Ramón Carretero Napolitano con gigantescas tramas de corrupción en Venezuela

El empresario Ramón Carretero Napolitano es descrito como alguien vinculado a figuras del Gobierno de Cuba y socio oculto de Alex Saab en Panamá.

Alex Saab es un empresario colombiano acusado de orquestar diversas tramas de corrupción para obtener contratos del Estado venezolano, que incluyeron desde la venta de viviendas prefabricadas hasta ser proveedor de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Según un reporte de awriterwithfreedom.com, Carretero fue uno de los que acudió al abogado Ramsés Owens mientras aparecía haciendo algunos negocios con el Estado venezolano, junto a diferentes integrantes de su familia.

El 26 de marzo de 2017 un reportaje de Patricia Marcano para el medio de periodismo investigativo venezolano Armando.info, que llevó por título: «A unos panameños se la pusieron ‘bombita’ para construir el estadio Hugo Chávez», ofreció detalles de participación de firmas de Ramón Carretero Napolitano en obras de construcción en Venezuela.

La idea de construir un nuevo estadio de béisbol en Caracas no llegó como promesa aislada. Forma parte de un proyecto macro denominado Parque Hugo Chávez, propuesta ambiciosa surgida en días de campaña electoral, cuando Nicolás Maduro se preparaba para medirse, tras la muerte de Chávez, frente al candidato opositor Henrique Capriles Radonski en las presidenciales de abril de 2013. Maduro ganó finalmente los comicios con una ventaja de poco más de un punto porcentual, según las cifras oficiales.

Además de este campo de béisbol (con capacidad para 36.711 personas), el parque incluye la construcción de un estadio de fútbol para 55.000 espectadores, un campo de béisbol infantil, gimnasio cubierto, la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, del Sistema de Orquestas Infantiles y del Movimiento de Artes Escénicas César Rengifo; una estación intermodal de transporte (subterráneo, superficial y ferrocarril), cuatro parques comunales, una plaza, un mirador y 200 hectáreas de jardines y áreas recreativas que se conectarán con las 630 hectáreas de área montañosa que en Caracas conocen como Parque metropolitano.

Todo lo anterior en un espacio donde ya existen desde hace décadas el hipódromo La Rinconada, el campo de softbol, la estación terminal de la Línea 3 del Metro de Caracas, la estación Simón Bolívar del ferrocarril Caracas-Cúa, el Museo Alejandro Otero y el Poliedro de Caracas, recinto que ha servido de sede para buena parte de los eventos culturales, deportivos y feriales de la ciudad desde su inauguración, en 1973, aunque en tiempos de Hugo Chávez comenzó a usarse también para eventos políticos.

Las obras del parque comenzaron en agosto de 2013, tras un acto oficial encabezado por Nicolás Maduro y el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, por ser esta alcaldía la encargada de desarrollar el proyecto; mientras que los movimientos de tierra que dieron inicio a los trabajos del estadio de béisbol ocurrieron dos meses después.

A cuatro años de aquellas acciones, hay varias certezas: se han invertido al menos 400 millones de bolívares y 30 millones de dólares aprobados por Maduro en agosto de 2013, además de 100 millones de bolívares aprobados por la Asamblea Nacional en junio de 2015; se han inaugurado cinco hectáreas del parque aunque con retrasos (el Jardín de los Primeros Pasos –en dos etapas–, un mirador y la Plaza de las Fuentes), el estadio de fútbol -con diseño de Sir Richard Rogers, premio Pritzker de arquitectura y creador del Centro Pompidou de París- apenas está en la fase inicial de movimientos de tierra y la Fundación Parque Hugo Chávez –creada por la Alcaldía de Libertador para ser el ente ejecutor de las obras– se encarga de todas estructuras proyectadas menos del estadio de béisbol Hugo Chávez, la que exhibe mayor avance.

