Rafael Sarría Díaz el testaferro de Diosdado Cabello que si se hubiera graduado en la Academia Militar, su destino hubiese sido diferente. Probablemente hubiese actuado en la intentona golpista que Hugo Chávez encabezó el 4 de febrero de 1992.
Rafael Sarría Díaz el testaferro de Diosdado Cabello
Quizás, ya en la Quinta República, se hubiese convertido en miembro del gabinete de gobierno. Es posible que todavía hoy detentara algo de poder e influencia y que desde julio pasado hubiese formado parte del lote de militares que pasó a retiro por orden de Nicolás Maduro.
Pero hasta allí el juego de Si hubiera. En la realidad su camino fue distinto: no completó la carrera militar y, en lugar de convertirse en una figura de gobierno en un régimen de marcado perfil castrense, pasó a estar a la sombra de quien es considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela: el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), teniente del ejército -ascendido a capitán, aunque inactivo, en 2013– Diosdado Cabello. Y aún en esa penumbra quedó al descubierto: Estados Unidos señala abiertamente a Rafael Sarría Díaz de ser el testaferro del número dos del chavismo.
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Fue el 18 de mayo de 2018 cuando Rafael Sarría Díaz quedó al desnudo. Ese día se confirmó lo que periodistas, websites informativos y reportes de inteligencia venían denunciando desde hacía años. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista negra -la Special Designated Nationals List, también conocida como la Lista Clinton- el mismo día que también inscribió a Cabello, a su esposa, la ex ministra de Turismo y de Obras Públicas, Marleny Josefina Contreras Hernández; y a su hermano, el superintendente para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), José David Cabello.
El presunto testaferro quedó así sancionado, con sus activos congelados, mientras que varias de sus empresas y propiedades en Estados Unidos fueron bloqueadas para hacer negocio alguno con un ciudadano o compañía de ese país.
Pero hasta entonces Rafael Sarría Díaz se había dado la gran vida en Estados Unidos, con un tren de gastos saudí. O boliburgués. Al menos es lo que dejaba entrever, un año antes de las sanciones, la edición de la semana del 10 al 16 de marzo de 2017 del Kleptocracy Weekly, un semanario interno de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro.
El boletín, incluido en la filtración de los FinCEN Files -2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y otros 108 medios de 88 países, entre ellos, Armando.info– recoge el seguimiento que para la fecha American Express hacía a los altos pagos efectuados por Rafael Sarría Díaz a tres de sus tarjetas de crédito. Entre el 2 de marzo de 2015 y el 3 de marzo de 2017, por ejemplo, los plásticos habían recibido más de 317.000 dólares por medio de 33 operaciones hechas a través de una cuenta del UMB Bank, una entidad bancaria nacida en Kansas, en el medio oeste norteamericano, y con sucursales en Missouri, Illinois, Colorado, Oklahoma, Nebraska y Arizona.
El informe también destacaba que, desde que American Express hacía el monitoreo de las tarjetas de Sarría -un período que el documento no acota-, se habían registrado gastos por poco más de 2,6 millones de dólares. American Express no respondió a peticiones de comentarios enviadas por el ICIJ.
A Sarría se le vigilaba por la magnitud de las transacciones y por sus vínculos con el jerarca chavista, quien hasta 2015 presidió la Asamblea Nacional de Venezuela. Pero el boletín también le señala de estar a cargo del manejo de “las finanzas de la red venezolana de tráfico de drogas, el Cártel de los Soles”.
De escolta a contratista del Estado
En mayo de 2018, al momento de las sanciones de la Ofac, el organismo distribuyó desde Washington una nota de prensa en la que se aseguraba que Sarría “ha lavado dinero para funcionarios venezolanos con la compra de inmuebles desde 2010. Sarría actúa para y en nombre de Cabello como su principal testaferro, asesorando, asistiendo y beneficiándose de las ganancias corruptas y los ingresos ilegales de Cabello”.
