La Fiscalía venezolana ha cumplido su amenaza de girar una orden de captura contra el candidato opositor Edmundo González Urrutia, luego de tres citaciones a declarar a las que no se presentó. Le acusan de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración y “sabotaje a daño de sistemas” en medio de una investigación centrada en la publicación del 83,5% de las actas de votación recogidas por los testigos el 28 de julio. Con esos datos la oposición ha denunciado que Nicolás Maduro cometió un fraude al proclamarse ganador de las elecciones sin tener los votos. La orden de aprehensión, firmada este lunes, fue remitida a un tribunal especializado en terrorismo.
Por Florantonia Singer / elpais.com
El chavismo está intentado meter a la oposición en un callejón sin salida con este nuevo movimiento. En un mensaje breve María Corina Machado ha respondido a la medida afirmando: “Han perdido toda noción de la realidad”. “Amenazando al presidente electo sólo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Serenidad, coraje y firmeza. Avanzamos”, escribió la dirigente en la red social X.
El marcaje del chavismo a la oposición, que comenzó cuando hace un año se estaban organizando para las primarias, se ha intensificado luego de las elecciones. González Urrutia, diplomático de 75 años de edad, cumple más de un mes en la clandestinidad y durante los últimos tres días ni siquiera había usado sus redes sociales hasta que este lunes, antes de conocerse la orden de captura, escribió un mensaje en el que pide la liberación de los 28 adolescentes detenidos en las protestas que restan por excarcelar y comunica al Gobierno que está listo para iniciar conversaciones para el relevo presidencial. “Es hora de poner fin a la persecución y avanzar hacia una transición ordenada para un cambio en paz y con garantías”, escribió.
El candidato ha desatendido los llamamientos de la justicia argumentando la falta de independencia de los poderes públicos, incluida la Fiscalía, manejados en última instancia por Maduro. “El fiscal se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político”, ha señalado González Urrutia, ya que “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”. “El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando los delitos no cometidos”, afirmó la semana pasada. González Urrutia no se presentó a ninguna de las tres citaciones que hizo la Fiscalía. También faltó a las comparecencias en el Supremo de principios de agosto cuando se realizó un supuesto peritaje de los documentos de la elección para convalidar el resultado anunciado por el CNE que dio la victoria a Maduro, sin presentar aún, a más de un mes de los comicios, las cifras de votos desagregadas mesa por mesa, lo que ha cubierto de sospechas su veracidad.
Machado, líder de la coalición opositora, también está resguardada en un lugar secreto y solo ha hecho unas cuatro apariciones públicas en actos en Caracas. En el camino, decenas de dirigentes cercanos a los políticos han sido encarcelados. El chavismo busca presentar a Machado y González como criminales y como los principales enemigos de la revolución ante la opinión pública. Los ha acusado sin presentar pruebas de intentar un golpe de Estado, de desestabilizar el país, de falsificar las actas que imprimieron las máquinas, de tener un “pacto satánico” con el magnate Elon Musk y hasta del apagón nacional de 10 horas que padecieron los venezolanos la semana pasada que para el Gobierno fue producto de un “ataque criminal”, pese a que desde hace varios años regiones del país constantemente sufren cortes de luz por fallas en la generación y mantenimiento.
Machado había advertido la semana pasada de que en horas podrían allanar la residencia de González Urrutia. Maduro, en sus recurrentes apariciones en la televisión, ha insistido en forzar al exilio a su rival del 28 de julio, como terminó haciendo con el diputado opositor Juan Guaidó. Con él protagonizó un pulso durante la anterior crisis de legitimidad que enfrentó su Gobierno en 2019, luego de unas elecciones en las que se impidió la participación de los principales dirigentes de oposición y de la tarjeta, por lo que la comunidad internacional decidió no reconocerlas como válidas.
La investigación que inició el Ministerio Publico está relacionada con la página web Resultados Con Vzla, en la que la oposición colgó las actas que obtuvo de sus testigos el 28 de julio y que pueden consultarse de forma pública. Las actas son un documento que imprimen las máquinas de votación en varias copias que se quedan las autoridades electorales, los militares que custodian el material electoral y los testigos de cada partido. La oposición se preparó para rápidamente recopilar y escanear estos documentos con los que puede asegurar que González Urrutia ganó con 67% de los votos, según reflejan el 83,5% de las actas obtenidas por sus testigos, algunos de ellos perseguidos por las fuerzas de seguridad. Pero la Fiscalía las ha calificado como falsas de antemano, pese a las observaciones hechas por el Panel de Expertos de la ONU que en su informe aseguró que tras analizar una pequeña muestra encontraron que guardan los parámetros de seguridad que las hacen fidedignas. En otras elecciones, como en la que se enfrentó Maduro contra Henrique Capriles en 2013 y ganó por un estrecho margen, el chavismo publicó las que tenía en su poder en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
