El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló este domingo los Pandora Papers, secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado. Más de 330 funcionarios públicos en más de 90 países, así como un amplio abanico de celebridades, deportistas y empresarios.
Algunos de los implicados en grandes escándalos de corrupción, como los sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht y el saqueo de las arcas de Venezuela, también aparecen.
El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos, 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra.
No solo gestionando empresas, este bufete participó en la suscripción de contratos por servicios ficticios. Luego cuando el escándalo estalló, se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos, este último es el venezolano más nombrado en los Pandora Papers, y vale la pena recordar, que Villalobos fue Viceministro de Energía Eléctrica cuando estuvo como presidente el fallecido Hugo Chávez.
En el 2012 Highland Assets Corp, una empresa sin sede, teléfono o producto conocido, perteneciente al venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello, primo de Diego Salazar, este a su vez primo de Rafael Ramírez, “el antiguo zar del petróleo venezolano”, recibió el 14 de agosto de ese año, 55 millones de dólares girados a su cuenta bancaria corporativa en la Banca Privada de Andorra (BPA) y diez días después recibió otros 880.000 dólares de parte del mismo cliente, la China Machinery Engineering Corporation (CAMC).
“Al cabo de ese año, Rodríguez Cabello -identificado esta semana en un reportaje como el sujeto de uno de los mayores casos de lavado de dinero en Wall Street- recibiría solo de ese cliente hasta 106 millones de dólares, según las pesquisas consignadas en la investigación del Tribunal Superior de Andorra sobre el capítulo venezolano del caso BPA”.
Las transacciones recibidas en agosto de 2012 son apenas un par de las decenas de transacciones identificadas de una tupida red de empresas de maletín a través de la cual Rodríguez Cabello y otros 27 venezolanos desviaron hasta 2.000 millones de dólares entre cobros de comisiones, sobornos y supuestas asesorías a empresas que buscaban -y a través de ellos, lograban, como la CAMC- ser contratistas de la otrora poderosa estatal petrolera Pdvsa.
Cientos de documentos, a los que tuvieron acceso los periodista involucrados en la elaboración de los Pandora Papers revelan que el bufete panameño Alcogal, uno de los más importante del país istmeño, fue un partícipe activo en la trama, principalmente para la creación de las empresas que una sucursal en Panamá de BPA, BPA Serveis, solicitaba abrir para asignarlas a los receptores de pagos irregulares.
BPA Serveis, que hacía las veces de brazo captador de clientes en el continente americano, llegó a abrir en 2006 una oficina en Caracas, en una de las torres de oficinas del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT) en Chuao.
“Alcogal incorporó 29 de las 56 “sociedades instrumentales” que el Tribunal Superior de Andorra había logrado identificar, en el curso de sus diligencias, como integrantes de la red corrupta”.
Pero los archivos de Pandora Papers develan sobre otras 22 sociedades de los funcionarios venezolanos envueltos en la trama y que, sin embargo, no se encuentran mencionadas en la investigación del tribunal andorrano.
En total, al menos 78 empresas conectadas a la red -entre las identificadas por el expediente en Andorra, y las que no estaban allí pero aparecen en los legajos filtrados del bufete panameño-, 51 fueron manejadas por Alcogal. Entre estas también se cuentan “fundaciones de carácter privado” que, a la postre, tuvieron cuentas bancarias que también formaron parte de la red.
El expediente de la justicia andorrana destaca que “el entramado societario offshore creado por BPA Serveis no tiene otra finalidad que la ocultación, pues las diversas sociedades controladas (…) operan como un centro único de negocio, dedicado a la corrupción, efectuando los pagos desde una u otra [sic] sociedad, indistintamente, sin tener en cuenta la actividad a la que supuestamente se dedica cada una, o las obligaciones contractuales que hayan contraído, pues son meros contratos simulados, sin prestación real”.
“Los documentos permiten comprobar que, apenas publicado en 2015 el informe de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, equivalente a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) que dio lugar a la intervención y posterior colapso de BPA y sus filiales, Alcogal renunció a ser agente residente y representante de 25 de estas estas sociedades“.
Sin embargo continúo relaciones por al menos “por unos años más, lo que demoró su deslinde con clientes cuestionados como el exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Nervis Villalobos; Javier Alvarado Ochoa, también exviceministro de ese despacho y expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), y Rodríguez Cabello”.
Rodríguez Cabello normalmente era el operador financiero de Diego Salazar, El señor de los relojes, principal intermediario de seguros de la petrolera Pdvsa durante la presidencia de su primo, Rafael Ramírez.
