A más de un mes del asesinato de cuatro indígenas yanomamis a manos de militares en la comunidad de Parima B, sur del estado Amazonas, no ha habido avances en la investigación del delito, ni orden de aprehensión para los militares involucrados que, además, ya no están en el estado Amazonas.
Por Laura Clisánchez | Correo del Caroní
Desde lo ocurrido, las autoridades han manejado el caso con hermetismo y opacidad excluyendo a organizaciones protectoras de los derechos de pueblos indígenas, y faltando deliberadamente al debido proceso.
Aunque hay cinco fiscales del Ministerio Público investigando -dos regionales y tres nacionales-, no ha habido mayores avances y, por lo tanto, no se ha abierto un procedimiento legal ante tribunales ordinarios.
Las ONG han denunciado intentos del Estado para negociar con la comunidad y ocultar los hechos. Aunque se trata de un delito que, por su gravedad, puede constituir crimen de lesa humanidad.
El pasado 28 de abril, Olnar Ortiz, abogado y coordinador nacional de pueblos indígenas de la organización Foro Penal, logró denunciar los asesinatos en Parima B ante Naciones Unidas (ONU) a través de una reunión privada con José Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, durante el período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.
Este acercamiento es importante para que el delito trascienda internacionalmente y obligue al Estado a tomar acciones, explica el abogado.
La representación de los pueblos indígenas de Venezuela también se presentó – vía online- ante el foro permanente, pero omitió los asesinatos en Parima B, y las graves violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas los pueblos originarios de Venezuela.
“Eso da cuenta de que al Estado venezolano poco le importa la situación de los pueblos indígenas en el país”, denunció Ortiz.
Aislamiento de testigos clave y falta de asistencia médica
Los asesinatos en Parima B, y las irregularidades que ocurrieron después fueron denunciadas por instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CICH) y Amnistía Internacional, que instaron al Estado a esclarecer lo ocurrido, revelar el paradero de los testigos, detener a los responsables y reparar a las víctimas y sobrevivientes del hecho.
Pero el Estado ignora las peticiones y, por el contrario, mantiene aislados a Borges Sifontes, adolescente de 16 años que resultó herido tras recibir dos disparos de un militar, y a su hermano Gabriel Silva.
El 3 de abril, ambos testigos clave fueron trasladados arbitrariamente por -presuntamente- funcionarios del Ministerio para Asuntos Indígenas en una avioneta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fuera de Amazonas.
No fue sino hasta 19 días después que la defensa legal logró confirmar que los testigos estaban en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en Caracas -a 820 kilómetros de Parima B, Amazonas- donde el menor de edad no recibe oportuna atención médica, y donde a él y a su hermano se les prohíbe salir de la habitación y recibir visitas según reportó Ortiz, también abogado defensor del menor de edad.
Antes de ese traslado, Sifontes fue operado tres veces en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas. Hasta hace 10 días requería otra cirugía.
Presenta una fractura expuesta de hombro izquierdo, herida de bala en la pierna derecha y anemia severa. Después de ser trasladado arbitrariamente hasta el hospital militar de Caracas, Ortiz denunció que al adolescente solo le han administrado calmantes.
“Hay una persona con dos heridas en su cuerpo que da por hecho que fueron asesinadas cuatro personas. Por eso nos preocupa que a estas personas (los testigos) las mantengan aisladas, y se les prohíban las visitas y salir de su habitación”, denunció Ortiz.
Los militares heridos involucrados también fueron trasladados fuera de Parima B el 5 de abril, según confirmó la ONG Fundaredes. Los funcionarios estuvieron retenidos en la comunidad indígena durante más de cuatro días, pues los indígenas les impedían la salida del territorio como forma de protesta y clamor de justicia por los asesinatos.
Exigían que se aplicase la ley yanomami: un agresor muerto, por cada víctima indígena.
Antes de que los militares fueran trasladados fuera de Parima B, hubo una reunión a puerta cerrada entre la viceministra de pueblos indígenas Mariannys Romero, el alcalde del municipio Alto Orinoco, el capitán de la comunidad de Parima B -que no estaba en la comunidad al momento del ataque de los militares-, y otros tres capitanes.
Hasta el momento no se sabe a cuál acuerdo político se llegó, la oenegé Fundaredes manifestó su preocupación ante las maniobras del régimen para silenciar la masacre de Parima B.
Durante estas reuniones fueron excluidos el defensor del Pueblo de Amazonas y las organizaciones indígenas Organización de Pueblos Indígenas del Amazonas (Orpia) y Confederación Indígena Bolivariana de Amazonas (Coiba).
“Pero esto debe tener consecuencias, un proceso penal. Independientemente de cualquier acuerdo, hay testigos, víctimas y sobrevivientes del hecho que no se pueden tratar políticamente y dejar callados”, expresó Ortiz.
Cuatro muertes sin justicia
Cuatro indígenas, dos hombres y una mujer, fueron asesinados por militares del componente de Aviación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la tarde del domingo 20 de marzo en Parima B, sur del estado Amazonas. Una comunidad remota a la que solo se accede vía aérea.
Los disparos comenzaron minutos después de que los militares negaron acceso a internet a los indígenas yanomamis, estos rodearon la base de la FANB para exigir la devolución de un dispositivo de internet propiedad del capitán de la comunidad y los funcionarios procedieron a detener al segundo capitán indígena. Fue entonces cuando presuntamente el hijo del segundo capitán tomó el armamento de un militar y disparó a los funcionarios para liberar a su padre.
Los funcionarios militares comenzaron a disparar, cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas, entre estas dos militares y un menor de edad indígena.
