Una coalición de 125 ONG venezolanas y de otros países exigieron este miércoles la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos, y cuyo período vence el próximo mes de septiembre.
En una conferencia de prensa virtual, voceros de estas organizaciones pidieron a los Estados que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que voten a favor de la renovación, pues consideran que «la impunidad que prevalece en Venezuela y los abusos y las violaciones sistemáticas de derechos humanos persisten».
Para que esto pase, se deben obtener más votos afirmativos o abstenciones que votos negativos en la sesión del consejo en la que se presente la posibilidad de renovar el mandato de la misión, explicó la vocera de Amnistía Internacional, Clara del Campo.
Por su parte, Beatriz Borges, de la ONG Cepaz, extendió este llamado a las cancillerías y misiones diplomáticas a ofrecer «un liderazgo en respuesta» a las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país y que mantenga la posibilidad de investigar y sancionar los presuntos crímenes de lesa humanidad.
«Nuestra petición y llamado es a que siga la misión. Es una meta muy importante para los organizaciones, para las victimas, pero, especialmente, para la justicia y la verdad en el país y para no caer en este olvido y justamente generar una respuesta que no de impunidad en Venezuela», apuntó la activista.
Además, aseguró que la coalición tiene expectativas de que en el próximo encuentro del Consejo de Derechos Humanos de ONU «los Estados puedan levantar su voz por los venezolanos y entender que un país como Venezuela, si no cumple con los requisitos, no debe tener una silla» en la organización internacional.
En 2020, la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela presentó su primer informe en el que acusó al presidente Nicolás Maduro y a otros altos cargos, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad.
Posteriormente, tras la prorroga del mandato de la misión por dos años, en septiembre de 2021, expuso su segundo informe en el que denunció prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura y la emisión de órdenes de detención «retroactivas» para ocultar arrestos ilegales.
También indicó que hay «motivos razonables» para creer que políticos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial.
Se espera que el próximo mes de septiembre la misión presente su tercer informe y se someta a consideración su renovación.
