Incluso con el nuevo gasoducto de Vaca Muerta, Argentina no cubre todo el gas que se importa en invierno desde Bolivia. El “socialismo del siglo XXI” se empieza a desmoronar y afecta a sus aliados más importantes.
El cimbronazo económico en Bolivia comienza a impactar de lleno en Argentina y condiciona severamente el normal abastecimiento de gas licuado para el norte del país. La constante caída de la producción boliviana hace que ya no sea posible garantizar la provisión de 13 millones de metros cúbicos para el invierno de 2023, algo que sí se logró el año pasado.
Incluso si el nuevo gasoducto en Vaca Muerta se logra terminar en tiempo y forma (programado para junio), este solamente sería capaz de aportar hasta 11 millones de metros cúbicos de gas al día y la suma no alcanza para abastecer las necesidades energéticas normales para cualquier invierno. Sólo a partir de septiembre el gasoducto alcanzará una capacidad de transporte de hasta 20 millones de metros cúbicos diarios, pero antes no será posible.
Frente a la caída de la producción boliviana, las cada vez más escasas exportaciones que realiza este país tienen prioridad para Brasil debido a que este último no aplica controles cambiarios y es capaz de abonar precios internacionales. En Argentina, la importación se realiza a través del cambio oficial y la administración de la empresa estatal ENARSA.
La secretaria de Energía Flavia Royón viajó a Brasil en busca de un acuerdo para reducir la cuota de compra de este último sobre el gas boliviano y así volver a recuperar la prioridad para Argentina, pero no se logró ningún tipo de avance significativo en esta materia.
Las políticas aplicadas por los sucesivos Gobiernos kirchneristas terminaron por destruir el superávit energético que Argentina había logrado en la década de los 90s, bajo la conducción de Carlos Menem y sobre un sistema casi totalmente controlado por la iniciativa privada.
El desacople dramático de los precios internos con los internacionales, los controles cambiarios, el congelamiento de tarifas desde 2002 y las nacionalizaciones terminaron convirtiendo al país en un importador neto de energía a partir de la década del 2000.
Asimismo, la economía de Bolivia se enfrenta a las consecuencias más nocivas del “socialismo del siglo XXI”. Así como Argentina, la economía boliviana pasó de explotar sus ventajas comparativas en la exportación de gas a consentirse en un importador neto de energía a partir de abril de 2022. Las importaciones no hicieron más que crecer por la necesidad interna de abastecimiento que la producción local ya no pudo sostener, y por la misma razón declinaron las exportaciones.
El socialismo boliviano nacionalizó completamente los yacimientos y la explotación de los recursos energéticos, abortando la proliferación de la inversión privada nacional y extranjera. La producción de gas bajo el comando estatal se redujo a tan solo 14,5 millones de metros cúbicos diarios en 2022, cuando se había registrado un pico de 22 millones en el año 2015.
Por otra parte, la excesiva apreciación cambiaria en los últimos 10 años (solamente sostenida sobre la base de perder reservas internacionales) fue un elemento que abarató las importaciones y deterioró la competitividad de las exportaciones. El régimen de Luis Arce se muestra reacio a modificar la paridad cambiaria y permitir una devaluación, pero el Banco Central de Bolivia ya casi agota completamente sus tenencias de divisas.
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