El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) acusó a cinco personas de estar vinculadas con la presunta trama de lavado de dinero relacionado con el empresario colombiano Alex Saab y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Entre la lista de acusados destacan los nombres de José Gregorio Vielma Mora, exgobernador y exministro del régimen, y Álvaro Pulido Vargas, empresario colombiano y socio de Saab.
La acusación formal en contra de estos cinco individuos, presentada ante la corte el pasado 7 de octubre y divulgada este jueves 21 de octubre, los señala de haber conspirado para lavar el dinero proveniente de un “entramado de sobornos”.
Las autoridades precisaron que los otros tres involucrados en los presuntos delitos son Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez y Carlos Rolando Lizcano, ambos de nacionalidad colombiana, así como la venezolana Ana Guillermo Luis.
Todos ellos enfrentan un cargo por el delito de conspiración para cometer lavado de activos y otros cuatro cargos por lavado de activos. El DOJ apuntó que en caso de ser encontrados culpables, podrían enfrentar una pena de prisión de hasta 100 años.
De acuerdo con la acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida ante la Corte Federal de ese estado, entre los años 2015 y 2020, los acusados “conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares”.
Indicaron que como parte de las transacciones, los fondos posteriormente eran enviados a cuentas en bancos con sede en Estados Unidos. En algunos casos el dinero ingresaba al sistema financiero estadounidense y luego era enviado a otros países.
Las autoridades destacan que gracias a sobornos los acusados, junto a Vielma Mora, lograron obtener contratos con entidades gubernamentales de Venezuela para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas a través del CLAP.
Gracias a dichos contratos, recibieron cerca de 1,6 millardos de dólares provenientes de fondos públicos venezolanos, de los cuales transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares a cuentas en EE UU.
“Los acusados y sus co-conspiradores inflaron a sabiendas los costos de los contratos para pagar los sobornos y enriquecerse injustamente”, indicó la fiscalía.
Se cree que además de aumentar los precios de las facturas, en muchos casos los productos ni siquiera fueron importados a Venezuela, por lo que estos no pudieron ser incorporados a las cajas CLAP.