Aún antes, en 2017, un informe del American Enterprise Institute llamado Kingpins and Corruption (Capos y corrupción) apuntaba a Sarría como el más importante prestanombres del ex militar, vicepresidente del partido de Gobierno, ex gobernador del estado Miranda y ex vicepresidente ejecutivo de la República, entre otros cargos: “Han surgido numerosas acusaciones de que Cabello controla varias empresas venezolanas y emplea a múltiples testaferros fuera de Venezuela para administrar los ingresos de sobornos, malversación de recursos estatales y tráfico de drogas. Su testaferro más importante, según fuentes estadounidenses y venezolanas, es Rafael Sarría, considerado el cerebro que maneja la red ilícita de negocios de Cabello y sus intereses económicos. Sarría mantiene un perfil bajo, prácticamente invisible en los registros públicos tanto dentro como fuera de Venezuela”, se lee en el documento.
Sin embargo, los lazos de Sarría con Cabello y el chavismo vienen de mucho antes.
Se remontan a la Academia Militar de Venezuela, de donde egresaron Hugo Chávez y los oficiales del Ejército que lo acompañaron durante su gobierno. Sarría comenzó su carrera militar junto a Cabello en agosto de 1983. Aunque nunca se graduó, la amistad entre los dos contemporáneos tampoco se desvaneció.
Esa promoción, llamada «General de División Tomás Montilla» sería a la larga una especie de quién-es-quién de la administración chavista. Con ella egresaron en 1987, además de Cabello, Jesús María Mantilla Oliveros, hoy mayor general, actual segundo comandante y Jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas, y Jesse Alonso Chacón Escamillo, hoy embajador de Venezuela en Austria y ex ministro de Energía Eléctrica, Relaciones Interiores, Comunicación e Información, entre otras carteras. También lo hicieron figuras como José Gregorio Vielma Mora, ex gobernador del estado Táchira, ex Superintendente del Servicio Nacional de Administración Tributaria (Seniat) y actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv, partido de gobierno) para Atender Asuntos Religiosos; y Carlos Alberto Rotandaro Cova, ex ministro de Salud y ex presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), hoy en el exilio y buscado por la justicia venezolana por presuntos casos de corrupción. Todo ese grupo, conocido como los Montilleros a propósito del nombre de la promoción, obtuvo cargos importantes durante la administración de Chávez de la mano de Cabello, quien fue el segundo de su clase.
Aquel paso por la Academia Militar llevó a Sarría a ser, en 1998, escolta de Chávez durante la campaña electoral con rumbo a la presidencia. El equipo de seguridad era coordinado en ese entonces por Cabello.
Rafael Sarría Díaz el testaferro de Diosdado Cabello, de escolta a empresario
La conexión de Sarría y Cabello siguió más adelante. Sarría se convirtió en vendedor de seguros y luego en contratista del Estado durante el paso de Cabello por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), entre 2000 y 2003, y el Ministerio de Infraestructura, entre 2003 y 2004. Esa relación continuó cuando Cabello fue elegido como gobernador de Miranda (2004-2008). Luego vendrían los negocios internacionales que el testaferro asumiría como propios.
A Sarría se le vincula usualmente con la compra de dos medios de comunicación venezolanos: el circuito radial FM Center, del que, según las versiones, adquirió 40% de las acciones, y el diario El Universal de Caracas, un tradicional periódico estándar fundado en 1909. En ambos casos su representante fue el ingeniero Jesús Abreu Anselmi, un ex funcionario público de gobiernos anteriores al chavismo y asesor empresarial, quien estuvo como director suplente en la emisora y como presidente de la junta directiva en el periódico hasta 2019. Fuentes de la radio negaron que el testaferro haya sido parte de la compañía, aunque sí estuvo interesado en entrar en el negocio. Esta investigación no obtuvo documentos al respecto.
Propietario con ‘P’ de poder
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Sarría y Cabello habían mantenido “una relación comercial ilícita desde al menos 2010”, cuando registraron sociedades y corporaciones en Panamá. Sarría, dice la nota en la que se anunció su sanción, poseía varios inmuebles en Florida, Estados Unidos, que estaban registrados a su nombre.
“En realidad, Sarría actuó como el representante designado de Cabello en la propiedad de estos bienes inmobiliarios. A partir de 2015, continuó administrando múltiples propiedades y arreglos financieros para Cabello, y en 2016 estuvo involucrado en actividades de tráfico de drogas en su nombre. A partir de 2018, Sarría asesora y ayuda a Cabello, y se beneficia de la inversión de su riqueza obtenida de manera corrupta”, añade el boletín de prensa.
