corrupción dentro de los reclusorios: “la ausencia de control efectivo por parte del Estado en los centros donde ocurrieron los hechos de violencia más graves, lo que habría derivado en que en la práctica, el control intracarcelario esté a cargo de las propias personas detenidas”, se lee un comunicado.

Durante el 2021, los baños de sangre en las prisiones dejaron centenares de muertos. La mayoría de las personas asesinadas eran jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusados por delitos menores, y algunos, incluso, contaban con la boleta de excarcelación, según lo publicado por la Comisión.

Según la CIDH, los problemas del sistema carcelario del Ecuador son » carácter estructural que se viene acuñando desde hace por lo menos dos décadas”. Las principales razones de la crisis, de acuerdo al informe, son el debilitamiento de la institucionalidad, la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su impacto en el ámbito penitenciario, que se realizó en el 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno. También entre las causas están la corrupción, la falta de un registro adecuado de las personas privadas de libertad, la disminución presupuestaria, la falta de personal de custodia, la ausencia de una política penitenciaria, la política de encarcelamiento y no de prevención del delito, el hacinamiento, la creación de mega cárceles, el uso indiscriminado de la prisión preventiva, entre otros.

Cambios en la política pública, dignidad para los presos y menos hacinamiento

En su informe la Comisión señala que los Estados deben establecer estrategias para desmantelar las estructuras criminales arraigadas en los centros penitenciarios que controlan diversas actividades delictivas, tales como el tráfico de drogas, alcohol y el cobro de cuotas extorsivas a otras personas detenidas e indica que “ha identificado que, por lo general, estas estructuras operan en complicidad con autoridades penitenciarias y de otras fuerzas de seguridad”.

La CIDH es enfática en señalar que deben existir políticas integrales que se enfoquen en la prevención del delito y en la reinserción social. Ecuador, según se explica en el documento, tiene una política punitivista y securista enfocada “en altos niveles de encarcelamiento y la construcción de megacárceles, la aplicación de la prisión preventiva en contraposición de los estándares internacionales en la materia; ampliación de delitos penales con pena privativa de libertad; endurecimiento de penas, y desafíos para la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva y de otros beneficios de excarcelación”.

Además, la Comisión se refiere a que la institucionalidad del sistema penitenciario está debilitada por » falta de información clara, consolidada, sistematizada y automatizada sobre la población penitenciaria; insuficiente presupuesto para el sistema penitenciario junto con la falta del enfoque en la rehabilitación, e inadecuado personal penitenciario”.

IMAGEN DE ARCHIVO. Familiares de reclusos esperan en la cárcel Penitenciería del Litoral después de un motin que dejó presos muertos y herifos, en Guayaquil, Ecuador, September 28, 2021. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Entre las recomendaciones que entrega la Comisión en el informe está que se incremente el personal de las prisiones que debe estar a cargo de la seguridad en los centros penitenciarios. Además, insta a que el gobierno actúe en la reducción de la población carcelaria para “remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido”.

Una de las acciones concretas que establece la Comisión es que “de manera prioritaria, no debe admitirse ninguna persona detenida al centro de privación de libertad Guayas No. 1. Ello, en atención a la sobrepoblación, los altos niveles de violencia y la falta de control efectivo por parte de las autoridades”. La CIDH se refiere a la Penitenciaría del Litoral, donde se produjeron las masacres el año anterior.

Otra de las recomendaciones en las que la CIDH hace énfasis es el uso adecuado de la prisión preventiva, una medida cautelar que debería usarse de manera excepcional, pero que en Ecuador se utiliza casi como regla. La Comisión indica que el mal uso de este recurso ha provocado que 14.274 (39 %) de 36.599 presos del Ecuador, hasta noviembre de 2021, estén recluidos sin condena.

En su visita, que sirvió para la elaboración del informe, la delegación de la CIDH constató que las cárceles del Ecuador mantienen condiciones indignas para los presos y concluyó que estos centros “se alejan de los estándares interamericanos en materia de privación de libertad”. Entre las recomendaciones, la Comisión reclamó garantías para los presos y pidió que el Estado implemente “condiciones de detención compatibles con la dignidad humana y con el respeto de los derechos humanos” y que los reclusos sean atendidos con personal de salud y con “agua suficiente, salubre y aceptable”.