La administración de Nicolás Maduro se pronunció este jueves luego que el Gobierno de Portugal ordenara la liberación de 1.500 millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano que estaban congelados en el Novo Bank.
En un comunicado, del Gobierno de Maduro «celebró la decisión adoptada por el Tribunal Civil Central de Lisboa» y la catalogó como una «victoria de del pueblo venezolano frente a la estrategia de desconocimiento de la institucionalidad republicana».
Indicó que seguirán ejerciendo las acciones diplomáticas y jurídicas necesarias para retomar todos los recursos «secuestrados» en el exterior.
«Venezuela se reserva el ejercicio de las acciones correspondientes frente a los daños y perjuicios causados a sus entidades y a su población, como consecuencia de la congelación de los recursos que le pertenecen», concluyó.
Este jueves, la entidad lusa dijo que no puede proceder hasta que sean aclaradas ciertas «dudas» sobre el proceso.
«La sentencia emitida por el Tribunal Judicial de la Comarca de Lisboa era aguardada por el Novo Banco y aclara cuestiones que el banco ya había planteado, por su iniciativa, junto a los tribunales portugueses en virtud de las dudas existentes relativamente a la representación legal de las entidades públicas venezolanas», explicó a EFE la entidad bancaria.
República Bolivariana de Venezuela
Comunicado
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela celebra la decisión adoptada por el Tribunal Civil Central de Lisboa (Portugal), mediante la cual ordenó a la entidad financiera Novo Banco devolver a diversas entidades venezolanas, incluyendo Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES), la cantidad de 1.352.739.694,68 Euros que se encontraban ilegalmente retenidos en esa entidad bancaria.
Desde el mismo momento en que los recursos fueron congelados, las entidades venezolanas acudieron a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos, frente a un acto claramente arbitrario que les privaba de ingentes recursos destinados a favorecer el desarrollo de la economía nacional y satisfacer las necesidades esenciales de la población, especialmente durante el período de la pandemia del COVID-19.
En este sentido, la decisión de Tribunal Civil Central de Lisboa constituye una clara y contundente victoria del pueblo venezolano frente a la estrategia de desconocimiento de la institucionalidad republicana, impulsada por poderes internacionales y actores de la vida política nacional, con el propósito de apropiarse de recursos que son de todos los venezolanos y causar sufrimiento a la población.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ratifica que continuará ejerciendo todas las acciones a su disposición, tanto en el ámbito jurídico como diplomático, para restituir los derechos del pueblo venezolano sobre los recursos que le pertenecen y que actualmente continúan ilegítimamente bloqueados en entidades financieras extranjeras.
Finalmente, Venezuela se reserva el ejercicio de las acciones correspondientes frente a los daños y perjuicios causados a sus entidades y a su población, como consecuencia de la congelación de los recursos que le pertenecen.
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