Dos integrantes de la defensa técnica particular presentaron excusas ante el Juzgado Tercero Liquidador Adjunto de Causas Penales de Panamá
Dos integrantes de la defensa técnica particular en el denominado caso “Financial Pacific” presentaron excusas ante el Juzgado Tercero Liquidador Adjunto de Causas Penales de Panamá, por lo que se suspendió la audiencia preliminar programada para el día de hoy 10 de agosto y se reprogramó para la fecha alterna que estaba previamente fijada para los días 12 y13 de septiembre de 2022, a las 9:00 de la mañana.
La audiencia no se realizó el día de hoy debido a la presentación de una excusa por parte de una abogada para asistir a un sepelio, y la presentación de otra excusa por parte de una defensora técnica particular que informó al tribunal no poder asistir debido a compromisos de representación legal en otra causa penal.
El juez tercero liquidador adjunto ha designado 4 defensores públicos de reemplazo con la finalidad de que ejerzan la representación legal de los imputados en el evento que no asistan los abogados particulares en la fecha alterna.
En este proceso penal se encuentran imputados 19 ciudadanos por la supuesta comisión de los delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales y contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada, e intervienen 10 abogados técnicos particulares y 2 defensores públicos. El Ministerio Público se encuentra representado por la fiscalía de la sección de descarga del área metropolitana.
En esta causa penal, que surgió por una investigación a inicios del año 2015, se produjo una acumulación de tres procesos por denuncias presentadas por la Superintendencia del Mercado de Valores, un banco y una sociedad anónima.
El paso a paso del millonario desfalco de Financial Pacific
El caso Financial Pacific se ha convertido en uno de los escándalos financieros más enmarañados que ha registrado el sector. Lo que empezó como una denuncia de desfalco por parte de los entonces directivos de la casa de valores, destapó una serie de irregularidades. El hallazgo no ocurrió precisamente por la labor de las autoridades de turno que debían encargarse de descifrar cómo se había provocado el hueco financiero, sino por las declaraciones de una empleada de la casa de valores a quien culpaban de apropiarse de $12 millones.
Las palabras de esta mujer ante la Fiscalía Decimotercera destaparon una olla que guardaba sigilosa los vínculos de poder, corrupción, posible blanqueo de capitales y otros delitos que hoy son materia de investigación en Panamá y por agencias norteamericanas y canadienses.
Mientras transcurría el quinquenio de Ricardo Martinelli, una serie de hechos delataron la injerencia del Ejecutivo en el Ministerio Público con el fin de evitar que se conocieran, entre otros asuntos, los movimientos de una cuenta a través de la que se transaban acciones de la minera Petaquilla Minerals Ltd. El poder también paralizó las investigaciones que debía realizar el regulador, la SMV, a la casa de valores.
Hoy el escenario es muy distinto al pasado. Las investigaciones se enrumban hacia los responsables de las estrategias financieras que, en violación a la Ley de Valores, tomaron a su favor, en forma impune, la forma para blanquear millones de dólares, como apuntan las pesquisas.
