El presidente uruguayo lanzará este lunes el debate parlamentario para la nueva reforma jubilatoria en el país. Los cambios apuntan a mejorar la solvencia del Estado y profundizar el ahorro privado como fuente del crédito doméstico.
La coalición gobernante en Uruguay, dirigida por el presidente Luis Lacalle Pou, se prepara para el debate y el lanzamiento de la reforma jubilatoria más importante de las últimas dos décadas.
Los cambios abordados buscarán garantizar la solvencia intertemporal del sistema previsional uruguayo, considerando factores como el envejecimiento poblacional natural y la dinámica de la oferta laboral. El principal objetivo será preservar el equilibrio fiscal sobre las finanzas públicas para las próximas décadas.
Todos los cambios presentados por el proyecto de Lacalle Pou afectarán pura y exclusivamente a aquellas personas nacidas a partir de 1967. Aquellas nacidas antes de esa fecha tendrán las mismas potestades y obligaciones que establece el régimen jubilatorio actual, y no se verán afectadas de ningún modo.
Los pilares de la reforma de Lacalle Pou
Reorganización de la estructura del sistema
Hasta ahora, y desde la privatización parcial del año 1996, el sistema previsional uruguayo se basa en un régimen mixto en donde los cotizantes pueden decidir si aportar a instituciones administradoras privadas de fondos o bien aportar para el Estado.
Con la reforma, la parte del sistema bajo reparto estatal que actualmente se divide en múltiples cajas especiales como la del Banco de Previsión Social (BPS), la Caja Policial o la bancaria, entre muchas otras, será simplificada y centralizada en un mismo sistema común. Se creará un nuevo sistema previsional común para todas las cajas, con las mismas reglas de juego.
Devolución de impuestos y garantía de la capitalización
El sistema de capitalización individual no tendrá cambios estructurales y cada cotizante podrá seguir eligiendo dónde aportar (siempre y cuando habiéndose superado el ingreso mínimo dispuesto por ley), pero la reforma reconocerá incentivos tributarios.
El proyecto oficialista propone que el descuento de 2 puntos porcentuales sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se realiza por el uso de pagos a través de tarjetas de débito, será destinado a la cuenta de ahorro individual de cada persona en lugar de ir a manos del Estado a modo de recaudación. Se trata de una devolución de impuestos en beneficio de los cotizantes del sistema.
Aumento de la edad jubilatoria
La principal reforma sobre la solvencia del sistema de reparto será el aumento de 60 a 65 años sobre la edad mínima requerida para poder jubilarse. La transición se aplicará de manera gradual, proyectada para finalizar en el año 2036.
Se aplica así un esquema de transición entre el sistema actual y el nuevo sistema tras la reforma. Las personas nacidas hasta 1973 podrán jubilarse a los 63 años de edad, los nacidos en 1974 se jubilarán al cumplir los 64 años, y finalmente los nacidos en 1975 cumplirán con los 65 años dispuestos por el nuevo sistema.
Estos cambios permiten compensar el efecto progresivo del envejecimiento poblacional acumulado hasta la fecha y proyectado para los próximos años, garantizando así la disciplina fiscal y la erradicación de mayores desequilibrios que puedan poner en peligro el pago de jubilaciones futuras.
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