Vuelve pleito entre ExxonMobil y el chavismo, historia de una vieja enemistad

Cuando el régimen chavista de Nicolás Maduro echa a andar la narrativa de la izquierda clásica sobre la existencia de corporaciones globales tributarias de “el imperialismo” que explotan los recursos de los pueblos, la artillería verbal queda siempre reservada para una sola empresa petrolera: ExxonMobil.

Por Alonso Moleiro | EL PAÍS

La multinacional energética, la más grande del mundo, tuvo un duro careo con el Gobierno venezolano hace 10 años que dejó consecuencias definitivas y consolidó una enemistad manifiesta, que todavía hoy tiene ecos.

En octubre de 2014, siendo Rafael Ramírez el presidente de PDVSA, el Comité Internacional para el Arreglo de Diferencias vinculadas a Inversiones Extranjeras, Ciadi, una instancia perteneciente al Banco Mundial, falló a favor de Exxon una demanda que obligaba al estado venezolano a pagar 1.600 millones de dólares como compensación a este gigante corporativo, por la estatización de sus bienes y activos en el país.

Envalentonado con los altos precios petroleros y los millonarios ingresos nacionales del período 2006-2012, Hugo Chávez llevaba adelante, con el objeto de darle forma a su proyecto político, una agresiva ola de nacionalizaciones de la estructura productiva del país que tuvieron graves consecuencias para la economía nacional y un importante capítulo en el terreno energético. El nuevo marco legal en materia petrolera, creado por Chávez en 2005, consagraba la migración de los convenios operativos vigentes a la modalidad de empresas mixtas controladas por el estado, garantizando a PDVSA la mayoría accionaria.

PDVSA asumió el control de operaciones de los pozos y de inmediato tuvo fuertes tensiones con Exxon, que, a diferencia de otras empresas, no aceptó la migración. Exxon reclamaba un incumplimiento de contrato. Por entonces, año 2012, con el precio del crudo trepado a los 100 dólares el barril, los ingresos nacionales por factura petrolera eran millonarios y Petróleos de Venezuela, aun con sus desórdenes administrativos, era todavía una empresa operativa y poderosa.

Luego de la euforia de las nacionalizaciones chavistas, la república ha tenido que enfrentar en estos años costosos juicios en tribunales internacionales con casos similares al de Exxon. Se trata de empresas que reclaman una indemnización por las tomas unilaterales de sus activos en el nombre de la independencia nacional que hicieran Hugo Chávez y sus ministros entre 2007 y 2013.

A partir de 2006, la revolución bolivariana dejaba sin efecto la estructura de la Apertura Petrolera, diseñada en la última etapa de la democracia venezolana, a finales de los años 90. Este fue un modelo de explotación que fomentó inversiones masivas de empresas extranjeras, como Chevron, Exxon, BP o Mitsubishi, para operar junto a PDVSA, con regalías muy bajas, y por primera vez desde la nacionalización del petróleo, en 1976. Este proyecto aumentó mucho la producción y exportación del crudo y sus derivados venezolanos, pero el chavismo lo consideraba lesivo a la soberanía nacional.

En 2007, cuando se concretó la ruptura con Exxon y sobrevino la demanda en los tribunales internacionales, el gobierno venezolano desplegó una agresiva campaña en contra de Exxon en el país, con spots en la televisión y gigantografías en las calles, acusándola de ser enemiga de la soberanía nacional, y retratándola con todos los aditamentos de la discursiva de la izquierda clásica latinoamericana.

Luego de romper con Venezuela, Exxon inició negocios con la vecina Guyana, nación que ha descubierto importantes yacimientos petrolíferos en alta mar en zonas que controla legalmente, pero parte importante de las cuales Venezuela reclama como propios, como integrante de la denominada Guayana Esequiba.

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