ONG de Venezuela pidieron que se haga público el contenido del acuerdo firmado este viernes entre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan y Nicolás Maduro en el que se confirmó la instalación de una oficina de asistencia técnica de la Corte en Caracas.
“Es indispensable que tanto el acuerdo como su implementación sean públicos, especialmente porque está destinado a la elaboración de políticas públicas en materia de justicia”, dijo la ONG Provea en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter tras la firma del nuevo memorando de entendimiento.
Para la ONG, cualquier función de la oficina de la CPI dirigida a “desarrollar políticas públicas de justicia debe garantizar que las mismas sean elaboradas y adoptadas de manera transparente para el país”.
Provea recordó que las organizaciones de la sociedad civil son “socios necesarios para el fiscal de la CPI, y que las opiniones de las víctimas deben ser tomadas en cuenta por la oficina”.
Por su parte, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, aseguró que es necesario que se difunda el memorando firmado este viernes para que se conozcan las “fechas concretas” de instalación y trabajo de la oficina de la CPI.
“Todo apunta a que en el corto plazo deberíamos tener la oficina establecida”, aseguró el abogado y defensor de derechos humanos.
Además, aclaró que la apertura de este espacio es un “mandato institucional” que no tiene relación directa con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela -abierta en 2021-, pero que permite a la fiscalía de la CPI “saber de primera mano lo que pasa” en el país.
Durante la firma del acuerdo, el fiscal Khan adelantó que él y su equipo visitaron el local en el que será instalada la oficina, un paso que, aseguró, permitirá una mayor colaboración “para garantizar que haya más justicia” en Venezuela, donde en marzo de 2022 ya se habían comprometido, de manera verbal, a abrir este despacho.
Con información de EFE
