El nuevo decreto establece un nuevo gravamen sobre inversiones financieras, vencimientos de activos, ganancias financieras y remisión de dividendos que perciben residentes pero obtenidos fuera del país. El ajuste de las finanzas públicas recaerá íntegramente sobre el sector privado.
El Gobierno socialista del presidente Lula da Silva anunció un nuevo impuesto con el fin de sanear las ya muy deterioradas finanzas públicas del país. El Gobierno decretó un gravamen que afecta a las ganancias financieras obtenidas por contribuyentes locales en operaciones fuera de Brasil.
Esto incluye la inversión en diversos activos financieros, fideicomisos, bonos y dividendos obtenidos desde el exterior. Hasta ahora, Brasil gravaba las ganancias de capital por parte de residentes y no residentes con operaciones dentro del país, pero a partir de ahora la voracidad tributaria se amplía para tratar de tapar el agujero fiscal que deja el programa socialista.
Se aplicarán las siguientes tasas impositivas: Los ingresos de hasta R$ 6.000 no pagarán impuestos, los montos entre R$ 6.000 y R$ 50.000 tributarán una tasa del 15% y las ganancias superiores a los R$ 50.000 pagarán hasta un 22,5% (la misma alícuota marginal máxima para las ganancias de capital en jurisdicción local).
El decreto del Gobierno incluye una cláusula para considerar la valuación de los bienes derechos en el extranjero y actualizarlos a valores de mercado correspondiente al 31 de diciembre de 2022 para su tratamiento al momento de pagar el impuesto. En este caso, se tributa la diferencia por el costo de adquisición a una tasa del 10% y el impuesto el pago del impuesto se abona antes del 30 de noviembre de este año.
El ministro de Economía Fernando Haddad espera obtener una recaudación fiscal estimada en R$ 3.200 millones para el año 2023, R$ 3.600 millones para 2024 y hasta R$ 6.700 millones en 2025. La totalidad del ajuste fiscal esperado tendrá lugar sobre el esfuerzo del sector privado de la economía, a costa de una fuerte expansión de las erogaciones del Estado.
Solamente en lo que va de 2023, el Gobierno eliminó completamente el techo programado para el gasto público y aprobó una expansión por R$ 145.000 millones (equivalente a 28.000 millones de dólares). También abortó la posibilidad de mantener el equilibrio primario para el año fiscal 2023, y este objetivo se postergó para finales del año 2024.
El tributo anunciado por el oficialismo promete una recaudación anual que solamente alcanza para cubrir el 2,2% de la extensión permitida por el levantamiento del techo de gastos. Esto entra en contradicción con otras medidas tributarias como el aumento del mínimo no imponible para el impuesto de IRPF.
La regla fiscal propuesta por el Gobierno, conocida popularmente como “Calabozo fiscal” establece que las erogaciones no podrán crecer por encima del 70% de lo que aumente la recaudación fiscal. A partir de esta disposición, el Gobierno obtiene vía libre para aumentar el gasto público siempre y cuando también aumente la recaudación fiscal (algo que no podía hacerse con la regla fiscal anterior ejercida por Temer y Bolsonaro).
Pero la nueva regla sobre los gastos y los ingresos no estará vigente sino hasta el año próximo, con lo cual para 2023 el Gobierno de Lula únicamente se atañe a un muy flexible techo de gastos que logró expandir en US$ 28.000 millones hasta diciembre.
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