Alcogal precisa que su relación comercial con BPA empezó en 2007, “a raíz de una presentación realizada por el presidente de un reputado banco, que era cliente de Alcogal”. También detalla el bufete panameño, en una carta de respuesta a la solicitud de comentarios efectuada por el ICIJ, que entonces “BPA gozaba de buena reputación. No teníamos ninguna razón para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a algunos clientes dudosos”.
Las gestiones de bufetes como Alcogal incluyen servicios como el registro de la empresa, el cambio de miembros en las juntas directivas, elaboración de poderes, apertura de cuentas bancarias, emisión de acciones, entre otros, por cuotas no muy caras que se renuevan cada año según la duración de la vigencia de la compañía y los servicios requeridos.
Venezuela se encuentra en el séptimo lugar de los países con más nacionales que han registrado empresas en paraísos fiscales entre los agentes de servicios offshore comprendidos en la filtración. El listado lo encabeza Rusia.
Alcogal, en su respuesta al ICIJ, asegura que “solo prestábamos servicios corporativos (constitución y mantenimiento anual de empresas) a BPA para sus clientes. No prestamos ningún tipo de asesoramiento fiscal o transaccional a BPA ni a ninguno de sus clientes”.
Un ejemplo contenido en la filtración: en 2014, entró en vigencia un acuerdo de negocios donde una empresa de nombre Brown Investments Ltd S.A, “representada legalmente por su Presidente”, Edgardo Eloy Díaz, se comprometió a ofrecer servicios de “asesoría técnica y financiera” en materia agrícola -específicamente para la producción de arroz- por un pago de 1,26 millones de dólares que haría la empresa Highland Assets Corp, propiedad de Luis Mariano Rodríguez Cabello.
“Edgardo Eloy Díaz es abogado de Alcogal y figura en cientos de directorios de empresas constituidas por el bufete a petición de sus clientes. Highland Assets Corp, por su parte, es uno de los nombres más importantes en el ramillete de empresas bajo control de Rodríguez Cabello, a quien la justicia andorrana identifica como el “operador del holding financiero” de Diego Salazar. Brown Investments Ltd fue creada en las islas Seychelles y pasó a jurisdicción panameña en 2013 sin que se le conociera alguna experticia en materia agrícola”.
Según comunicaciones emanadas de la filtración, dos copias de ese acuerdo de negocios fueron enviadas a Aimara Guilarte, representante en Venezuela de Inversiones DM 2007 e Ismaval Supplies, empresas que, a su vez, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), son parte de un grupo de compañías que respaldan a otra de nombre Agropecuaria Tierra de Agua C.A. Esta última recibió en 2011 un “préstamo” de seis millones de dólares prometido por la misma Brown Investments Ltd.
En enero de 2015, la sociedad firmó un contrato de servicios por 195.000 euros con Mariela Matheus Baptista para que esta le hiciera un “estudio actuarial”. Matheus Baptista, antigua supervisora de pagos de Pdvsa y de su filial aseguradora, Pdvic, fue identificada por la justicia de Andorra como parte del grupo para el cobro de coimas que lideraban Rodríguez Cabello y Salazar.
Otro hilo de esa misma red “agrícola” apunta directamente a Diego Salazar -arrestado en 2017 tras la caída en desgracia de Rafael Ramírez ante el régimen de Nicolás Maduro, y todavía hoy detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)- quien, a través de otra empresa manejada por Alcogal, Apolonia Services Inc., fue contratado para una “gestión y procura de equipos y/o maquinarias agroindustriales” por CIC Consulting Insurance Company. Esta otra empresa, también registrada por Alcogal, en el contrato aseguraba estar dando un servicio de “asesoría técnica” a Agropecuaria Tierra de Agua C.A.
Por Apolonia Services Inc. firmó el acuerdo su representante, Edgardo Eloy Díaz -el mismo de Alcogal y Brown Investments-, quien en junio de 2013 suscribió un acuerdo de “asesoría y servicios” directamente con Diego Salazar Carreño para ayudarle a “asistir al cliente en todos los aspectos legales y regulatorios respecto a sus iniciativas” y “crear todas las posibles sinergias entre las iniciativas del cliente y cualquier sujeto de interés”.
“La agropecuaria en el centro de todas estas transacciones, Tierra de Agua C.A., registró una sede en Caracas, pero el local se encuentra vacío y no se recibió respuesta a un correo electrónico enviado por Armando.info con la solicitud de una entrevista”.
