Los empresarios del entorno del exembajador de Zapatero adquirieron locales en Barcelona y Canarias desde una mercantil implicada en el presunto saqueo de la estatal PDVSA
Empresarios venezolanos del entorno del exembajador de España Raúl Morodo invirtieron grandes cantidades de dinero en la compra de inmuebles en España. La reciente documental remitida por Suiza a la Audiencia Nacional acredita que entre los años que son objeto de investigación, la consultora Alcander adquirió locales en Barcelona y Canarias por un importe superior a los 5,3 millones de euros. Se trata de un extremo que viene a confirmar las sospechas de la Policía Judicial, la cual ha situado a esta mercantil como una de las principales canalizadoras de dinero proveniente de la petrolera estatal de PDVSA.
La causa que tiene como epicentro al exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno más cercano por el presunto cobro de comisiones irregulares, incorpora la documental bancaria que ha remitido la entidad Zarattini&Co, como resultado de la comisión rogatoria librada a Suiza por el magistrado que comenzó investigando estos hechos, Santiago Pedraz. Las autoridades helvéticas han respondido en relación a la Fundación Ayacucho (perteneciente al exdirectivo de la petrolera Juan Carlos Márquez Cabrera). Sin embargo, la vasta documental aportada también recoge movimientos de la consultora Alcander.
La misma está vinculada a los hermanos Carlos Adolfo y Francisco Prada Gómez, dos empresarios venezolanos cercanos al hijo del exdiplomático español, Alejo Morodo. La tesis de la Fiscalía Anticorrupción -que les atribuye una inversión de 16,7 millones de euros en inmuebles en España- se corrobora con los papeles aportados por Suiza en un momento en que la causa encara ya su recta final. Las autoridades helvéticas entregan un documento notarial fechado en Madrid a 20 de septiembre de 2013 relativo a la compra por parte de la consultora Alcander de dos locales comerciales en la Vía Augusta de Barcelona de 446 y 336 metros cuadrados, respectivamente.
Barcelona y Canarias
El poder notarial precisa que la firma de los empresarios venezolanos pagó a la sociedad Palomares un total de 2,45 millones de euros por los dos inmuebles. Parte se abonó por transferencia y el resto mediante cheque nominativo. Del mismo modo, Banca Zarattini aporta otro documento notarial relativo a una compra producida dos años antes, el 28 de julio de 2011, de un local en las Palmas de Gran Canaria. En este caso se trató de otra planta baja con una superficie de 398 metros cuadrados por los que Alcander abonó un total de 2,86 millones de euros.
En ese momento, la persona que estaba al frente de la sociedad que habría canalizado pagos de PDVSA fue Márquez Cabrera. Este exalto cargo de la empresa de petróleos de Venezuela figuraba en la lista de imputados del procedimiento cuyo protagonista es Raúl Morodo, si bien el empresario, de nacionalidad española, fue hallado ahorcado en su domicilio en verano de 2019. Su nombre aparece vinculado a una de las últimas fundaciones de la trama, y sobre la que pesaba un embargo provisional de sus cuentas por parte de la Fiscalía de Suiza.
En concreto, la mercantil figuraba a nombre de los padres de Márquez Cabrera, sobre quienes Ginebra puso el foco ante la sospecha de que recibió pagos millonarios. La fundación canalizó 5,7 millones de dólares (cerca de cinco millones de euros) que de momento permanecen bloqueados. El magistrado al frente de estas pesquisas, Alejandro Abascal, dio traslado del informe de Suiza a la Fiscalía Anticorrupción para decidir en relación al embargo de estos fondos.
Rastreo por blanqueo
Precisamente el Ministerio Público solicitó una ronda de declaraciones en sede judicial tras incorporar a la causa numerosa documentación bancaria y proveniente de los registros impulsados hace ahora poco más de dos años. El objetivo es esclarecer si los cobros canalizados a través de las firmas implicadas en la trama correspondían a servicios de asesoramiento prestados por los imputados, o bien se trataron de mordidas relacionadas con la labor de embajador de Morodo entre los años 2004 y 2007.
Por estos hechos se les atribuyen los delitos contra la Hacienda, blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones internacionales y falsedad documental. En su último escrito, el Ministerio Fiscal pone el foco en firmas en las que aparece como gestor Alejo Morodo, ante la sospecha de que se tratarían empresas pantalla creadas exclusivamente para canalizar la recepción de los fondos provenientes de Venezuela. Por ese motivo, el Ministerio Público solicitó la declaración de una veintena de personas implicadas en estos hechos, entre ellas la de Raúl y Alejo Morodo.
Sin embargo, las comparecencias ante el juez (que se celebraron la semana del 20 de septiembre) no fueron del todo fructíferas dado que tanto el exembajador en Venezuela como su hijo guardaron silencio y se acogieron a su derecho a no declarar. Sí lo hicieron sus parejas, que se desligaron por completo de las empresas, y la viuda de Juan Carlos Márquez. Ana Korina Ulloa apuntó ante los investigadores que nunca participó en los negocios de su marido y dejó caer que éste tenía pensamientos suicidas y problemas con el alcohol.
Pese a ello, entre toda la maraña de papeles aportados ahora por Suiza, aparece su currículum vitae. De acuerdo con este documento, Ulloa comenzó su trayectoria laboral en enero de 2010. Cuatro años después, en 2004 accedió al cargo de asistente ejecutiva de una de las vicepresidencias de PDVSA. Dicho cargo lo ejerció hasta 2009, años en los que adicionalmente a su puesto, ejerció como secretaria de la Junta Directiva y la Asamblea de Accionistas de filiales de PDVSA, petrolera considerada como la ‘joya de la corona’ de Venezuela.
