El Consejo ha impuesto medidas restrictivas a ocho personas más, entre ellas a la vicepresidenta Rosario Murillo, como responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses.
Ahora son en total catorce las personas a las que se aplican medidas restrictivas. Quienes figuran en la lista de sanciones son objeto de una inmovilización de bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Asimismo, están sujetas a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar al territorio de la UE o transitar por él.
La situación política en Nicaragua se ha deteriorado aún más en los últimos meses. El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense. Estas acciones socavan aún más la credibilidad del proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OEA y la UE.
La UE ha instado reiteradamente al Gobierno nicaragüense a que cumpla sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos. La UE también ha pedido en repetidas ocasiones que se establezca un diálogo eficaz con la oposición sobre la adopción de reformas electorales como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas, y que regresen los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua. Las medidas adicionales de hoy demuestran que la UE sigue estando resuelta a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política de Nicaragua.
Lamentablemente, la detención de un séptimo posible candidato presidencial el pasado fin de semana ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones. Como en declaraciones anteriores, la UE condena firmemente la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses, les insta a que deroguen leyes restrictivas, entre ellas la Ley de regulación de los agentes extranjeros, y reclama la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, así como el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses.
El régimen de sanciones se adoptó primero en octubre de 2019, después de que el Consejo manifestara reiteradamente su inquietud ante el deterioro de la situación política y social en Nicaragua y condenara con firmeza la represión ejercida desde abril de 2018 contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y sociedad civil.
El 4 de mayo de 2020, en vista de la grave situación que persistía en el país, el Consejo adoptaba las primeras medidas restrictivas contra seis personas.
