Los casos de corrupción se apilan y los primer ministros le siguen renunciando al presidente comunista Pedro Castillo. Aníbal Torres presentó se va tras cinco meses en el cargo.
El abogado comunista Aníbal Torres presentó hoy su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros, un puesto de suma importancia en Perú. En una carta publicada en sus redes sociales, indicó que se aleja del gobierno de Castillo “por razones personales” sin dar mayores detalles.
“Aprovecho esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia, y luego como premier”, dijo Torres en la misiva enviada al presidente de la República.
También revela que esto marca su retiro de la política en su totalidad. “Hoy me toca regresar a las aulas universitarias junto a mis alumnos y alumnas, y retomar lo que más extrañaba: la investigación jurídica”. Con esto, Torres se convierte en el cuarto premier en dejar el cargo en medio de las investigaciones del Ministerio Público por actos de corrupción contra el gobierno.
El encargado de manejar el día a día del Poder Ejecutivo en Perú había llegado al gobierno luego del fiasco que fue la negociación de Castillo con partidos conservadores para poder formar un gobierno de unidad con Héctor Valer Pinto como primer ministro.
Pero Valer nunca llegó a presentar su Gabinete, y tuvo que dar un paso al costado por las múltiples denuncias de corrupción y de violencia doméstica que pesaban encima suyo desde antes de pactar con Castillo.
Previo a Valer, Castillo había intentado generar una coalición entre partidos de izquierda conservadora y partidos de izquierda progresista, con Mirtha Vásquez como primera ministra. Sin embargo, la congresista del Frente Amplio duró poco más de tres meses, y renunció denunciando serios casos de corrupción.
El primer Jefe de Gabinete que había tenido Castillo, Guido Bellido, salió expulsado tras dos meses al frente del Gobierno luego de que se rompiera la relación entre el presidente y su jefe político, el comunista Vladimir Cerrón.
Así, Castillo, quien lleva exactamente 1 año y 7 días en el cargo, ya pasó por cuatro primer ministros diferentes y ahora deberá jurar el quinto Gabinete, el cual necesitará de la aprobación, nuevamente, del Congreso.
A pesar de haber llegado al poder con una agenda extremista y radical de izquierda, Castillo se dedicó desde que puso pie en la Casa de Pizarro a establecer una red de corrupción con sus ministros para robar lo máximo posible del erario público.
Prácticamente no ha implementado leyes nuevas, ni presentado proyectos. Había dicho en su discurso de asunción que expulsaría a los inmigrantes ilegales del país, en su recordada advertencia de “tiene 7 días para dejar el país”, pero ya han pasado 12 meses y medio y no ha hecho absolutamente nada al respecto.
También había prometido nacionalizar el gas e instituir el Servicio Militar Obligatorio, pero no ha avanzado en nada de todo eso. Su agenda ha estado dedicada totalmente a sobrevivir los ataques del Congreso que ya intentaron tres veces destituirlo por las denuncias de corrupción.
La Fiscalía de la Nación tiene indagaciones contra Castillo por cinco causas, una más grave que la otra. En primer lugar se lo investiga por ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde habría purgado oficiales de derecha y ascendido a uniformados que no deberían haber sido elevados por falta de experiencia. Se investiga también si pidió dádivas a los oficiales para ser ascendidos.
Otra causa investiga los reportados sobreprecios en la licitación de biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) de Samir Abudayeh por parte de la estatal Petroperú. También tiene un sumario abierto por obstruir las capturas de los prófugos de su gobierno: el exministro Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez Castillo.
En otra investigación, tal vez la más avanzada y más grave, se lo investiga por establecer una red de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se creó un sistema de coimas a cambio de licitaciones. El caso más paradigmático en esta causa es el de la licitación del Puente Tarata.
Esta causa empezó por una investigación de la prensa, que descubrió imagenes captadas de las cámaras de seguridad en el domicilio particular de Castillo, donde a altas horas de la noche se reunía con empresarios y lobbistas, a quienes presuntamente les prometía contratos con el Estado a cambio de dinero.
Así denunció la empresaria Karelim López, quien fue arrestada luego de aparecer en estas filmaciones. En calidad de arrepentida, López reveló el sistema de corrupción que Castillo estableció en tiempo récord en el Estado.
Analistas en Perú aseguran que esta causa podría ser la que finalmente derribe al presidente comunista, especialmente luego de que la semana pasada, el ex secretario de la presidencia, Bruno Pacheco, se entregara a las autoridades tras cuatro meses en la clandestinidad para someterse a un proceso de colaboración en calidad de arrepentido.
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