Volver al pasado: la cruzada del gobierno de Guatemala para terminar con la justicia que investigaba la corrupción

El presidente Alejandro Giammattei encabeza una ofensiva para desmantelar las fiscalías y juzgados que pusieron tras las rejas a expresidentes, exministros y empresarios acusados de robarle al Estado

Quien ve de lejos a Leily Santizo puede pensar que se trata de una adolescente tímida. Una foto de ella, tomada el pasado 10 de agosto, la muestra con el rostro escondido tras un tapabocas y enfundada en el gorro de una sudadera. Pero Santizo no es una adolescente, es una investigadora guatemalteca que trabajó más de una década en casos judiciales que implican a poderosos empresarios del país implicados en corrupción y a algunos de los narcotraficantes más sanguinarios del país.

Leily Santizo es la última víctima de una cruzada que el gobierno del presidente Alejandro Giammattei y su fiscal general, Consuelo Porras, han emprendido contra operadores judiciales, fiscales e investigadores que hasta entrado 2019 llevaron múltiples expedientes de criminalidad organizada y corrupción en la que estuvieron metidos miembros de las élites económicas y políticas del país.

El Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Porras, acusa a Santizo de crímenes relacionados con supuestas actuaciones irregulares en un caso que implica a empresarios guatemaltecos con el millonario desfalco relacionado a la compañía constructora Odebrecht.

Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) allanaron la casa de Santizo y la arrestaron antes de las 10 de la mañana del jueves. Al final del día, un juez la envió a guardar prisión preventiva a la cárcel Mariscal Zavala, ubicada dentro de un cuartel en los linderos de Ciudad de Guatemala, la capital.

En Mariscal Zavala guardan prisión militares acusados de genocidio y crímenes de guerra durante el conflicto interno guatemalteco, narcotraficantes, un expresidente acusado de robar millones al fisco, entre otros. Leily Santizo ayudó a poner a algunas de esas personas en la cárcel.

El mismo día de su captura, varias voces en Guatemala mostraron preocupación por la seguridad personal de Santizo.

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y quien ahora vive exiliado en Washington, DC luego de ser perseguido por el gobierno de Giammattei, es uno de los que ha puesto la alerta por el futuro inmediato de Santizo.

Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco, atribuyó la persecución a Santizo a un “esfuerzo organizado para proteger los intereses corruptos de las élites y de quienes están en el poder”. Además, Torres pidió al Departamento de Estado de Joe Biden “que tome acciones rápidas y fuertes para que estos líderes corruptos rindan cuentas”.

Leily Santizo, exinvestigadora de CICIG, detenida en Ciudad de Guatemala. Crédito: Juan Rosales/Prensa Comunitaria.

A finales de enero, Torres, una de las voces del Partido Demócrata más influyentes en el Congreso estadounidense en temas centroamericanos, había solicitado al secretario de Estado, Anthony Blinken, que inicie trámites para la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, señalado en una corte neoyorquina por narcotráfico. Tras la petición, el Departamento de Estado hizo público que había incluido a Hernández en una lista de actores centroamericanos “corruptos y antidemocráticos”, conocida como la Lista Engel por el congresista neoyorquino que le dio vida.

En la Lista Engel también está incluida la fiscal general Porras de Guatemala, protegida del presidente Giammattei y quien ha sido la ejecutora de la persecución a la que hace alusión Norma Torres.

Los “mandatarios” de CICIG

Santizo era mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un mecanismo supranacional de investigación pactado entre el Estado de Guatemala y la Organización de Naciones Unidas en 2007 para fortalecer la persecución penal de delitos complejos. En aquel entonces, el país centroamericano se encontraba sumido en una espiral de violencia provocada por el ascenso del narcotráfico y acciones de grupo paramilitares que operaban desde la fuerza pública.

CICIG empezó a trabajar como un ente investigador independiente con capacidad legal para proponer acusaciones penales a criminales de cuello blanco. Por ley, sin embargo, la Comisión no podía presentarse como acusador ante los tribunales guatemaltecos; para eso se creó la FECI que dirigía el exfiscal Sandoval.

Desde su llegada hasta 2019, CICIG y FECI investigaron a tres expresidentes, a un presidente en funciones, a una vicepresidenta, a decenas de militares y ministros y una docena de empresarios de las élites económicas que han dominado la política de Guatemala durante años.

CICIG y FECI también promovieron reformas legales que permitieron, entre otras cosas, utilizar en tribunales escuchas telefónicas realizadas bajo la supervisión de un juez, el uso de “colaboradores eficaces” para fortalecer casos complejos y la creación de tribunales de alto riesgo para juzgar crímenes de guerra.

