La industria de criptoactivos en Venezuela se encuentra en una situación difícil luego de que el régimen chavista suspendiera temporalmente la minería de criptomonedas en marzo de este año, luego de descubrir un gran esquema de corrupción en el que se usaron billeteras de criptomonedas para desviar fondos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Nicolás Maduro había sido uno de los principales promotores del uso de criptomonedas y del petro, un token emitido por el chavismo como alternativa al bolívar frente a la hiperinflación y una herramienta para evadir sanciones de Estados Unidos.
Sin embargo, el petro nunca tuvo éxito y dejó de cotizar el 24 de mayo.
La prohibición de la minería de criptomonedas ha afectado a muchos mineros que nada tienen que ver con el escándalo petrolero. La mayoría de ellos se dedican a minar bitcoin, no el petro, que es 100% “preminado” por el régimen.
Según estimaciones de grupos mineros, se han desconectado unas 75.000 unidades de equipos de minería, lo que equivale a toda una flota de máquinas propiedad de una importante empresa minera que cotiza en bolsa, como Riot Platforms Inc.
Muchos mineros están pasando problemas de liquidez y podrían verse obligados a cerrar definitivamente si la prohibición se mantiene.
La minería de criptomonedas es legal en Venezuela desde 2018, pero aún existen muchos mineros que no se han puesto al día.
La Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) publicó en septiembre del año pasado la Providencia N° 084-2020, con el fin de regular las actividades relacionadas con el uso, importación y comercialización de equipos de minería digital.
También contempla los permisos para hospedaje de granjas, los servicios de reparación, ensamblaje y fabricación de estos aparatos en Venezuela.
Para realizar el procedimiento administrativo de recepción y validación de licencias, la Sunacrip creó un Registro Integral de Mineros (RIM).
La investigación sobre el escándalo petrolero ha llevado a la detención de unas 80 personas, entre ellas el ex ministro de Tecnología Hugbel Roa, que jugó un papel clave en la promoción del Petro, y Joselit Ramírez, que dirigía la superintendencia de criptomonedas.
Se les acusa de vender crudo venezolano a través de la agencia de supervisión de criptomonedas del país sin pagar tarifas a Pdvsa. A pesar de las detenciones, persiste la prohibición de la criptominería en Venezuela.
