Fueron funcionarios en los anteriores gobiernos de El Salvador y los capturaron como respuesta propagandística del gobierno ante los señalamientos de Estados Unidos a funcionarios del actual presidente por corrupción. A algunos, sus familiares nunca han podido visitarlos en prisión
Al médico Ever Henríquez Cruz lo cambiaron de cárcel sin que su familia se diera cuenta. Si su esposa y su hermana lo supieron fue por casualidad, cuando en un recibo que les dieron tras pagar la alimentación del preso vieron que la prisión donde había estado ya no era la misma. Así han pasado el año y dos meses largos de este hombre, uno de los presos políticos del gobierno de Nayib Bukele, sin que su familia apenas se entere de su suerte tras las rejas.
Cuenta Ivania Cruz, hermana de Ever, que pasaron seis meses hasta que Osiris Luna Meza, el jefe de prisiones del gobierno Bukele, dejó a un abogado entrar al penal La Esperanza en Mariona, la cárcel más grande del país, a ver al reo. Ahí habían llevado en abril de 2021 a Ever y a otros cinco funcionarios municipales del partido FMLN, de oposición, bajo cargos de negociaciones ilícitas.
Ever Henríquez Cruz, médico apresado por el gobierno de Nayib Bukele. Familiares aseguran que las acusaciones en su contra son falsas y que ha sido sometido a malos tratos en la cárcel.Uno de los acusados junto a Henríquez Cruz es Francisco Irezi, exalcalde de Zacatecoluca, una ciudad ubicada cerca de la costa salvadoreña, y en su momento miembro de la dirigencia del FMLN, el partido de izquierda que gobernó El Salvador de 2009 a 2019 y al que perteneció Nayib Bukele. A Irezi lo enviaron al llamado sector 9 de Mariona, como se conoce popularmente al Penal La Esperanza, donde guardan prisión otros reos de alto perfil. A Ever lo mandaron al sector 2, uno más hacinado, peligroso e insalubre.
Las noticias que dio el abogado que vio a Ever en la cárcel eran alarmantes: había bajado treinta libras, tenía hongos por todo el cuerpo y casi ninguna atención médica. Además, dijo el abogado, lo habían golpeado.
Ever Henríquez Cruz es uno de media docena de exfuncionarios del FMLN y el derechista partido ARENA, también de oposición a Bukele y el cual gobernó el país después entre 1989 y 2009, a los que el gobierno ha acusado de corrupción, negociaciones ilícitas y fraude. Uno de ellos es Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador y en algún momento cercano a Bukele, quien en una ocasión que salió de la cárcel para atender una audiencia judicial confirmó abusos como los relatados por el abogado de Henríquez Cruz.
“Estoy siendo sumamente maltratado y provocado en el centro penitenciario, han llegado al extremo de meterse en la celda y me han hecho fotos mientras duermo. Me han amarrado, me han golpeado y me han fotografiado semidesnudo”, dijo Muyshondt a principios de este año desde el centro judicial de San Salvador.
El exalcalde también denunció que, desde su celda en Mariona, aledaña a la enfermería, podía ver cómo llevaban presos golpeados a diario, algunos de los cuales no salían vivos. “Yo veo todos los días muertos”, dijo.
Las denuncias de Henríquez Cruz, publicadas a través de su abogado y su hermana, y de Muyshondt coinciden con las hechas por decenas de familiares de salvadoreños a los que el gobierno de Bukele ha detenido desde marzo de este año, cuando la Asamblea Legislativa impuso un régimen de excepción temporal, el cual se ha prorrogado ya cuatro veces, con el argumento de que la restricción de derechos constitucionales es una herramienta eficiente para combatir a las pandillas MS13 y Barrio 18. Con ambas organizaciones criminales el presidente hizo un pacto de gobernabilidad según investigaciones administrativas y penales realizadas en Estados Unidos y en El Salvador.