A pesar de la visibilidad que el alcalde Jorge Rodríguez -ex vicepresidente de la República y, además de El Aissami, uno de los dos astros ascendentes del chavismo gobernante- ha mantenido en torno a la obra, el destino del estadio no lo maneja el gobierno capitalino. Es la Fundación Propatria 2000 (Fundapropatria 2000), dependiente del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con el apoyo de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), la que contrata los trabajos a Landscape Vision Corporation S.A (Lanvicorp) para que ejecute el proyecto. Se trata de una empresa registrada en agosto de 2013 en Caracas como la sucursal venezolana de una compañía del mismo nombre creada en Ciudad de Panamá en abril de 2006.

El acta constitutiva presentada en el Registro Público panameño, cuya copia puede leerse entre los documentos del expediente mercantil consignado en Caracas, detalla sus amplios fines e intereses: “Establecer gestionar y llevar a cabo, en general, el negocio de financiamiento, inversiones y correduría en todos sus ramos, y organizar o llevar a cabo y emprender cualquier negocio, transacción u operación que comúnmente se lleve a cabo por financistas, capitalistas, promotores, suscriptores de la emisión de acciones u otros valores u obligaciones de personas, compañías, sociedades anónimas, sociedades colectivas o asociaciones, o por corredores en bienes raíces, comerciantes, fabricantes y mercaderes”.

Los trabajos que esta compañía suscribió con el gobierno panameño entre 2013 y 2014 tuvieron como instituciones beneficiarias al Ministerio de Vivienda de ese país y su puerta de salida, el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

En el caso de la sucursal venezolana, la razón social es un poco más precisa: “Desarrollo de operaciones de obras y servicios, propias de la industria de la construcción en general, tanto públicas como privadas, energía, comunicaciones, instalaciones y sistemas”, aunque también incluye el negocio del financiamiento, préstamos, hipotecas, inversiones, correduría, compra y venta”.

La decisión de abrir una filial en Caracas se discutió en una asamblea extraordinaria de accionistas el 8 de julio de 2013 en Panamá; la propuesta fue autorizada y firmada por el presidente de la empresa, Ramón Carretero, y el secretario, su hermano Vicente Carretero. Al mes ya estaban haciendo los trámites en Caracas y a los 20 días de formalizar la nueva sede, Lanvicorp-Venezuela suscribió su primer contrato en el país, precisamente con Fundapropatria 2000, para construir “20 CDC de Paz”, los centros deportivos, culturales y de paz ideados como parte del Movimiento por la Paz y la Vida, también creado por Maduro durante su campaña presidencial en 2013. Desde entonces estos gimnasios verticales con fachadas multicolores han proliferado en varios estados, como parte de un proyecto prohijado directamente por el presidente Maduro y su entorno. La primera dama, Cilia Flores de Maduro -conocida como La primera combatiente en la jerga del oficialismo-, fue la jefa fundadora en 2013 del Movimiento por la Paz y la Vida, en cuyo tren directivo también se ha reportado la participación de dos hijos de Flores y del hijo del presidente Nicolás Maduro.

El segundo contrato firmado por Lanvicorp (FPP-CO-2014-01-003) fue para la remodelación y reacondicionamiento de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe junto a la construcción de un centro de convenciones, todos en Caraballeda (estado costero de Vargas), de fecha 11 de febrero de 2014.

Y el tercero (FPP-CO-2014-02-005), del 20 de marzo de 2014, le asignó la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez en La Rinconada, Caracas. En los tres casos ha sido contratista de Fundación Propatria 2000 y así puede leerse en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Hermanos beneficiados por Martinelli

En la empresa Lanvicorp todo quedó en familia: los hermanos Ramón y Vicente Carretero Napolitano comparten la junta directiva con otro pariente, Félix Fallabella Napolitano, quien ocupa el puesto de tesorero. Hasta el 25 de marzo de 2013, Roberto, otro de los hermanos Carretero Napolitano se mantuvo al frente de la Presidencia, pero ese día se realizó una reunión extraordinaria para designar a los nuevos integrantes de la directiva, según precisa uno de los documentos contenidos en el expediente que formalizó la creación de la sucursal en Caracas.