El texto emitido por la Ofac detalla las lujosas residencias que tenía el presunto testaferro en Boca Ratón y Pembroke Pines (referencia removida en septiembre), en Florida, además de un apartamento en un moderno edificio de la prestigiosa Park Avenue de Manhattan, en Nueva York.
Las direcciones de las casas de Florida (5599 NW 23rd Avenue en Boca Raton y 9410 NW 14 ST, en Pembroke Pines) son las mismas de empresas que Sarría registró en las últimas dos décadas en Estados Unidos. A la de Boca Ratón, por ejemplo, están vinculadas 11420 Corp. (mayo, 2009) y Noor Plantation Investments LLC (enero, 2010), dos de las tres compañías que fueron incluidas en la lista Ofac desde el 18 de mayo de 2018. Ambas también están en otro domicilio que se repite: 11420 NW 4 Street, Plantation, FL 33325.
Estas dos empresas tienen todavía más elementos en común. Al momento de sus respectivas constituciones, en las dos figuró como agente Incorp Services Inc., un servicio empresarial que desde 1998 opera en Estados Unidos como registrador de empresas. Michael Freeman, empleado de esta, fue el firmante de los documentos. La otra revelación de las actas de fundación de las compañías es que Frank Holder, un consultor de seguridad estadounidense y experto en investigaciones de lavado de dinero, aparece como director.
Holder, especializado en temas de corrupción, fraude y transparencia empresarial, y actual director para Latinoamérica de la firma de consultoría de estrategia Berkeley Research Group (BRG), ha tenido episodios escandalosos en su trayectoria que lo han llevado a separarse, por ejemplo, de FTI Consulting, de donde supuestamente fue despedido por conflictos internos en 2015. Esa empresa supuestamente estuvo al frente de las relaciones públicas de los llamados bolichicos, ex directivos de Derwick Associates como Alejandro Betancourt López y Pedro Trebbau López, o del ex tesorero de la nación Alejandro Andrade, condenado a diez años de prisión en Estado Unidos por cargos de corrupción. En reciente publicación de esta serie, Ricardo Fernández Barrueco, el otrora Zar de Mercal caído en desgracia con el chavismo en 2009, admitía haber trabajado con Holder.
Al domicilio de Pembroke Pines están vinculados otros dos negocios de Sarría: Global Tech Group INC (noviembre, 2006) y Nazo Enterprises LLC (enero, 2018). La primera está inactiva, pero la segunda fue reactivada en 2019 tras la sanción. Es la única de Sarría que permanece abierta, aunque con un solo empleado: él como director.
SAI Advisors INC fue la otra empresa de Sarría sancionada en mayo de 2018. Fundada en septiembre de 2009 en Fort Lauderdale, Florida (450 East Las Olas Boulevard, Suite 730), es la única en donde el propio Sarría aparece como firmante, mientras que como directores están Holder y Albino Ferreras Garza, abogado de Sarría y socio senior del bufete venezolano Ferreras & Bello SC.
A nombre de Sarría estuvieron también dos empresas que no fueron incluidas en la lista Ofac por haber estado inactivas previamente: Grober & Vertiz, INC, fundada en agosto de 1993 y cerrada en 2003, que tuvo como domicilio un departamento en la lujosa zona de Brickell, en Miami (1101 Brickell Avenue, Suite 400). Allí, el testaferro fungió como director junto a su hermano Edgar Sarría; su esposa, Mireya Carolina Hidalgo de Sarría, y Jorge Martínez. Con esa misma dirección fue registrada Globalcorp Investment, INC en agosto de 2002.
El mismo año de la fundación de Grober & Vertiz, Sarría registró en Curazao la empresa Globco Group Finance N.V., con un capital de 6 .000 dólares. Lo hizo junto a Carlos E. Santaella, un consultor financiero vinculado a compañías bancarias y de seguros -quien en 2012 fue director legal de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg)- y Salvador Itriago. De toda la operación de apertura se encargó la arubana EuroTrust International N.V., que estaba dentro de la junta directiva y apareció vinculada a 114 entidades citadas en la investigación Paradise Papers del ICIJ. Globco, de acuerdo con documentos consultados del Registro Comercial de Curazao, dejó de estar activa en 2008 y finalmente fue disuelta en marzo de 2020.
