La orden judicial de destituir a la directiva de la Cruz Roja en Venezuela preocupa a activistas, que la consideran un «precedente peligroso» para organizaciones independientes en un país en crisis necesitado de ayuda humanitaria.
Una sentencia divulgada el viernes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó «el cese» del presidente de la Cruz Roja Venezolana, Mario Villarroel, y del comité directivo; y designó a un empresario, Ricardo Cusanno, a la cabeza de una «junta reestructuradora ad hoc».
La medida fue tomada luego de que Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tras el presidente Nicolás Maduro, acusó a Villarroel de «conspirar» contra el mandatario y de «actividad mafiosa» en el manejo de fondos.
«Se genera un precedente peligroso para el derecho de libertad de asociación y reunión (…), con un juicio ‘express’ donde no hubo posibilidad de ejercer el derecho a la defensa», dijo este sábado a la AFP el coordinador de la ONG de derechos humanos PROVEA, Rafael Uzcátegui. «Aquí nosotros no estamos opinando de la inocencia o la culpabilidad del señor Villarroel (…), hay un procedimiento absolutamente irregular».
Una semana antes, la Fiscalía abrió una investigación contra Villarroel, de 75 años y presidente de la Cruz Roja desde 1978, por denuncias de «acoso y maltrato» a voluntarios y trabajadores.
«Lo que ocurra en los próximos meses en la Cruz Roja puede servir de guión para aplicárselo a otras organizaciones gremiales, profesionales, sociales, deportivas y por supuesto de derechos humanos o humanitarias», alertó la ONG Acceso a la Justicia en una nota.
Cusanno, expresidente de la patronal FEDECÁMARAS, se reunió este sábado con el secretario general saliente de la Cruz Roja Venezolana, Mario Santimone. «Sostuvieron un diálogo fluido sobre la actual situación de la institución y declararon su disposición a trabajar conjuntamente», publicó la organización en redes sociales.
¿Ayuda humanitaria en la mira?
«Aquí la clave es gestionar dinero», considera Uzcátegui.
El gobierno de Maduro y la oposición acordaron el año pasado en la mesa de negociaciones que instalaron en México -congelada desde hace meses- liberar 3.000 millones de dólares bloqueados en el extranjero por sanciones para invertirlos en planes sociales.
«Naciones Unidas se ofreció a recibir esos 3.000 millones y eso generó un conflicto interno (…). Se va a promover que sea otro ente, supuestamente independiente, la Cruz Roja, que reciba ese dinero y lo gestione», lanzó este activista como «hipótesis».
«El tema político, lamentablemente, muchas veces prela sobre la salud», lamentó por su parte Mauro Zambrano, sindicalista del sector sanitario.
«Hay muchos programas humanitarios que lleva la Cruz Roja» y «no sabemos qué va a suceder», dijo a la AFP Zambrano, que pide menos hermetismo.
La junta reestructuradora, según la sentencia del TSJ, tendrá un período de un año prorrogable para la «reorganización» de la institución y convocar a «elecciones internas».
Cusanno anunció en un comunicado que solicitó «acompañamiento» de la Federación Internacional de la Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja para «garantizar un proceso transparente». La AFP intentó, sin éxito, contactar al empresario.
«Derrocar» a Maduro
«Usan la institución para acumular poder», cuestionó Cabello en su programa en la televisión estatal al embestir contra Villarroel.
Un artículo publicado el viernes en la web del programa de Cabello insistió el viernes en los señalamientos: «Esta organización trabaja en conjunto con actores interesados en derrocar» a Maduro.
Cabello sostiene que la USAID -agencia del gobierno de Estados Unidos para el desarrollo internacional- financia a organizaciones humanitarias en Venezuela para una «agenda de intervención».
El politólogo Ricardo Sucre dijo a la AFP que lo ocurrido ratifica que el gobierno está dispuesto a «actuar» contra cualquier organización «si percibe» que puede ir en su contra. «No está pendiente del costo en imagen», subraya.
Sucre destaca que el Parlamento, controlado por el chavismo, alista de hecho una ley sobre el financiamiento de las ONG.
La ONU ha expresado preocupación por esa legislación. «Puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático», advirtió una misión designada para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela.