Reconocido en su país, Roberto destacaba por figurar a cargo de una retahíla de grandes empresas, pero desde 2015 su nombre ha resonado más por los contratos que gozó durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), hoy prófugo de la justicia panameña.

Roberto Carretero se presentó el 24 de febrero de 2015 en la Fiscalía Anticorrupción para rendir declaraciones, por las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra-venta de bolsas de comida a través de los fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Dirección de Asistencia Social, adscrita al Ministerio de la Presidencia de Panamá.

Tras culminar su declaración de indagatoria, la fiscalía le ordenó la medida cautelar de detención preventiva que duró hasta el 8 de mayo de ese mismo año, cuando el despacho fiscal, a cargo de Ruth Morcillo, cambiara la medida por un arresto domiciliario.

Según una auditoría de la Contraloría General de la República de Panamá, Roberto Carretero Napolitano junto a otros dos comerciantes, y con la colaboración del exdirector ejecutivo del PAN, Rafael Guardia Jaén –actualmente detenido– obtuvieron más de 16 millones de dólares en órdenes para la compra de estas mercancías, monto que equivale casi a la mitad de la posible lesión patrimonial causada al Estado en este caso, que asciende a 32 millones de dólares.

El informe indica que el destino final de las bolsas de comida era incierto. Las empresas de Carretero Napolitano y de los comerciantes Carlos Araúz y Juan Carlos Marciaga, no consignaron elementos suficientes que acrediten que las bolsas fueron entregadas al PAN o a los beneficiarios finales, toda vez que la documentación que reposa en los expedientes no contiene información íntegra ni confiable.

En la declaración de indagatoria del caso, efectuada por el exdirector del PAN, Guardia Jaén relató a la fiscalía que los tres empresarios tenían más de 16 sociedades distintas inscritas en el PAN y que entre ellos (Araúz, Marciaga y Carretero Napolitano) “se intercambiaban las empresas”.

Sobre estos actos irregulares los auditores de la Contraloría panameña determinaron que los empresarios crearon compañías y que las alternaban para participar en el proceso de compra y contrataciones con el Estado, a fin de desviar los controles existentes. Otra de las anomalías identificadas por los auditores está vinculada al pago que hacían a los empresarios; en la institución este tipo de trámites tomaba, como proceso regular, dos semanas, pero en indagatoria Massiel Heurtemate –del departamento de adquisiciones del PAN– indicó que el pago para los tres empresarios tenían que salir máximo en dos días laborales.

No solo de PAN viven los negociados

En sus confesiones a la fiscalía de Panamá, los empresarios Carretero Napolitano, Araúz y Marciaga manifestaron que parte de las comisiones que les pedía el exdirector del PAN iban supuestamente destinadas para la campaña presidencial de los candidatos de Cambio Democrático (CD), partido al que pertenece Ricardo Martinelli, presidente de Panamá en ese entonces.

Roberto Carretero Napolitano informó que entregó cheques a la cuenta de Guardia Jaén para la campaña política, pero no especificó cantidades ni nombres de las personas a las que iban dirigidos los desembolsos.

Por estas investigaciones el Ministerio Público panameño, a través de la Fiscalía Anticorrupción, mantiene confiscado un monto de un millón de dólares de Carretero Napolitano, quien tiene una medida cautelar de casa por cárcel.

No se trata de cualquier modo, del único caso que le imputan: el 13 de julio del 2015, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación, tras noticias de supuestas irregularidades en la compra de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación del país centroamericano con fondos del PAN. En ese expediente se acusa a Roberto Carretero Napolitano como posible infractor de la comisión del delito de peculado, en su calidad de dueño firmante y beneficiario real de las 13 empresas y sociedades ligadas a las irregularidades suscitadas en la adquisición de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación, gestionada a través del PAN, y que ocasionó desembolsos totales de 11,7 millones de dólares.

