El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) emitió una sentencia que condena al Gobierno de Venezuela a pagar la suma de 1.640 millones de dólares (1.481 millones de euros) como indemnización de la empresa española Agroisleña por haber sido expropiada por el fallecido Hugo Chávez sin compensación a finales de 2010.
El fallo del tribunal fue emitido el 23 de marzo tras la demanda que presentó el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en julio de 2016 contra la República Bolivariana de Venezuela amparado en el Acuerdo entre el Reino de España y Venezuela para la Promoción y Protección Recíproca de Intersiones.
«El Tribunal CIADI determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en las sociedades venezolanas Agroisleña C.A., Insecticidas Internacionales C.A., Proyefa C.A.
y Venezolana de Riego C.A., constituyó una violación del Acuerdo España-Venezuela«, señaló la información reportada por el grupo empresarial favorecido por el laudo.
Además de la indemnización señalada, el Gobierno venezolano deberá pagar adicionalmente los «intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más 4 puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente», que suman 1.108.819,24 dólares por los costos del procedimiento y 16.308725,30 de dólares por los gastos de la defensa.
La historia de Agroisleña
Todo comenzó con la nefasta política expropiatoria de Hugo Chávez. A finales de 2010, dos años antes de morir de su cáncer fulminante, el excomandante del Ejército quiso regalar a sus compañeros de armas la exitosa empresa española Agroisleña, expropiándola sin pago alguno, al cambiarle el nombre por Agropatria, bajo la excusa de recuperar 240.000 hectáreas productivas y duplicar su producción en dos meses.
Los militares que recibieron el regalo de Chávez no solo no pudieron aumentar la producción de Agropatria sino que la arruinaron, revendiéndola después a una empresa desconocida en 2020 por su incapacidad de mantenerse operativa.
Después de ser expropiada, Agroisleña, fundada por el empresario español Enrique Fraga, decidió demandar al gobierno venezolano en 2016. El CIADI continuó el proceso en los dos años siguientes hasta que en junio de 2019 se suspendió el proceso entre las partes. Dos meses más tarde los demandantes reanudaron el pleito que se cerró en enero de 2022 y el pasado 23 de marzo el tribunal anunció la sentencia a su favor, seis años después de haberlo iniciado.
En sus 22 años en el poder, el régimen chavista ha expropiado y confiscado más de 5.500 empresas. Según el registro del Observatorio de Gasto Público de Cedice-Libertad la deuda externa consolidada de la República y de Pdvsa, incluyendo los procesos de arbitraje concluidos y en litigio suman unos 162.000 millones de dólares.
