Un total de 17 individuos de entre más de 80 acusados en el caso conocido como la trama de Pdvsa-Cripto han sido incluidos en una lista enviada por el Ministerio Público de Venezuela a INTERPOL,solicitando su búsqueda a nivel internacional.
Hasta este momento,las investigaciones han resultado en alrededor de 60 arrestos, entre los cuales se encuentran figuras clave como Tareck El Aissami, el ex coronel José Antonio Pérez Suárez, quien fuera vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, el diputado Hugbel Roa, protegido de El Aissami, y Álvaro Pulido, el empresario colombiano y socio de Alex Saab. Este último dirigía un grupo de operadores internacionales que facilitaban la comercialización del petróleo de PDVSA a través de conexiones en Turquía, Grecia, Roma y Londres.
En relación a los involucrados que poseen órdenes de arresto aún sin ejecutar, el Ministerio Público bajo la dirección de Tarek William Saab se ha referido a 17 personas. Estas son:
Alejandro Alfredo Londoño Guerrero: Ha tenido vínculos con cuatro empresas en Venezuela establecidas entre 2005 y 2011. Una de ellas, Asociación Cooperativa La Unión es la Fuerza R.L., firmó contratos en 2020 con Gas Comunal, la Corporación Socialista de Cemento y Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Alessandro Bazzoni: Ciudadano italiano residente en Suiza, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es dueño de las empresas Elemental Oil, Elemento Solutions Limited, AMG S.A.S, Serigraphiclab y United Petróleo Corp; todas involucradas en el transporte internacional de petróleo de PDVSA a pesar de las sanciones.
Joaquín Leal Jiménez: Ciudadano mexicano, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Socio de Alex Saab y actualmente encargado del programa de intercambio de petróleo por alimentos para abastecer la distribución de las cajas CLAP. Fundó Suministros Sustentables de Energía en México (SUMEX), la primera empresa privada autorizada para revender electricidad en México.
José Luis Chávez Calva: Operador financiero de Alex Saab y Alessandro Bazzoni. Solicitado por manejar, en bancos europeos, 8 mil millones de dólares provenientes de la corrupción en PDVSA. Principalmente utilizó el banco MBaer Merchant Bank con la colaboración interna de Siri Evjemo-Nysveen y Michael Bär.
José Luis Ferrándiz Laya: Relacionado con tres empresas, dos de ellas establecidas en Venezuela entre 2009 y 2012, y una en Panamá creada en 2018. Una de sus compañías, Servicios Integrales de Distribución, C.A., firmó un contrato en 2016 con la Gobernación del estado Mérida para la distribución de alimentos en eventos.
Juan Manuel Afonso López y Manuel Ramón Afonso López: Hermanos, directores de nueve empresas dedicadas al sector alimentario. Siete de ellas registradas en Venezuela entre 2004 y 2022, y dos en Panamá creadas entre 2012 y2019.
Olvany Marian Gaspari Bracho: Relacionada con una empresa fundada en Venezuela en2019 vinculada al sector alimentario.
Railin Elizabeth Yépez Jaimes: Ha figurado como directiva de una empresa en Venezuela establecida en 2015.
Rodolfo Moleiro: Socio del corredor Moris Beracha y Gustavo Pulido (Bestinvest). Uno de los primeros fugitivos en el caso PDVSA Cripto. Formó parte del grupo inicial de arrestados y desapareció del país misteriosamente antes de ser presentado ante el tribunal de control.
Ximena Cagide Parada: Relacionada con dos empresas en Venezuela que han tenido contratos con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y con Lácteos Los Andes, una entidad estatal. También trabajó en Grupo Hardwell Technologies C.A. (propiedad de Majed Khalil), un importante contratista tecnológico del estado, en especial para el DGCIM y el Aeropuerto de Maiquetía.
Yuravic Ravello Machado: Modelo, acusada de liderar la red que proporcionaba prostitutas de alto nivel al detenido diputado Hugbel Roa.
Los otros cuatro individuos buscados en relación con el caso son Eduardo Noriega, Jorge Germán Bonelli, Rodrigo Guerena Bobadilla y William Rivas.
«Todos estos detenidos enfrentan acusaciones por apropiación o desvío de fondos públicos, abuso de relaciones o influencias, lavado de dinero y asociación ilícita», detalló la acusación de la Fiscalía venezolana.
Se estima que este escándalo ha causado pérdidas superiores a los $21,000 millones ala nación.