El nombre de Mireya Hidalgo, esposa de Rafael Sarría Díaz, aparece relacionado en Venezuela a la Asociación Cooperativa Embelleciendo Marín CA, creada para labores de limpieza y mantenimiento de edificaciones y áreas verdes y con sede en el barrio Marín de la parroquia San Agustín, en Caracas. La empresa fue inscrita en el Registro Nacional de Contratistas en septiembre de 2011 y actualmente está inhabilitada para realizar contrataciones con el Estado.
Desde julio de 2018, la esposa de Rafael Sarría es la gerente de SCI 3, empresa ubicada en París, Francia, con un capital de 320.000 euros.
A Rafael Sarría Díaz también le fueron registradas dos viviendas en Madrid, España: una en La Moraleja, urbanización en la zona norte de la ciudad, considerada una de las más seguras y con mayor renta per cápita de toda la nación, y otra en Mirasierra, al noroeste de la capital española, en una calle ciega y discreta rodeada de pinos.
En Venezuela, su casa está en Valle Arriba, una zona de clase alta en el sureste de Caracas, en la jurisdicción del municipio Baruta del estado Miranda, en una calle ciega de un barrio de viviendas ostentosas rodeadas de altos muros que protegen sus jardines y patios con piscina. Todas las casas de Rafael Sarría Díaz de acuerdo con Estados Unidos, fueron adquiridas entre 2010 y 2015 con dinero proveniente de la corrupción.
El 25 de septiembre de 2018, Edgar Sarría Díaz fue sancionado por el Departamento del Tesoro junto a la primera dama de la república, Cilia Flores; el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez y el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Allí también se mencionó al piloto José Omar Paredes, un empleado de la Agencia de Vehículos Especiales Rurales y Urbanos (Averuca CA), empresa venezolana de Rafael Sarría ubicada en la urbanización Las Mercedes de Caracas (Calle Paris, Torre Global, Piso 5), que también fue agregada a la lista Ofac ese día, así como el jet privado Gulfstream G200 (siglas N488RC) que estaba a nombre de esta, valorado en al menos cuatro millones de dólares. Quiana Trading Limited, otro de los negocios del testaferro en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, fue igualmente ingresado al listado.
Una década atrás, Edgar Sarría había abierto en Estados Unidos un par de empresas: Corposeguros International INC (mayo 2009), que cesó al año siguiente y que tenía en su junta directiva a su hermana, María Isabel Sarría Díaz, y Corposeguros USA INC. (enero 2010), inactiva desde 2011. Las dos estaban domiciliadas en Coral Gables (153 Sevilla Avenue), un barrio rico de Miami en Florida, y el firmante, al momento de su apertura, fue nuevamente Michael Freeman.
En esa misma época, una de las empresas de Édgar Sarría fue intervenida por el Estado venezolano. Se trató de Globalcorp Casa de Bolsa C.A, a la que se le abrió una investigación administrativa a finales de 2009 y, meses después, en abril de 2010, fue obligada a cesar sus operaciones por mandato de la Comisión Nacional de Valores. Ramón Ramos Acevedo, nombrado como liquidador de otras casas de bolsa como Banvalor, Venevalores, Intertrust y Caja Ibérica de Valores, fue designado como el interventor de esta.
La razón de la sanción, según se explica en la Gaceta 39374 del 25 de febrero de 2010, Globalcorp no tenía actualizados los registros mínimos de información y archivo de cada uno de sus clientes. La resolución que anuncia su intervención indica, en cambio, que el motivo principal es la “situación crítica de la entidad”, por la cual podría incumplir sus obligaciones como corredor de títulos valores y producir desajustes en el sistema de mercado de capitales, provocando violaciones a la ley. Lo cierto es que fue parte de la razzia llevada a cabo por el régimen chavista ese año contra todo el sector bursátil.
Hoy, Rafael Sarría vive en Madrid, donde las sanciones parecen no haberle tocado. En su residencia de Caracas no hay señales de él. La oficina de Averuca, en la urbanización Las Mercedes, sí se mantiene activa. Allí se entregó una petición de comentarios para este reportaje el 28 de agosto y no se obtuvo respuesta.