Durante los años en que ambas instituciones trabajaron de la mano, bajo la supervisión de Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, dos fiscales generales que hoy también viven exiliadas en Estados Unidos, Guatemala sentó en el banquillo a militares acusados de masacres y genocidio de poblaciones indígenas maya en los años 80.

Para investigar los casos, CICIG contrató a analistas y abogados guatemaltecos a los que concedió la categoría de mandatarios y otorgó capacidades legales de investigación y querella, Leily Santizo entre ellos.

A finales de la década pasada, bajo la dirección del comisionado Iván Velásquez, un juez colombiano que persiguió a narcotraficantes en su país natal, CICIG y sus mandatarios desbarataron redes de financiamiento electoral ilícito y robustecieron un caso por esos crímenes que implicó al entonces presidente Jimmy Morales.

Entre 2018 y 2019, acompañado por sectores de la ultraderecha guatemalteca y redes de inteligencia militar, Morales arremetió contra la CICIG, expulsó a Velásquez y enterró a la comisión. Era el principio del fin de la arquitectura anticorrupción en Guatemala.

La arremetida final

Alejandro Giammattei, un médico que fue jefe de las prisiones guatemaltecas y estuvo preso en la década 2000 por acusaciones de ser parte de un escuadrón paramilitar que operaba desde el gobierno, tomó posesión como presidente de Guatemala en 2020.

Durante el gobierno Giammattei la cruzada contra los funcionarios anticorrupción arreció.

En julio de 2021, la fiscal general Porras destituyó a Juan Francisco Sandoval, el jefe de la fiscalía especial FECI, quien quedó como uno de los pocos rostros visibles de la cruzada anticorrupción tras la salida de CICIG. La acción contra Sandoval fue provocada, en buena medida, por una investigación que involucró a Giammattei.

Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala, a quien Estados Unidos ha listado como «agente corrupta» y ha negado la entrada al país.

Hasta el escritorio de Sandoval llegó, en mayo de 2021, el testimonio de un agente de seguridad privada que había acompañado, en abril, a una delegación de cinco empresarios mineros rusos, empleados de una compañía que maneja una mina en el noreste de Guatemala y que tenía pretensiones de controlar el puerto Santo Tomás de Castilla, uno de los más grandes del país y puerta de salida marítima por el Caribe guatemalteco hacia mercados europeos y asiáticos.

Según el testigo, él acompañó a algunos de los rusos a dejar una alfombra llena de dinero a la casa del presidente Giammattei en un lujoso barrio de la capital. Con la expulsión de Sandoval, la investigación, que en Guatemala se conoció como “la alfombra mágica”, quedó enterrada.

La lista de víctimas de la arremetida del gobierno Giammattei y Porras también incluye a Gloria Porras, exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad que resolvió contra intereses de los mineros rusos y hoy vive también exiliada en Washington; Erika Aifán y Pablo Xitimul, jueces de alto riesgo; Juan Francisco Solórzano Foppa, ex superintendente tributario que investigó a varios empresarios por evasión al fisco y otros delitos y quien también fue arrestado en junio de 2021 con la colaboración de la inteligencia policial; y Aníbal Argüello, también mandatario de CICIG.

La semana pasada, en otra movida táctica, la fiscal Porras inició una investigación contra David Gaitán, otro mandatario de CICIG y actual decano de derecho en una universidad privada. Gaitán era miembro de la comisión especial que confeccionará la lista de candidatos a sustituir a Porras este año. De esa lista, el presidente Alejandro Giammattei elegirá al sustituto de Porras.

En buena parte de estos casos promovidos por el MP de Porras hay otro actor, un hombre llamado Ricardo Méndez Ruiz, vinculado a militares acusados de crímenes de lesa humanidad y líder de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que encabezó el cabildeo anti-CICIG en los años del expresidente Morales y se ha convertido en la principal caja de resonancia de la fiscal general. Méndez Ruiz anunció que su fundación estudiaba presentarse como querellante en el caso contra Leily Santizo.

A Ricardo Méndez Ruiz el Departamento de Estado de Biden también lo incluyó en la Lista Engel como actor antidemocrático y corrupto, calidad que él despliega con aspaviento en su cuenta de Twitter.

A pesar de los nombramientos en la Lista Engel y de que quitó la visa a la fiscal Porras, la posición de Washington respecto al gobierno Giammattei es ambigua. Tanto que mientras el subsecretario de estado para el Hemisferio Occidental condenaba la persecución a Leily Santizo, Heide Fulton, la segunda en la subsecretaría antinarcotráfico del Departamento de Estado, se paseaba con funcionarios del Ministerio de Gobernación durante una visita a Ciudad de Guatemala para “fortalecer relaciones”.

Mientras tanto, Leily Santizo, exmandataria de CICIG, pasa las noches en Mariscal Zavala, la cárcel militar donde guardan prisión varios criminales a los que ella ayudó aponer ahí.