El presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, Edison Arciniega, denunció que los hechos se han producido con frecuencia inusual en las primeras semanas de 2022, ante una “absoluta inacción de los organismos del Estado”
El Centro de Estudios Agroalimentarios de Venezuela alertó este martes sobre una “ola de violencia en el campo” y el recrudecimiento de los conflictos relacionados con la propiedad y ocupación de tierras en el país caribeño.
“Con preocupación observamos la existencia y el desarrollo de una ola de violencia y recrudecimiento de los conflictos relacionados con la tenencia y ocupación de las tierras en Venezuela”, advirtió el presidente del centro, Edison Arciniega, en un comunicado de prensa.
Además, aseguró que los hechos que denuncian incluyen dos intentos de sicariato y tres secuestros en lo que va de 2022, ante una “absoluta inacción de los organismos del Estado”.
Señaló que el Estado venezolano, a través de los tribunales y el Instituto Nacional de Tierra (Inti), “ha reafirmado la propiedad de campesinos y productores sin que haya quién ejecute la medida”.
Esto genera dificultades a los propietarios para trabajar la tierra y propicia ocupaciones ilegales, que ahora son armadas, de los espacios agrícolas del país, según dijo.
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“Hasta ahora, esto venía siendo signado por ocupaciones semiviolentas, nunca armadas. En este momento, pareciéramos que empezamos dar el salto”, explicó Arciniega.
Desde el Centro de Estudios Agroalimentarios se detalló que “suman más de 200 medidas administrativas que no son ejecutadas por ningún organismo del Estado” y “más de 300 casos de acoso violento contra trabajadores del campo y que no encuentran auxilio en la fuerza pública”.
En otro orden, la iniciativa venezolana Proyecto Educación, Producción y Ambiente (EPA) denunció este martes el daño ambiental causado en Táchira, estado fronterizo con Colombia, por la ejecución de actividades de “explotación, extorsión, microtráfico, narcotráfico y contrabando de minerales”.
“Así como ocurre la minería ilegal, extracción de minerales y recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco, que ya se ha venido denunciando de manera reiterativa, igualmente ocurre en el estado Táchira, exactamente en el municipio Lobatera”, puntualizó el coordinador de Proyecto EPA, Elías Cáceres, reseñado en una nota de prensa de la ONG Fundaredes.
Desde el proyecto EPA, conformado por las ONG Fundaredes, Fundesus, Fundeturan, Fundación Gerencia Social y Desarrollo Humano Sostenible (Ceides), aseguraron que se trata de una “extracción inconsciente que se está haciendo en estos terrenos y que está produciendo un daño a nuestra ecología, un daño a nuestro medio ambiente”.
(Con información de EFE)