Por este caso la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el llamado a juicio para los dos exjefes del PAN entre 2009 y 2014, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén, así como a la exministra de Educación, Lucy Molinar.

También se formularon cargos a los representantes legales de las sociedades que obtuvieron los contratos entre 2012 y 2013, pero “en el transcurso de la investigación se evidenció que dichas personas ejercían en función de un denominador común, es decir, el comerciante Carretero Napolitano”, indican los documentos oficiales de Fiscalía.

Lo anterior fue corroborado con documentos bancarios de dichas sociedades, en las que Roberto Carretero Napolitano figuraba como firmantes de las cuentas, y además el propio Carretero Napolitano aceptó, en su declaración de indagatoria, que dichas sociedades le pertenecían. Sobre las acusaciones en su contra, Roberto Carreteo Napolitano ha manifestado ante la fiscalía que es inocente de los cargos que se le imputan. En su defensa dijo que es un comerciante de trayectoria y reconocido en su país, y que participa en muchos actos de licitación con el Estado. Reconoció que las empresas que se investigan en este expediente en efecto le pertenecen, aunque aclaró que el representante legal de ellas es otra persona y que, debido a un manejo administrativo interno, él estaba frente a las mismas.

El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, también está siendo investigado por el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y las bolsas de comida, junto a otros hechos de corrupción, pero ha evadido a la justicia refugiándose en Estados Unidos. A los seis meses de haber entregado la presidencia abandonó Panamá (en enero de 2015) y desde entonces vive en Miami.

Otros medios venezolanos, como El Pitazo, reseñaron en 2019

«Las empresas favoritas del Presidente. Maduro presupuestó 420 millones de dólares para construir 50 gimnasios verticales. Con ese dinero se pudo haber construido entre 140 y 168 edificaciones similares.

La primera de las empresas escogidas fue la colombiana Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, encargada de edificar 30 gimnasios. Esta compañía es propiedad de Fondo Global de Construcción y de Guillermo González Zuleta y Cía., de acuerdo con el registro empresarial de Bogotá, en Colombia. Fondo Global de Construcción le pertenece a Álex Saab, empresario colombiano sancionado por los EEUU y señalado como testaferro de Maduro.

La segunda empresa es la panameña, Landscape Vision Corporation, que construiría otros 20 gimnasios, es investigada por corrupción en la obtención de contratos con el Estado panameño y se le atribuye participación en un esquema ilegal liderado por su director, Ramón Carretero Napolitano, conectado con el desvío de recursos de obras públicas en la presidencia de Martinelli.»

El Pitazo también indicó el 10 de julio de 2020

Desde 2015, Landscape es investigada por corrupción en la obtención de contratos con el Estado panameño y se le atribuye participación en un esquema ilegal liderado por su director, Ramón Carretero Napolitano, conectado con el desvío de recursos de obras públicas en la presidencia de Martilnelli. Esto no ha sido obstáculo para que el Estado venezolano mantenga sus negocios con la compañía.

El desarrollo de las obras para el levantamiento de los 50 gimnasios verticales en Venezuela se ha caracterizado por la subcontratación, hasta ahora nunca retratada, de numerosas empresas para su ejecución. La mayoría con escasas referencias sobre su experiencia en construcciones, y una de ellas vinculada a un empresario investigado por estafa inmobiliaria.

Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, incorporó a Constructora Brescon C.A. (Conbresca), una compañía constituida en el año 1990 e inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui como propiedad de César Acosta Medina, hermano de Miguel Ángel Acosta Medina, directivo del Fondo Global de Construcción. La familia Acosta Medina también maneja la mayoría accionaria de otra contratista, la Sociedad Mercantil Sarcar Construcciones en General C.A., que participó junto con Constructora Brescon en todo lo relacionado con los trabajos civiles para la edificación de los 30 gimnasios verticales que le fueron entregados a Consorcio Estructuras Metálicas Modernas. Este modelo de subcontrataciones familiares se replica en otras obras deportivas en el estado Vargas: el Coliseo de Playa Hugo Chávez levantado en Caraballeda y en el estadio de béisbol profesional Carlos «Café» Martínez, que se construye actualmente en Macuto.

El entramado de relaciones que bordó Consorcio Estructuras Metálicas Modernas incluyó también a la empresa Proyectos y Construcciones Buenavista, una compañía registrada en Porlamar, estado Nueva Esparta que cambió su domicilio al estado Lara justo cuando comenzó el proyecto de los gimnasios verticales. El Pitazo buscó referencias sobre esta empresa en en la seccional del Colegio de Ingenieros de Nueva Esparta, pero no se encontraron registros. La compañía, que también es desconocida entre contratistas y fuentes del Colegio de Ingenieros seccional Lara, consultados por El Pitazo, estaba encargada de la búsqueda de personal y supervisión de la construcción de los recintos en la zona capital, andina y occidente de Venezuela.

Las acciones de PyC Buenavista son propiedad de otra empresa: Intermediaria de Negocios C.A., que pertenece a Luis Bernardo Meléndez Gutiérrez, padre de Luis Meléndez, quien es presidente de la Sociedad Regional de Ganaderos de Occidente. El Pitazo se dirigió el 31 de octubre de 2019 a la dirección fiscal de PyC Buenavista, que coincide con la dirección de otra compañía: Inversiones Bricket, empresa propiedad de Mariano Briceño, de reconocida trayectoria en Lara, pero que es investigada por estafa inmobiliaria por un proyecto inconcluso de venta de viviendas principales. Aunque algunos familiares de Briceño pertenecen también a la junta directiva de PyC Buenavista, en la sede de Inversiones Bricket negaron su conexión con esta empresa.

Alek Boyd, un investigador de casos de corrupción venezolanos se refirió en 2019 a Ramón Carretero y sus hermanos en infodio.com, sobre quienes dijo

Lo bueno de la ahora oficial quiebra del ALLBank de Víctor Vargas en Panamá es la cantidad de evidencia de corrupción que producirá. Un caché de documentos internos de ALLBank visto por este sitio muestra que la operación de Vargas era poco más que una plataforma de lavado de dinero. Anexo 1: los hermanos Ramón, Roberto y Vicente Carretero , un trío de «empresarios» cercanos al deshonrado presidente Ricardo Martinelli , quienes actuaron como apoderados de Iriamni Malpica Flores y su esposo Juan Carlos López Tovar a través de un caparazón llamado Landscape Vision Corporation . El Nicolás MaduroEl régimen otorgó una serie de contratos de construcción sin licitación (gimnasios, estadio de béisbol) a los Carreteros. Pero todo fue una farsa: en realidad, los dulces tratos fueron para Iriamni, sobrina de Cilia Flores y hermana de Carlos Erik Malpica Flores …

La cuenta ALLBank de Landscape Vision Corporation (294000259) recibió pagos por un valor de $ 123.6 millones, transferidos desde las cuentas del Tesoro de Venezuela y FONDEN en el Banco Espirito Santo . Landscape luego transferiría más de $ 80 millones a Carretero International Corp , Distribuidora Ralcart SA y a Corporación Logística del Caribe , todas controladas por Carreteros. La filial venezolana de Landscape es propiedad de Vicente, Ramon Carretero y Felix Fallabella Napolitano, según información registral. A través de Landscape, los Carreteros hicieron dos pagos (~ $ 1,74 millones) a una cuenta de Seguros Piramide en el Commerzbank de Alemania, y realizaron una transferencia de $ 4,35 millones aBrilla Bank Corporation , una operación totalmente arriesgada dirigida por David Brillembourg Capriles (más sobre el clan Capriles en otro post …).