Organizaciones locales e internacionales de Derechos Humanos han documentado los abusos. A inicios de julio, Cristosal, una de las ONG salvadoreñas que más de cerca ha seguido el régimen de excepción, reportó las muertes de 58 personas que estaban en custodia del Estado salvadoreño. Cristosal había recibido, hasta este mes, poco más de 2,100 denuncias de abusos, detenciones arbitrarias y torturas.
Tanto el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas han recibido cartas de familiares de detenidos y organizaciones salvadoreñas que alertan sobre los abusos.
A principios de junio, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos de la OEA (CIDH) pidió al gobierno de Bukele “garantizar las condiciones de detención dignas, asegurar alimentación suficiente y de calidad, y garantizar el contacto de las personas detenidas con el mundo exterior a través de visitas y llamadas regulares”.
En enero de este año, el Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) y otras organizaciones presentaron una solicitud de audiencia a la CIDH en los casos de las exfuncionarias del FMLN Violeta Menjívar y Erlinda Hándal. Aún no hay respuesta. El 23 de junio pasado, la CIDH sí realizó una audiencia especial en Washington para conocer la situación de los presos en general, a la cual el Estado salvadoreño decidió no presentarse.
“Han sido sometidos a torturas”
Para los casos de los presos políticos, como los llaman parientes y colegas de los exfuncionarios organizados en COFAPPES, la Fiscalía General (FGR), dirigida por un abogado impuesto por Bukele, ha recurrido sobre todo a testigos criteriados, que es como se conoce en la legislación salvadoreña a los supuestos miembros de estructuras criminales que colaboran con las autoridades a cambio de beneficios penales.
A 10 exoficiales de alto rango en los gobiernos de los presidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, la FGR los acusa de lavado de dinero asociado con el recibo de más honorarios de los contemplados en el Presupuesto General de la Nación. El principal testigo en este caso, por el que han ido a prisión dos exministros y tres exviceministros del FMLN, es Francisco Cáceres, quien fue secretario privado de Funes y ha negociado beneficios con los fiscales.
Tres de los exfuncionarios que fueron apresados pidieron a la FGR procesos abreviados, que consisten en aceptar culpa, pagar multas y dineros reclamados por el Estado a cambio de medidas sustitutivas a la cárcel. COFAPPES, sobre estos casos, dice: “Este comité desconoce lo que pueda derivarse de dicha decisión personal, pero sabemos que también nuestros compañeros han sido sometidos a torturas por falta de comunicación con el mundo exterior, como también a la presión de aceptar cargos aun siendo inocentes… para que puedan estar fuera de la cárcel mientras el proceso sigue, ya que se agotan las esperanzas…”
Ever Henríquez Cruz (camisa amarilla) durante una audiencia judicial en El Salvador.A Ever Henríquez Cruz lo capturaron en abril de 2021 y lo acusaron de ser parte de una red municipal que se lucraba, de forma irregular, de fondos públicos. Su hermana Ivania, quien es abogada, asegura que no hay pruebas contundentes, por lo que el gobierno de Bukele ha optado por juicios mediáticos a través de los medios de comunicación que controla, tanto oficiales como comerciales.
“No hay pruebas en estos casos, por eso crean estas narrativas que los hacen culpables y usan testigos criteriados y documentación falsa”, dijo la mujer a Infobae durante una entrevista realizada en un suburbio de Washington, DC. Cruz y otros miembros de COFAPPES viajaron a capital estadounidense a finales de junio para llevar sus denuncias a organizaciones internacionales de derechos humanos, activistas y tanques de pensamiento con oficinas en la ciudad.
Mismas acusaciones, otro tratamiento
Mauricio Ramírez Landaverde fue ministro de seguridad pública y director de la Policía Nacional Civil en los gobiernos del FMLN. En 2016, la Corte de Cuentas de la República, que es la contraloría salvadoreña, advirtió a Ramírez que fondos provenientes de pequeñas tiendas de abarrotes y alimentos instaladas en las cárceles del país eran manejados de forma opaca. Como respuesta, el gobierno en aquel entonces hizo modificaciones de ley y creó una asociación sin fines de lucro para manejar los fondos. La contraloría avaló el mecanismo.
