El gobierno aumentará el gasto público en 800 millones de dólares en los próximos 10 años. La mitad del gasto irá en “reactivar la economía” y la otra mitad en estimular la “transición verde”.
En una votación muy ajustada, y tras algunos retoques de última hora, el Senado aprobó el mega proyecto fiscal, climático y sanitario con el que Joe Biden pretende “combatir la inflación”, que ahora debe ser votada por la Cámara de Representantes, donde ya tiene los votos y será aprobado fácilmente.
La “Ley para Terminar con la Inflación“, como se la apodó oficialmente aunque no contempla ningún control monetario, elevará el gasto público, habilita a Biden a tomar más deuda, sube impuestos, y hasta incluso habilita a la IRS a utilizar armas de fuego en la recolección de impuestos, en un intento por reducir la evasión.
Entre bostezos y caras de sueño, luego de 30 horas de sesión, la vicepresidente Kamala Harris utilizó su poder de desempate para aprobar la ley luego de una votación dividida en el Senado con 50 republicanos en contra y 50 demócratas a favor.
Esta es la primera ley importante que Biden aprueba en meses, dado que existe una regla en el Senado conocida como “filibuster“, que requiere el apoyo de 60 senadores para empezar a debatir cualquier proyecto. De esta manera, generalmente si los demócratas no consiguen el apoyo de 10 senadores republicanos, no pueden votar ninguna ley.
Sin embargo, Kamala Harris ideó un plan para poder eludir el filibuster. El Partido Demócrata presentó el proyecto de ley como una reconciliación presupuestaria de una ley del año pasado, lo cual no necesita del filibuster.
El gobierno solo puede hacer una reconciliación presupuestaria por año, por lo que esta es la última bala que tiene Biden para salir de la crisis antes de las elecciones legislativas de noviembre, donde por el momento todas las encuestas coinciden que los republicanos recuperarán el control de ambas cámaras del Congreso.
La norma habilita un aumento del gasto público en unos 430.000 millones de dólares en los próximos 10 años, un aumento del 2,15% del PBI anual. Según el texto, este enorme agujero fiscal se financiará en el corto plazo con deuda y emisión, pero se espera generar ingresos al Estado por unos 740.000 millones de dólares a traves de nuevos impuestos y un mejor combate a la evasión fiscal.
Analistas privados están de acuerdo que la estimación de recaudación de 740.000 millones de dólares es irreal, y las previsiones más conservadores coinciden en que no van a poder aumentar la recaudación en más de 200.000 millones, por lo que esto generará un mayor déficit, que deberá ser financiado con emisión (o deuda, que es emisión futura), lo que llevará a mayor inflación.
Cabe aclarar que el plan original, que había sido ya aprobado en la Cámara Baja, suponía un aumento de gasto de 3,5 billones (3.500.000 millones) de dólares, pero naufragó en la Cámara Alta luego de que el senador demócrata de West Virginia, el conservador Joe Manchin, rechazara dar su voto para el 50-50.
La mega-ley también abarca cuestiones climáticas. La norma también apunta a movilizar unos 369.000 millones de dólares adicionales en subsidios e incentivos fiscales para impulsar las energías renovables con el objetivo de reducir en un 40% para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero.
Todo esto se espera pagar con un nuevo “impuesto a la riqueza” del 15% para las compañías que declaren ganancias por más de 1.000 millones de dólares, un tributo que se deberá pagar antes de las deducciones, créditos fiscales y otras maniobras de ingeniería fiscal que reducen ante el fisco las ganancias imponibles.
Por último, la ley permite a la IRS, la agencia federal de recolección de impuestos, a armar a su personal al mismo nivel que el FBI o la ATF, por lo que ahora los agentes fiscales de Estados Unidos también estarán armados.
Con esta decisión se espera poder combatir la evasión fiscal “de manera más efectiva”, y se creará un grupo de trabajo para realizar “operaciones de campo” de inteligencia, espionaje, escuchas y grupos de asalto sobre personas sospechadas de evadir impuestos, algo para lo que previamente debían obtener una orden de un juez y pasarle el caso al FBI.
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