El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU denunció el incremento de este delito previo a las elecciones presidenciales venezolanas.
El organismo señaló mediante un comunicado que desde diciembre los casos han involucrado a opositores y militares privados de libertad por ejercer derechos cívicos.
“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio de 2024, las desapariciones forzadas podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente”, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
Los expertos lamentaron que estas “detenciones prolongadas en incomunicación equivalen a desapariciones”.
Consideran que existe un patrón estatal de ocultar el paradero y negar garantías a detenidos.
“Estas detenciones prolongadas en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Parecen seguir un patrón según el cual las autoridades estatales privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención reconocidos y les niegan derechos y protecciones fundamentales, como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica”, dijeron los expertos.
Alertaron que tal situación puede coartar el derecho al voto libre en los comicios de julio. Asimismo, viola derechos de los desaparecidos y sus familias forzadas a buscarlos sin resultados.
La ONU exhortó al gobierno de Maduro a revelar datos de los incomunicados, brindarles protección legal y detener la impunidad por tales crímenes, que ahonda el temor social.
“Es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a quienes tienen un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección”, dijeron los expertos.
“Exhortamos al Gobierno de Venezuela a prevenir, erradicar y sancionar todos los actos de desapariciones forzadas, a proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado, y a brindarles todas las garantías jurídicas, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y ser visitados por ellos, acceso a asistencia letrada y derecho a ser presentados ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención“, agregaron los expertos.
Con esta denuncia, el organismo internacional alza la voz ante el alarmante aumento del delito de desaparición forzada en el país suramericano.