Poco después de asumir la presidencia del país, en junio de 2019, Nayib Bukele acusó públicamente a Ramírez Landaverde y otros funcionarios de desviar US$14 millones de las tiendas carcelarias. Dos años después, en septiembre de 2021, la FGR, ya controlada por el fiscal bukelista, ordenó el arresto de Ramírez.
La legislación salvadoreña establece que un juez de primera instancia tiene que oír el alegato inicial y la oferta de pruebas presentadas por la FGR con el fin de determinar si hay méritos para abrir un proceso judicial y para mantener en prisión a los acusados. Ese juez, en el caso de Ramírez, determinó que el exfuncionario podía estar en libertad mientras el proceso seguía su curso. En noviembre, dos magistrados de segunda instancia afines a Bukele revirtieron la medida y ordenaron que lo enviaran a la cárcel; luego, el caso regresó a un tribunal de instrucción, cuya jueza ordenó que, por su calidad de exfuncionario de seguridad, la vida de Ramírez corría peligro si era enviado a una prisión común, por lo cual ordenó que estuviera detenido en un recinto especial. De nuevo, jueces fieles a Bukele revirtieron eso y enviaron al exministro a una cárcel común y, de paso, la Corte Suprema trasladó a la jueza que había fallado en favor de Ramírez como “castigo”, según un documento de COFAPPES.
Entre septiembre de 2019 y junio de 2020, luego de que Bukele acusó a Ramírez Landaverde de desviar dineros de las tiendas carcelarias, el jefe de prisiones del gobierno bukelista, Osiris Luna Meza hacía precisamente eso: quedarse con el dinero de esas tiendas, según una investigación hecha por la FGR cuando no la controlaba Rodolfo Delgado, el fiscal impuesto por el presidente.
Extracto de una presentación de la fiscalía salvadoreña sobre la investigación por malversación de fondos a Osiris Luna Meza, jefe de cárceles en el gobierno de Nayib Bukele.Un resumen de esa investigación, de la que Infobae tiene copia, establece que Luna Meza lideró una estructura criminal, de la que también formó parte su madre, que desvió al menos US$8.1 millones de las tiendas y montó una red de supervisores que garantizaban el flujo de dinero. Esa red, además, creó al menos 10 plazas fantasma por las que Luna Meza cobró, en un año, US$278,353.48
A Luna Meza, la FGR lo investigó por delitos de peculado, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes como autor directo, a su madre, Alma Yanira Meza Olivares, por peculado.
El gobierno de Estados Unidos avaló y dio credibilidad a las investigaciones que implican a Luna y a su madre. En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro en Washington sancionó a ambos por “participar en un esquema para robar y revender bienes gubernamentales originalmente destinados al alivio de la pandemia por Covid-19… La madre de Luna… actúo como negociadora en algunas de estas transacciones. Adicionalmente, Luna y Meza crearon un esquema para malversar millones de dólares del sistema de tiendas de prisiones”, según un comunicado oficial.
A Meza Estados Unidos también lo señala por ser el representante de Nayib Bukele en su pacto con la MS13 y el Barrio18 y, por ello, el Departamento de Justicia ha preparado una acusación penal contra el jefe de cárceles.
Cuando Ramírez Landaverde fue capturado, el fiscal general Delgado se apresuró a dar declaraciones para acusar al exfuncionario del FMLN de apropiarse de “las utilidades que generaban las tiendas penitenciara y respondían a oscuros intereses”. Cuando, tras ser nombrado por diputados de Bukele como jefe de la Fiscalía, Delgado revisó los casos abiertos, entre los que estaba la investigación a Luna Meza por los mismos delitos, lo que el nuevo fiscal hizo fue desarticular la unidad especial que llevaba el expediente y enterrar todo lo que tocaba a los funcionarios del presidente.
