Aprovechando el colapso de FTX, la rama más radicalizada y extremista del Partido Demócrata propone una nueva ley contra el “blanqueo de dinero” que impone una serie de requisitos de identificación y rastreo de transacciones sobre wallets de criptomonedas.
Tras la detención del criminal y principal financista del Partido Demócrata Sam Bankman-Fried, y a la luz del que posiblemente constituye el mayor fraude financiero en la historia reciente de los Estados Unidos, las voces extremistas dentro del Senado estadounidense aprovechan el colapso de FTX para proponer más regulaciones al sistema.
La senadora socialista Elizabeth Warren y el senador republicado anti-trumpista Roger Marshall, presentaron formalmente la “Ley contra el Blanqueo de Dinero de Activos Digitales”, que propone introducir una serie de regulaciones sobre la industria de criptoactivos para socavar la privacidad de los clientes y llevar a cabo un monitoreo de transacciones.
El proyecto determina que los proveedores de servicios de wallet digitales, mineros de criptomonedas, validadores y otros usuarios de la red, serán tratados como empresas de servicios monetarios, y bajo este estatus legal deberán ceñirse a los requisitos de “conozca a su cliente” (KYC por sus siglas en inglés).
Se trata de una serie de pautas de identificación de los clientes que operan con criptomonedas. Las plataformas y las redes de estos sistemas se verían obligadas a informar la identidad de sus clientes y los movimientos transaccionales realizados a la Agencia de Lucha contra los Delitos Financieros.
Es la segunda vez que se proponen este tipo de medidas desde diciembre del año 2020, por lo que las regulaciones sujetas a debate no forman parte de una respuesta a un problema coyuntural como lo fue la quiebra de FTX, sino que más bien se conforma una excusa para revitalizar una iniciativa que buscaba ser aprobada con anterioridad.
La legislación pretende aprobar la prohibición de cualquier institución financiera para utilizar servicios de “mezcladores” de activos digitales. Estas herramientas le permiten a los usuarios realizar transacciones privadas mediante una aplicación que reúne las criptomonedas depositadas, y las mezcla para garantizar que las transacciones queden ocultas y en formato anónimo. El proyecto de Warren y Marshall supone el fin de estas maniobras.
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa es que realmente no se abordan avances sobre los mecanismos de control y auditoría para evitar estafas financieras como la de Sam Bankman-Fried, sino que se pretende exclusivamente la regulación de la actividad financiera para afianzar el monitoreo de transacciones privadas.
Se dispone de la aprobación de una auténtica violación a la privacidad y la autonomía personal de los usuarios, creando un mayor rol de la vigilancia gubernamental sobre las transacciones del mismo modo en que ya ocurre en países autoritarios como China, Rusia y Corea del Norte.
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