Corporación Logística del Caribe es donde se hace evidente el vínculo entre Iriamni Malpica Flores y su esposo Juan Carlos López Tovar con los Carreteros. En cartas dirigidas a ALLBank, la directora de Corporación Logística del Caribe, Gloria Chong, afirma que Iriamni… trabaja como «contadora y ganó $ 78,000 más incentivos en 2013», mientras que su esposo Juan Carlos es empleado como «administrador y ganó $ 178,000 más dividendos en 2013». «.

Documentos de cumplimiento indican que, en Panamá, López Tovar y Ramón Carretero son socios en la Corporación Logística del Caribe y en el Grupo Carrelop Corp . Investigaciones posteriores revelaron una asociación adicional en Galeras del Este SA , y Pro Hogares SA López Tovar también es socio del cuñado Carlos Erik Malpica Flores en Redilama CA e Inlasa CA en Venezuela.

Un reportaje de Fiorella Perfetto para infdigger.com reveló la relación de Carretero y sus empresas con Venezuela.

Una fuente consultada para este trabajo ofreció más detalles. “Juan Carlos López Tovar tiene en el panameño Ramón Carretero un gran socio. A la vez, estos son parte de los negocios de Carlos Erik Malpica”, dijo.

“Por ejemplo, la construcción del estadio Hugo Chávez, se canalizó con una operación que se realizó a través del banco Amicorp y luego se le pagó con papeles bonos de Pdvsa 2017 como entrega gratuita a este banco”, aseguró el experto financiero.

Amicorp no sólo cuenta con López Tovar como uno de sus clientes. También Ramón Carretero Napolitano, investigado en su país, forma parte del nutrido portafolio. El 25 de mayo de 2018, la Fiscalía Séptima Anticorrupción de Panamá elevó solicitudes de alerta roja a la Interpol, con el fin de que los individuos allí citados se presenten ante la justicia de ese país a rendir indagatoria.

Uno de ellos es Ramón Carretero Napolitano, imputado en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en transacciones de la cuenta de inversión que tenía la sociedad Jal Offshore, conocido como el caso Jal.

Ramón Carretero Napolitano emerge del directorio de Amicorp con RC Financial Holding, SCC, constituida en mayo de 2015.

Revocadas diligencias de fiscalía anticorrupción de Panamá

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá revocó recientemente parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía Séptima Anticorrupción, en un caso por la presunta comisión del delito contra el orden económico seguido contra Ramsés Owens Saad, Gabriel Btech y Ramón Carretero Napolitano; por supuestas irregularidades en las operaciones en la cuenta de la sociedad Jal Offshore LTD a través de la extinta Casa de Valores Financial Pacific.

A los investigados se le señala por la presunta comisión de delitos financieros relacionados a esta casa de valores, que tiene que ver con la apertura de cuentas que hizo Ramsés Owens para comprar acciones y comprar valores, por lo cual la fiscal anticorrupción Leyda Sáenz abrió un proceso por delito financiero, tras señalar que Ramsés Owens no podía realizar esa gestión de adquirir dineros de otras personas para comprar títulos valores, informó Gustavo Aparicio en La Estrella de Panamá.

El fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia, del 30 de agosto de 2021, revoca los Autos No. 83 de 24 de marzo de 2021, Auto No. 92 y No. 93; ambos fechados 25 de marzo de 2021 y admite las solicitudes de acatamiento de fallo del 12 de marzo de 2019, emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia incoado por los licenciados José María Castillo; defensor particular de Gabriel Btech, por la licenciada Marcela Araúz Quintero; defensora particular de Ramsés Owens Saad y por el licenciado Juan Carlos Rodríguez: procurador Judicial de Ramón Carretero.

Ramón Carretero Napolitano es propietario en Panamá del equipo nacional Rali.