Mauricio Ramírez Landaverde sigue preso. El 4 de julio de este año, la CIDH dio al Estado salvadoreño un plazo de 10 días para responder por acusaciones de que el exfuncionario no está recibiendo el tratamiento médico adecuado por su condición crónica de diabetes. Al cierre de esta nota el gobierno no había aclarado si había respondido esta demanda.
“Una de las decisiones más difíciles de mi vida”
Una mañana de finales de junio Ivania Cruz recibió a Infobae en la casa de la familia salvadoreña donde se alojó en Silver Spring, una ciudad aledaña a Washington, DC. Cruz y Lourdes Palacios, una exfuncionaria del FMLN, son fundadores de COFAPPES y estaban en la capital estadounidense para denunciar la situación de los presos políticos en El Salvador.
La vida de Cruz cambió cuando la policía de Bukele arrestó a su hermano. Desde abril de 2021, el tiempo se le va entre su trabajo y las gestiones, activismo y preparación de documentos necesarios para abogar por los presos. La abogada se ha convertido en uno de los rostros más visibles de COFAPPES y eso, como ha ocurrido con decenas de críticos del régimen de Bukele, le ha costado persecución y desvelos. Cuenta, por ejemplo, que no es raro que deba cambiar el sitio en el que duerme por seguridad, y que la han seguido y vigilado constantemente.
Cruz se refiere a todos los casos, incluido el de su hermano Ever, con un tono pausado, sereno, haciendo espacios para asegurarse que quien la escucha no se pierda en el lenguaje jurídico al que ella está acostumbrada. Ha estudiado todos los procesos de los presos políticos con detenimiento.
Miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) durante una protesta en San Salvador. La segunda desde la izquierda es Ivania Cruz, hermana de Ever Henríquez Cruz.Y, acaso por su familiaridad con los alegatos en las cortes salvadoreñas, Ivania Cruz se guarda los énfasis para algunas respuestas. “Nunca”, dice. “Nunca”, repite la respuesta cuando le pregunto si han permitido a alguno de los familiares ver a su hermano Ever.
El tono de Cruz solo registra un cambio leve al final. La indignación asoma cuando concluye, tras pasar por las pruebas que la FGR ha presentado en los casos, sobre los procesos judiciales. “No hay pruebas en los casos. No hay sentencias condenatorias pero los tratan como condenados”.
Por ahora, la fiscalía de Rodolfo Delgado ha postergado cuatro veces la audiencia en que tiene que presentar las pruebas contra Ever Henríquez Cruz, algo que su hermana Ivania entiende como una táctica dilatoria más. Mientras, el acoso del Estado a la familia Cruz continúa.
“Asumir como vocera de COFAPPES fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Pensamos, con mi familia, si eso no iba a tener consecuencias para mi hermano… si hacíamos la lucha o no hacíamos nada. Sabíamos que hicieramos lo que hicieramos siempre lo iban a tener preso, así que acepté”, cuenta Ivania Cruz.
Desde que tomó la decisión de hablar por los presos, el acoso, que ella atribuye al aparato de inteligencia de Bukele, no ha parado. Este han incluido seguimientos de carros no identificados y la presencia de un vehículo sin placas frente a su casa. Dos hermanas de Cruz pusieron una demanda en la fiscalía por estos hechos, pero no pasó nada. Las dos mujeres tuvieron que salir de El Salvador para evitar daños a ellas o a sus hijos. Solo Ivania y su madre se quedaron.
“Yo he hecho responsable al gobierno y directamente a Osiris Luna si algo me pasa… No me han callado”, dijo.
Pregunto por expectativas sobre el caso judicial de su hermano: “No nos hacemos expectativas. Van a retrasar las cosas y nos vamos ir hasta el juicio, pero va quedando claro que la fiscalía no tiene pruebas”.
