El paquete de medidas alcanzará a la gran mayoría de los contribuyentes, un total de 340.000 familias se verán beneficiadas por los recortes tributarios. El Gobierno mantiene al mismo tiempo una estricta disciplina fiscal, y logró eliminar completamente el déficit del presupuesto.
Después de presentar en la Asamblea Nacional el pasado 11 de mayo el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familia, la segunda reforma tributaria de su administración, el presidente Guillermo Lasso decidió aprobar por decreto la histórica baja de impuestos valiéndose de los nuevos poderes extraordinarios que tiene tras sancionar la “Muerte Cruzada“.
Este miércoles, tras un intento ilegal de la oposición en Ecuador por destituirlo, el presidente de derecha decidió usar la “Muerte Cruzada”, como se conoce popularmente al artículo 148 de la Constitución, que permite al jefe del Ejecutivo disolver el Congreso y gobernar por decreto durante 6 meses hasta que se celebren elecciones generales nuevamente.
Lasso firmó esta tarde el Decreto °741 que establece la disolución del Congreso por “grave crisis política y conmoción interna” y dispuso que se convoquen elecciones generales anticipadas.
Como su primera medida tras recibir estas nuevas funciones, sancionó esta importante legislación que baja impuestos, a diferencia de la primera reforma que había logrado pasar por el Congreso luego de aceptar combinar aumentos y rebajas impositivas como parte de una primera reorganización del sistema.
El punto fuerte de esta reforma es la rebaja de la carga sobre el Impuesto a la Renta (IR), que fue previamente aumentado en 2022 del 35% al 37% sobre el tramo marginal superior. Esta vez el Gobierno opera principalmente sobre las deducciones, con lo cual el nuevo esquema tendrá impacto inmediato y no habrá que esperar hasta el próximo año fiscal.
Con la reforma, los gastos deducibles pasarán a definirse de acuerdo a las canastas familiares y habrá un tope de hasta 20 canastas (antes el tope máximo estaba fijado en solo 7 canastas como regla general). En otras palabras, habrá un tope de deducción fiscal equivalente a los US$ 15.294 anuales, cuando antes representaba no más de US$ 5.000 anuales.
Se estipula una distinción entre el gravamen de cada persona de acuerdo a sus cargas familiares. Para los contribuyentes sin cargas familiares el tope de gastos deducibles será de 7 canastas, mientras que el número va aumentando conforme se declaren más cargas familiares hasta llegar al nuevo máximo de 20 fijado por la ley.
Se estima que el 99% de los contribuyentes del impuesto se verán directamente afectados por la rebaja, pero naturalmente el impacto será más que proporcional para los sectores de menores recursos porque la deducción implica un mayor porcentaje de su ingreso imponible.
También se anunciaron medidas para las empresas, los pequeños emprendimientos y los trabajadores independientes. Cerca de 500.000 trabajadores catalogados como artesanos volverán a incorporarse a un régimen tributario simplificado bajo la “Ley del Artesano”.
Se anunció la reforma del Régimen para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE), por el cual hasta ahora las pymes debieron abonar hasta 60 dólares anuales por ventas de entre US$ 0 y US$ 20.000 anuales.
Las modificaciones de Lasso disponen que los comercios con ventas de hasta US$ 2.500 anuales no pagarán ningún impuesto, y para los adherentes restantes al régimen las tasas fijadas oscilarán entre US$ 5 y US$ 60 progresivamente. Un total de 150.000 negocios populares se verán alcanzados con estas medidas, o bien porque dejan de pagar impuesto o porque pagan menos.
El frente fiscal fue sin lugar a dudas la prioridad número uno del Gobierno de Lasso, y en sus primeros 10 meses de gestión logró eliminar completamente el desequilibrio primario de las finanzas públicas. El sector público ecuatoriano disfruta de una situación de superávit primario desde marzo del año pasado, y el último informe del Banco Central (BCE) postula que se llegó a un resultado positivo equivalente al 1,4% del PBI en febrero.
Considerando el pago por los intereses de deuda pública el resultado financiero arrojó un déficit de solamente el 0,34% del PBI en el acumulado anual de febrero. La estricta disciplina fiscal permitió contener al índice de Riesgo País a pesar de las profundas turbulencias políticas que atraviesa el país.
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